Asesoria
¿Cómo afecta el Brexit a los británicos que viven en España?

12/04/2017

En España viven casi 300.000 ciudadanos británicos, a día de hoy casi todos se preguntan cómo afectará a su residencia en España la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ellos es una incertidumbre, pero deben empezar a conocer cuál será la situación que se van a encontrar cuando ello suceda.
Los ciudadanos británicos que viven en España se acogen ahora mismo a su estatus de ciudadanos comunitarios, por lo tanto con libertad de libre circulación y establecimiento laboral dentro de los países de la Unión. La salida de la UE por parte del Reino Unido supondrá el cese en su condición de ciudadanos comunitarios y los derechos inherentes a este régimen jurídico.
Una de las cuestiones que surgen es saber si es posible llegarse a quedar sin papeles. Es bastante improbable que esto llegue a suceder. En el peor de los casos, la normativa de extranjería permite cambiar de régimen jurídico en el caso de cese de la condición de ciudadano de la Unión o familiar de éste. Situándonos en el peor de los escenarios, donde el Reino Unido saliera de la Unión sin adherirse a otros tratados internacionales o bilaterales con España que les permitieran disfrutar del mismo estatus actual, sería factible, caso a caso, el cambio del tipo de residencia de cada uno de los ciudadanos británicos que actualmente disponen de un NIE como comunitarios a un NIE como extracomunitarios. Sería necesario iniciar un procedimiento legal de modificación de régimen comunitario a régimen general de extranjería, con unos plazos, un procedimiento y una serie de requisitos de índole económico para cada uno de los solicitantes.
¿Podrían seguir los británicos disfrutando de su mismo estatus jurídico y sus mismos derechos en España aún saliendo de la Unión Europea?
En la actualidad hay países que, pese a no ser de la Unión Europea, disfrutan de un estatuto que permite a sus nacionales vivir y trabajar en España como si fueran ciudadanos comunitarios. Hablamos de Noruega, Liechtenstein e Islandia y Suiza.
Lo más previsible en el caso de Reino Unido es que, aunque salgan de la Unión Europea, se mantengan dentro de Espacio Económico Europeo y por lo tanto sus ciudadanos seguirán disfrutando de la libre circulación. Pero claro, los ciudadanos del resto de países de la UE y Espacio Económico Europeo seguirían también disfrutando de estos derechos de libre circulación en el Reino Unido por lo que uno de los objetivos del Brexit no estaría plenamente cumplido ya que en ese país no podrían limitar la inmigración de ciudadanos comunitarios hacia el Reino Unido.
Parece claro, por tanto que el mantenimiento de ese estatus es el más probable, bien por adhesión al Espacio Económico Europeo, bien por la firma de acuerdos con la UE, como ocurre con Suiza. Reino Unido sería un país independiente pero con libre circulación, para que nos entendamos.
Los próximos meses serán decisivos, por tanto para los británicos que viven en España será muy importante que se informen de las próximas decisiones y como les puede afectar en su residencia.

Aina Martorell Sabater.
Abogada, Colegiada nº 5497 ICAIB.
Telf: 699-51-90-64 / 971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados.
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3, 2º-1ª

Compartir esta noticia:    



La nacionalidad española

12/04/2017

“La nacionalidad española en estos momentos y por aplicación de la Directiva no facilita la extensión de los derechos del ciudadano español sobre sus familiares”


Margarita Palos Nadal

Colegiado 1242



Nacionalidad española



Muchos de ustedes se estarán planteando solicitar la nacionalidad española y seguramente pensarán en la trascendencia que realizar este importante trámite va a tener para sus familias. Es verdad que muchas personas se preguntan, ¿podré trasladar a mi madre o a mi padre a España?, ¿podré regularizar a mi hijos mayores de edad que están en España?. Pues bien, estas cuestiones no son automáticas para nadie en este momento. Los únicos con seguridad beneficiados por la nacionalidad española de los progenitores son los menores de edad que pueden solicitar su nacionalidad por opción en el Registro Civil de su domicilio, del mismo modo los menores nacidos en España que con un año de residencia legal en territorio español podrán instar su solicitud de nacionalidad por residencia.

El esposo de la ciudadana española podrá obtener una autorización de residencia de familiar comunitario, pero y si la ciudadana española no tiene trabajo, ¿podrá obtener la tarjeta de familiar de residente de la Unión?, en vía administrativa desde luego que no, salvo que uno de los dos trabaje con los ingresos exigidos por la Administración . Y lo que es peor, no podrá renovar el esposo la tarjeta de familiar de la Unión sino hubieran trabajado cotizando a la Seguridad Social. Vamos viendo que ser español y estar casado con extranjero no facilita la vida ni del extranjero ni del español en innumerables ocasiones. Antes bien, a veces lo complica todo soberanamente. Ni la crisis económica ha enternecido a la Administración en cuanto a las exigencias de cotizaciones laborales de familias españolas y digo “españolas “ porque en ellas uno de ambos cónyuges es español. Si además la ciudadana española tiene hijos mayores de 21 años tendrá que acreditar que los ha mantenido en su país de origen, de manera que los envíos de dinero desde España posibilitaban exclusivamente su mantenimiento y subsistencia. Y ello hay que probarlo, en un arduo y duro trabajo de papeleo interminable, donde según el país de procedencia la cuestión es más o menos complicada. Ni siquiera las personas procedentes de los países más pobres de Iberoamérica y del Caribe, alcanzan la sensibilidad de la Administración. No podemos entender como con sueldos de veinticinco euros al cambio o incluso menos hay que acreditar la dependencia económica de un progenitor español. ¿Podrían subsistir algunos habitantes del caribe sino fuera por las remesas que reciben del exterior?. Son cuestiones de todos conocidas pero su público conocimiento no exime de su prueba ante la Adminstración del Estado.

Así pues, si el hijo se encuentra en España, deberá probar que no trabajaba en su país, si además estuviera casado a pesar de su juventud, también deberá probar que la esposa no ha estado realizando actividad laboral, de manera que no pueda inferirse que es la misma que le mantiene. Si estudiaba deberá acreditar hasta cuando… En fin nada se da por hecho y todo hay que probarlo.

Servirá de algo el matrimonio con español/a o ciudadano/a comunitario/a a quien se encuentra en prisión con un decreto de expulsión?. Pues depende (fundamentalmente del delito cometido y de la residencia que ostente el condenado) y ya veremos, esa es la respuesta más recomendable. Si el matrimonio y la existencia de la familia es anterior a la resolución de expulsión se valorará bajo unos determinados parámetros. Si se ha contraído matrimonio con español/a después de la expulsión es otro tema. En cualquier caso la existencia de una familia acreditada en territorio español con vínculos españoles o comunitarios otorga al individuo un determinado arraigo en España que se valorará en las instancias administrativas y judiciales, o por lo menos así debiera ser.

De ahí concluimos una vez más que la nacionalidad española en estos momentos y por aplicación de la Directiva comunitario 2004/38/CE no facilita en lo más mínimo la extensión de los derechos del ciudadano español sobre sus familiares más allegados, lo cual no quiere decir que sea imposible la documentación de los mismos en territorio español.

Por último manifestar que ya se pueden consultar los números de expedientes de las solicitudes de nacionalidad presentadas a finales del 2014 e inicios del 2015. Deben ser de diciembre 2014 o enero de 2015. Se avanza a un ritmo totalmente inadecuado. Por eso desde aquí recomendamos interponer la correspondiente queja al Defensor del Pueblo, para que por lo menos conste en esta alta Institución del Estado la impresentable demora del Ministerio de Justicia y pueda la Institución cursar las oportunas recomendaciones.

Efectivamente existe la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la nacionalidad española, que comporta los correspondientes gastos, salvo que se tenga derecho a justicia gratuita.









Compartir esta noticia:    



Aunque parezca extraño, en cuestión de extranjería, la administración ya no se fía de la propia administración

30/03/2017

Ya hemos ido informando en artículos anteriores de los requerimientos que realiza extranjería respecto a las solicitudes de residencias presentadas, y sobre todo la documentación exigida a los empleadores que presentan una oferta de trabajo, en concreto documentación que acredita la situación económica de la empresa.
Acreditar la situación económica de la empresa tiene por objetivo demostrar que la empresa contratante puede garantizar la oferta de trabajo por el tiempo de un año. Antiguamente, para ello, se exigía demostrar que la empresa no tuviese deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda, así como demostrar de una forma mínima que la empresa es solvente.
Hoy en día las exigencias, como ya hemos tratado en artículos anteriores, se han incrementado, y se pide que la empresa ponga a disposición de la Oficina de Extranjería toda la documentación económica, desde los impuestos de sociedades hasta las declaraciones de renta de los empleadores o certificados bancarios que acrediten los saldos medios anuales de las cuentas y el saldo actual.
A mi modo de ver una injerencia desorbitada, en muchos de los casos, en la vida privada del empleador que, desde luego, ante tantos requisitos, hace que muchos empleadores sean reacios a proporcionar la documentación exigida, y por ende las solicitudes de residencia lleguen a ser denegadas por dicho motivo.
Demostrar arraigo
En los últimos días hemos comenzado a observar como desde la Oficina de Extranjería se están realizando nuevos requerimientos en los procesos de Arraigo Social.
Hasta ahora para acreditar los tres años de estancia en un proceso de Arraigo Social era preciso aportar, y se exigía por parte de la Oficina de Extranjería, el empadronamiento histórico que demuestra los tres años de estancia, y en su caso el Informe del Ayuntamiento que acredita la inserción social y también la estancia continuada de tres años.
En este nuevo requerimiento se está pidiendo que los solicitantes de Arraigo Social, aun habiendo aportado el empadronamiento y el Informe de Inserción Social del Ayuntamiento, demuestre los tres años de estancia con otros medios de prueba validos en derecho.
Este nuevo requerimiento es del todo innecesario, y sobre todo pone en evidencia a la Administración que parece ser que ya no se fía ni de la oficina del padrón municipal, ni de los servicios sociales de los ayuntamientos, que a la postre son los que realizan los informes de inserción social. Esta es la coordinación entre administraciones que promulgan las nuevas leyes, la coordinación telemática.
Por una parte se nos está exigiendo a profesionales y empresas que usen los medios telemáticos para las comunicaciones con las administraciones, además de un modo precario y con sistemas que fallan en muchas ocasiones, si es que no le falla la red e internet del solicitante, y con programas y aplicaciones de dudosa practicidad, para luego por otra parte no aprovechar, esa misma administración, los medios electrónicos y exigir mucha documentación a la que, seguramente, tenga acceso la propia administración.
Tras haber presentado el empadronamiento histórico y el informe del ayuntamiento, mi opinión es que son ganas de complicar lo que hace que se den estos nuevos requerimientos, ganas de que no salgan muchas residencias, ganas de dificultar el acceso a la regularidad.
Ya es bastante difícil en los días que corren tener una oferta de trabajo por un año a jornada completa, además la dificultad añadida de que el empleador acredite y esté dispuesto a facilitar al solicitante y a extranjería toda su documentación económica empresarial o particular, como para que ahora se exija aportar más documentación que, seguramente, ya conste en el informe municipal de inserción. Documentación innecesaria que lo único que persigue es complicar los trámites administrativos y burocráticos, ya de por si nada sencillos. Como siempre, el Estado facilitando el acceso a la Administración y facilitando las relaciones entre administrados y administración.
Solo como curiosidad, decir que nadie parece pedir como prueba de la entrada en España y de la estancia en España por tres años el sello de entrada en el pasaporte. La acreditación de esos tres años se ha exigido siempre por empadronamiento, lo cual ha sido casi como una religión para extranjería. A esto se le añade un informe del ayuntamiento y de sus servicios sociales; y como esto no les basta se exige ahora cualquier prueba documental, a ser posible oficial, de la estancia de tres años. Y el sello de entrada sigue sin ser una prueba.
Parece ser que, como ya hemos dicho antes, la administración no se fía de sus colegas de administración y, por supuesto tampoco se fía de las fronteras ni de los sellos estampados en los pasaportes. Es normal, en los días que corren mejor no fiarse de nadie, y menos si se trata de la administración, dirigida por políticos interesados en arreglarnos el mundo, o ¿de arreglar el suyo propio?
Fdo. Igor Valiente Compartir esta noticia:    



¿Puedo viajar sin visado siendo titular de una tarjeta comunitaria?

30/03/2017

El propio nombre de este tipo de autorización suele ocasionar confusión, ya que muchos de los titulares de esa tarjeta entienden que por ser “comunitaria” les permite viajar libremente sin restricciones, o incluso, trabajar en otro Estado Miembro de la UE.
Si usted es nacional de un país de la UE y tiene familiares que no lo son, esos familiares pueden acompañarle o reunirse con usted si va a otro país de la UE.
Ahora bien, deben llevar un pasaporte válido en todo momento y, dependiendo de su país de origen, pueden tener que presentar también un visado de entrada en la frontera.
¿En qué casos el familiar de comunitario está exento de solicitar un visado?
El cónyuge,  padres, abuelos, hijos extracomunitarios no necesitan visado del país al que viajan si poseen un permiso de residencia o un visado de un país del espacio Schengen .
Pero, es necesario tener en cuenta que  los permisos de residencia expedidos por países no pertenecientes al espacio Schengen, no permiten a los familiares no ciudadanos de la UE a viajar sin visado a un país del espacio Schengen.
 ¿Y si quiero viajar a un Estado que no forma parte del Espacio Schengen? En estos casos, aunque tengas un permiso de residencia para viajar a un país que no forma parte del Espacio Schengen necesita un visado de entrada.
También estarán exentos de solicitar un visado, los familiares que tengan un permiso de residencia de familiar, expedido de acuerdo con la normativa de la UE por cualquier país de la UE (excepto el país del interesado), y pueden acompañarle a otro país de la UE o reunirse ahí con él. En el permiso de residencia debe constar claramente que el titular es familiar de un ciudadano de la UE.
Es decir, no necesitan visado si la autorización ha sido expedida por un Estado miembro de la UE distinto al país del que es nacional el ciudadano comunitario, y el familiar viaje a otro Estado Miembro con él.
Siempre es mejor que sus familiares extracomunitarios se informen bien antes de salir de viaje y lleven consigo todos los documentos necesarios.
Ahora bien, si llegan a la frontera sin el visado de entrada, las autoridades fronterizas deben permitirles que demuestren por cualquier otro medio que son familiares de un ciudadano de la UE. Si consiguen demostrarlo, las autoridades tendrán que facilitarles un visado de entrada en la misma frontera.
En muy pocos casos, un país de la UE puede denegar la entrada, al comunitario o a sus familiares. Sólo cuando concurran  razones de “orden público, seguridad pública o salud pública”.
En ese caso, las autoridades deben demostrar que tanto el comunitario como sus familiares representan una “amenaza real, actual y suficientemente grave”.
Esta decisión debe ser comunicada por escrito, especificando todos los motivos que la justifican y explicando cómo se puede interponer recursos y plazos.

Aina Martorell Sabater
Abogada
Col. 5497
Tel. 699.51.90.64 // 971.66.60.54
Calle Josep Tous i Ferrer nº3, 2º-1ª
Compartir esta noticia:    



La retirada de la nacionalidad a quienes tengan un historial delictivo

30/03/2017

Margarita Palos Nadal

La comisión de delitos durante el proceso de nacionalidad española, no detectados por la Administración durante el proceso tramitación de la nacionalidad, puede ocasionar la retirada de la nacionalidad española a quienes le hubiese sido concedida.

Si la Administración conoce de la comisión de delitos de un español que haya adquirido la nacionalidad por residencia puede iniciar un proceso denominado declaración de lesividad. La declaración de lesividad pretende declarar que el acto de concesión de nacionalidad española es lesivo para el interés público puesto que su destinatario no merecía que se le otorgase la nacionalidad española. En estos supuestos los delitos normalmente se han cometido con posterioridad a la solicitud de nacionalidad española y se conocen después de haber sido concedida la misma.

Como todos saben es preciso acreditar buena conducta cívica para la concesión de nacionalidad española por residencia, es decir carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, pero puede suceder que durante el proceso por algún error de la Administración no se consulten debidamente las bases de datos del registro de penados o simplemente que el antecedente en cuestión se grabe con posterioridad a la concesión de la nacionalidad.

En estos supuestos, por decirlo de alguna manera, el historial delictivo queda oculto a los ojos de la Administración que una vez que se percata de la situación lo que se pretende es revocar la concesión de la nacionalidad española concedida puesto que el beneficiario de la concesión no merece tal reconocimiento y además dicho reconocimiento es perjudicial para los intereses del Estado.

Es la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia el organismo que acuerda incoar el procedimiento de declaración de lesividad, es decir es la propia administración la que impugna sus propios actos y la lesividad es declarada por el Consejo de Ministros. La declaración de lesividad es un proceso administrativo que puede finalizar en los tribunales de justicia de existir disconformidad por parte del sujeto respecto del cual se pretende revocar la nacionalidad española concedida. La administración tiene un plazo para iniciar una declaración de lesividad que es el de cuatro años desde que tiene conocimiento de la comisión de delitos por quien fue beneficiado por la concesión de la nacionalidad española y en el supuesto de iniciar el procedimiento, si no resuelve en el plazo de seis meses, será archivado.

Hace pocos días un periódico de ámbito nacional se hacía eco de los errores de la Administración fundamentalmente por conceder la nacionalidad a personas que sumaban delitos de gran trascendencia (tráfico de drogas y otros) en sus currículos. Estos errores, siendo ciertos, no deben empañar una realidad y es que la mayoría de personas que son declaradas españolas cumplen los requisitos exigidos y conviven pacíficamente entre nosotros como españoles que son.

En otro orden de cosas podemos informar de que ya se encuentran en la web del Ministerio de Justicia los expedientes presentados telemáticamente para ser consultados, no así aquellos expedientes que se presentaron con anterioridad en los registros civiles. Detectamos que las grabaciones no mostraban, en algunos supuestos los primeros apellidos, lo que pusimos en conocimiento del Ministerio de Justicia que nos ha indicado que por incidencias técnicas pueden encontrarse errores en la información telemática, que no afectan al expediente, y que pueden estar referidos a Estado del expediente: se le indica que el NIE o el número de expediente son incorrectos y posteriormente se le indica que su expediente ha sido registrado correctamente. - No se le muestra el primer apellido.- Fecha del estado.

Seguimos pendientes de la grabación de los expedientes presentados con anterioridad “ en papel “, de la grabación de los recursos de reposición interpuestos y de que se normalice el proceso para realizarse en unos plazos con arreglo a las disposiciones vigentes.

Compartir esta noticia:    



¿Es posible entrar como turista a España y solicitar la tarjeta de residencia?

13/03/2017

Si vengo a España como turista y encuentro un empleo, ¿me puedo quedar?, ¿puedo solicitar una autorización de residencia una vez efectuada la entrada a este país?
Estas preguntas se me realizan en muchas ocasiones por parte de extranjeros que han venido a España, y quieren obtener un permiso de residencia.
Muchos extranjeros que tienen la intención de venir a trabajar y residir creen que, efectuando la entrada como turista y una vez en nuestro país, pueden comenzar con la búsqueda de empleo para, una vez encontrado un trabajo, regularizar su situación realizando los trámites correspondientes aquí en España para permanecer de forma definitiva.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que, una persona puede permanecer en España en calidad de turista por un plazo máximo de 90 días por semestre, con independencia de que la entrada se haya efectuado con o sin visado. Transcurrido dicho periodo, el extranjero tiene la obligación de retornar a su país de origen porque, en caso de no hacerlo, se quedaría en situación irregular.
Voy a responder algunas de las preguntas básicas que se están realizando:
¿Puedo entonces, entrar como turista para la búsqueda de empleo?
Claro que sí, siempre que se respete el plazo de estancia legal establecido. Es decir, el interesado puede realizar la búsqueda de empleo dentro de los 90 días de estancia legal, pero tendrá la obligación de retornar transcurrido el mismo, porque en el caso de conseguir una oferta de trabajo, se le requerirá un visado de residencia y trabajo que deberá solicitar personalmente en el consulado español en el país de origen.
Este hecho puede causar mucha confusión, pero lo cierto es que, aunque a muchos extranjeros no se le exige visado para entrar a España como turistas en virtud de su nacionalidad de origen, todos los extranjeros (con independencia de su nacionalidad) lo necesitan (el visado de trabajo) cuando su intención es la de residir y trabajar legalmente en nuestro país. Y estos trámites se inician en la Oficina de Extranjería en España por parte del empleador que ofrece el empleo. Una vez resuelta favorable la solicitud, es el propio extranjero, el que deberá solicitar el visado en el consulado español en su país de origen para efectuar la entrada legalmente y solicitar aquí su tarjeta.
Por tanto, la búsqueda de empleo podrá realizarse en su estancia como turista pero retornar antes de los 90 días para finalizar el trámite desde el país de origen.
Las excepciones a estos supuestos son pocas pero las hay, por ejemplo, en el caso de trabajadores altamente cualificados que tramitan su autorización de residencia a través de la Ley de Emprendedores, los cuales pueden hacer todo el proceso dentro de su tiempo de estancia legal en España. O por ejemplo, los extranjeros que pueden acogerse a procedimientos excepcionales.
Cuestión aparte sería el grupo de personas incluidas en los supuestos de régimen comunitario, los familiares de ciudadanos españoles o comunitarios que viajan en calidad de familiares para quedarse en nuestro país a vivir con su familiar.
Pero, ¿qué ocurre si transcurre el plazo de 90 días y no he regresado a mi país?
En esta circunstancia ya nos encontramos con un problema, puesto que pasamos de tener una estancia legal en España a estar en situación irregular, y una vez en esta condición, tendremos pocas opciones de regularizar nuestra situación, una de estas opciones es el famoso “arraigo”. Este tipo de autorización podremos conseguirla acreditando una permanencia continuada en España de dos años (arraigo laboral) o tres años (arraigo social), además de cumplir con el resto de requisitos exigidos según el tipo de arraigo en concreto.
Por tanto, no solo tendremos que esperar un largo periodo de tiempo para conseguir una autorización de residencia, sino que durante este periodo, el extranjero se encontraría en situación irregular.
Por tanto, recomiendo a todos aquellos extranjeros que tengan intención de venir a España a residir y trabajar, informarse bien sobre  los procedimientos de cada una de las autorizaciones de residencia y trabajo para incurrir en alguno de estos errores, y así evitar futuros problemas que llegado el caso, podrían no tienen solución.

Aina Martorell Sabater.
Abogada, Colegiada nº 5497 ICAIB.
Telf: 699-51-90-64 / 971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados.
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3, 2º-1ª
Compartir esta noticia:    



Los casos en los que alguien se expone a la pérdida de la nacionalidad española

13/03/2017

Quienes adquieren la nacionalidad española y retornan a su país de origen deben tener en cuenta que ésta puede perderse. Es verdad que la resolución de concesión de la nacionalidad española no menciona nada de ello, pero hay que tener en cuenta esta cuestión y advertirla convenientemente para evitar problemas futuros, ya saben ustedes que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Hace pocos días me escribían desde un país de Iberoamérica explicándome el caso de un joven que al ir a renovar su pasaporte español, en el consulado le dijeron que llevaba cuatro años fuera de España.



El Consulado le ha otorgado un plazo para realizar alegaciones y explicar los motivos de la falta de uso de la nacionalidad española. Aparentemente, utilizó exclusivamente la nacionalidad de origen y no la española en los cuatro últimos años.



Para evitar que esto suceda, quienes abandonen el territorio español, deberán de declarar en el plazo de tres años su voluntad de “conservar la nacionalidad española “. Además deben como causar alta en el Registro Consular del Consulado de España, como residentes o no residentes, correspondiente en su país de origen. Es necesario utilizar la nacionalidad española, en definitiva, ejercer la ciudadanía española.

Los españoles que hayan adquirido la nacionalidad española por residencia, es decir que no son españoles de origen, deben estar atentos a esta cuestión para no poner en riesgo el esfuerzo realizado en su proceso migratorio que culminó con la concesión de la nacionalidad española.

Conforme a los consejos otorgados por los consulados de España los españoles residentes en el extranjero deben inscribirse en el registro de matrícula consular correspondiente a su domicilio. Dicha inscripción abre la vía a la renovación de la documentación con el objeto de acreditar que se es residente en el extranjero y de esta manera poder participar en los procesos electorales españoles, excepción hecha de las elecciones municipales.

Hay dos vías de inscripción consular, como residente y como no residente, y los españoles que sólo se trasladen por estudios deben estar atentos a ello, porque si se inscriben como residentes, causan bajan en el padrón de origen y en el caso de Baleares, por ejemplo, perderían la vecindad civil balear. Como no residentes también podrán votar por correo en los procesos electorales españoles. Por tanto, si el traslado es temporal es suficiente y beneficioso inscribirse como no residente, si el traslado es definitivo como español residente en el extranjero.

Los consulados de España en el extranjero ejercen funciones de Registro Civil y es ante ellos que hay que realizar las pertinentes “ declaraciones de conservación de la nacionalidad española “.

Otra cuestión menos frecuente, pero no por ello menos relevante, es la incoación en los consulados de España de expedientes de pérdida de nacionalidad española a menores españoles , nacidos en España, que adquirieron la nacionalidad española con “ valor de simple presunción “. Al renovar la documentación en los consulados si se detecta que el español en cuestión ostenta la nacionalidad del país donde reside por exhibición de pasaporte por ejemplo, se inicia un procedimiento de cancelación de la inscripción marginal de la nacionalidad española, a la que nos referiremos próximamente.

Los procesos iniciados por pérdida de nacionalidad española en los consulados se trasladan a al Ministerio de Justicia por lo que asistencia jurídica en estos casos es conveniente que se preste por letrados españoles.

Por último les recomiendo a todos la exposición “ 11 vidas en once maletas” que podrán visitar en el Colegio de Abogados de Baleares, la Rambla 10 de Palma. Exposición organizada por la Fundación Abogacía española en colaboración con importantes entidades españolas que trabajan en pro de los derechos de los refugiados.

Feliz mes de marzo.

  Compartir esta noticia:    



¿Es posible celebrar un matrimonio ante Notario?

24/02/2017

En el año 2015, concretamente el 23 de julio de 2015, entró en vigor la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria.
Dicha normativa establecía importantes novedades y modificaciones en el ámbito del Ministerio de Justicia que, en su mayoría, no comenzarían a aplicarse hasta el 30 de junio del 2017.
Esta ley es mayormente conocida como la ley de privatización del Registro Civil, ya que mediante esta ley se suprimen muchos trámites que hasta la fecha se vienen realizando en los registros civiles.
Una de las novedades de dicha normativa es la posibilidad de realizar el matrimonio ante notario.
Sin embargo, y hasta el 30 de junio de 2017, los notarios tienen ciertas limitaciones, pudiendo únicamente celebrar el matrimonio siempre y cuando se haya iniciado previamente el expediente matrimonial en el registro civil y haya sido aprobado.
Así lo establece la Instrucción de 3 de agosto de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la intervención de los notarios y secretarios judiciales en la celebración de bodas al amparo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Entonces y con la novedad mencionada el matrimonio se podrá celebrar, a elección de los contrayentes, ante:
1.- El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz.
2.- El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal.
3.- El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración.
4.- El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.
El matrimonio celebrado ante el encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o Concejal, en quien este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta. El hecho de que se celebre ante notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil.
Por tanto las principales novedades a destacar son las siguientes:
- Hasta el 30 de junio de 2017, los expedientes matrimoniales seguirán siendo tramitados por el Juez Encargado del Registro Civil, aplicando la normativa del Registro Civil.
- Una vez resuelto favorablemente el expediente matrimonial, la celebración del matrimonio podrá tener lugar, a elección de los contrayentes, ante cualquiera de las autoridades indicadas en el ya indicado párrafo segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
- Por tanto además del Juez Encargado del Registro Civil, jueces de Paz por su delegación, Alcalde del municipio donde se celebre o Concejal en quien delegue, o del funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil, la ley prevé que a partir del 23 de julio de 2015 (fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2015) también puedan celebrar bodas el Secretario judicial o el Notario, que sean competentes en el lugar de celebración.

Aina Martorell Sabater.
Abogada, Colegiada nº 5497 ICAIB.
Telf: 699-51-90-64 / 971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados.
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3, 2º-1ª



Compartir esta noticia:    



Es recomendable que los menores nacidos en España o que hayan alcanzado los años de residencia tramiten con celeridad la nacionalidad

24/02/2017

Cuando escribimos estas líneas hemos comprobado, de nuevo, que el Instituto Cervantes no ha publicado un nuevo manual para el 2017 de Conocimientos Constitucionales y Socio Culturales de España ( CCSE ).

Para los que se examinan el último jueves de febrero el manual continúa siendo el mismo. Es necesario seguir insistiendo en que no se conocen el estado de los expedientes de nacionalidad que entraron en el 2015 en el Ministerio de Justicia ( el retraso alcanza a algunos expedientes del 2014 que tuvieron entrada en el 2015 ). Nos consta que están en proceso de mecanización, esperemos que tengamos noticias en breve plazo sobre el estado del mismos.



Respecto de los expedientes tramitados con la legislación anterior a la reforma, es de esperar que reciban en sus domicilios la carta del Ministerio de Justicia comunicándoles la apertura del expediente administrativo de nacionalidad por residencia.

De ahí la importancia de tener actualizados los domicilios en la Administración, tanto en la Oficina de Extranjería, como en el Registro Civil y en el Ministerio de Justicia. Recuerden que los extranjeros residentes en España, tienen la obligación de comunicar a las autoridades administrativas de extranjería, los cambios de domicilio, estado civil y nacionalidad.



En este caso el domicilio tiene una importancia máxima para evitar que no se pierdan comunicaciones y citaciones con la Administración y que en su caso si son citados por la Policía Nacional para la correspondiente entrevista no se pierda la correspondiente correspondencia y la opción de que el expediente avance adecuadamente dentro del sonado retraso alcanzado en estos años.

Un simple escrito a la oficina de extranjería con un nuevo certificado de empadronamiento acreditativo de su domicilio soluciona esta cuestión, insistimos de vital importancia, para su correcta comunicación con la Administración, sobre todo si está a la espera de recibir correspondencia del Ministerio de Justicia sobre su expediente de nacionalidad.

La consulta de expedientes de nacionalidad por residencia en la página web del Ministerio de Justicia estará fuera de servicio del 2 al 8 de marzo próximo, por todos los canales habilitados para ello, es decir consulta a través de sede electrónica, telegram e incluso teléfono de información. Admirable el trabajo de quienes se encuentran al otro lado del teléfono de información, su respuesta es tremenda aunque empática con nuestras preguntas, no se sabe nada todavía del 2015.

En términos coloquiales, el Ministerio de Justicia se ausenta del 2 al 8 de marzo, esto desde luego debe tener una causa importante. Quiero ser optimista y positiva y desde luego pensar que tal vez se incorporen a la base de datos nuevos expedientes y por ello es necesario ampliarla o trabajar sobre la misma. Vamos a ver qué pasa el 9 de marzo y si podemos confirmar buenas nuevas.

Ahora mismo mientras millares de personas están pendientes de su expediente de nacionalidad por residencia, mientras el próximo 7 de marzo parece que el gobierno tendrá que pronunciarse sobre la modificación de la ley de nacionalidad solicitada por UP, todavía colean por consulados españoles, especialmente los de España en la Habana, Caracas y Buenos Aires, expedientes de nacionalidad por la Ley 52/2007 ( se tramitaron casi medio millón de expedientes de nacionalidad por esta vía ) y todavía sigue habiendo hijos de españoles que no pueden acreditar su condición porque su padre fue bautizado en España o se ignora donde fue inscrito su nacimiento, o el correspondiente registro desapareció.

Quiero pensar que el tiempo que el Gobierno ha estado en funciones ha podido provocar estos retrasos parlamentarios, pero mucho me temo que no sea esta una de las cuestiones que más preocupen en el devenir parlamentario.

Saharauis, hijos y nietos de una posible modificación de la ley de nacionalidad y millares de solicitantes de nacionalidad española por residencia están pendientes de que el Ministerio de Justicia tramite sus expedientes.



Todos esperamos que la futura ley de Nacionalidad, si es que llega a tramitarse, resuelva la cuestión de aquellas mujeres que no atribuyeron la nacionalidad española a sus descendientes y que además al casarse con un ciudadano no español perdían la nacionalidad española. Aún al día de hoy, si una ciudadana española tiene hijos, que no fueron en su día inscritos como españoles, y que nacieron antes de la Constitución española de 1978, no son españoles de origen, porque la española era su madre y las mujeres antes de la Constitución no atribuíamos nacionalidad a nuestros descendientes. Esto es una tremenda injusticia que debería solucionarse cuanto antes.

Ahora mismo lo que recomendamos es que, todos aquellos que tienen hijos menores nacidos en España o que hayan alcanzado los años de residencia según el supuesto, tramiten con la máxima celeridad la nacionalidad de estos niños.



Les evitan problemas futuros y según la edad de los mismos es muy inseguro pensar en que los padres la adquieran primero y luego los hijos la adquieran por opción. Los plazos de tramitación como vemos no están garantizados y más vale jugar a ganador, que esos menores escolarizados adquieran la nacionalidad española cuanto antes.



En cualquier caso de normalizarse la situación en el futuro se podría renunciar al expediente de nacionalidad por residencia del menor y si se están en plazo tramitar la correspondiente opción de nacionalidad española. Lo importante es que los menores escolarizados accedan a la nacionalidad española en su minoría de edad y no estén pendientes en el futuro de exámenes, pruebas diversas o de una mayor complejidad en el acceso a la nacionalidad por residencia. Es necesario aprovechar el escenario actual por conocido.

De la misma forma la ausencia de buena conducta cívica ( antecedentes penales, policiales ) y ausencias del territorio español suelen ser los motivos más comunes para la denegación de la nacionalidad española.



No termina de casar el sistema de ausencias de la Ley de Extranjería con el considerado por la Dirección General de los Registros y del Notariado que solicita explicaciones en las ausencias superiores de tres a seis meses del territorio español. Es importante cancelar los antecedentes penales enseguida que sea posible, pero incluso una vez cancelados los antecedentes anteriores pueden dar problemas en el expediente de nacionalidad.  



    La concesión de la nacionalidad por residencia es un acto, como ha dicho el Tribunal Supremo de España,   que constituye " una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, que conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones, otorgamiento en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional  ". La cuestión entre los solicitantes a los que se les aplica un plazo abreviado de dos años de residencia es que aunque hayan residido más años en territorio español se procede a valorar las ausencias de los dos años inmediatamente anteriores, ausencias, como hemos dicho, entre tres y seis meses. No hay un plazo establecido legalmente,  ni por la Jurisprudencia, al objeto de fijar cual sería el período que interrumpiría la continuidad de la residencia. Si la ausencia se justifica, por ejemplo por razones de enfermedad de una madre, padre e hijo u otros familiares no puede ser un obstáculo para la concesión de nacionalidad.



En el supuesto de ausencias recomendamos guardar todos los documentos que acrediten la misma, legalizarlos y traducirlos si fuera preciso y tenerlos siempre preparados por si se produjera un requerimiento a lo largo del expediente de solicitud de nacionalidad española.



Hay que recordar como en todo los supuestos de relación de un ciudadano con la Administración que la vía de recursos administrativos y judiciales queda abierta y los ciudadanos, si lo desean, pueden además formular su correspondiente queja en la web del Defensor del Pueblo al objeto de poner de manifiesto las circunstancias que tengan por conveniente como por ejemplo el retraso injustificado en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.



Estamos a la expectativa de todas estas cuestiones. ¡Os deseo un feliz final de febrero!. Compartir esta noticia:    



Martha, ciudadana ecuatoriana se adelanta al tiempo, gestionando desde ya su pensión en PCB Mallorca

24/02/2017

Los acuerdos bilaterales de cotizaciones a la Seguridad Social entre España y los países latinoamericanos
Por Juan Pablo Blanco

María Pazmiño Proaño, es una ciudadana ecuatoriana residente en Mallorca hace ocho años. Ella, al igual que cientos de sus compatriotas, espera conseguir una pensión que le permita llevar una vida digna cuando llegue a la edad de jubilación. Mientras tanto, no pierde el tiempo, y comenta que prefiere adelantarse a los acontecimientos.
“No quiero dejar para última hora el tema de mi jubilación, es mejor ir abonando el terreno para que la vejez no nos tome por sorpresa”, afirma. Y es que como Martha María, hay personas de Latinoamérica que se han visto beneficiados por el convenio bilateral de pensiones de España y varios países sudamericanos.
Concretamente, estos acuerdos bilaterales de cotizaciones en la Seguridad Social favorecen a los que han aportado en España y Ecuador, como ocurre en el caso de Martha, a quien se le acumulan todos los tiempos de cotización en ambos países. Lo propio ocurre con los connacionales de Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú y Marruecos.
La tramitación de todos los papeles para los aspirantes a la jubilación conlleva desgaste de tiempo e incluso desconocimiento de muchos funcionarios de la administración pública que no tienen claro cómo opera el sistema de los convenios bilaterales.
En este sentido, se hace necesario tener una asesoría de empresas en España que tengan convenios con abogados especializados en estos temas. Pensiones por Convenio Bilateral, PCB, es una empresa liderada por Patricia Oteiza, que ya está adelantando con éxito diversas solicitudes de potenciales pensionistas que están ad portas de cumplir la edad, según la normativa de cada país con el que España tiene el convenio bilateral.
En el caso de Ecuador, desde ya Marta María tiene muy claro que los años trabajados en su país deben aparecerle en el registro de datos de la Seguridad Social en su país, y desde ya pone su caso en los expertos de PCB. “Quiero llegar a tiempo sin ningún tiempo de contratiempo y por eso la mejor manera es tener la certeza de que no me va a faltar en los registros ni un solo día de aportes”, afirma.
PCB, que también gestiona temas jurídicos de extranjería, derecho laboral, penal y laboral, tiene la sede en la calle San Miguel, 30, cuarto A, Palma 628 478 914 / 971 720 860
Compartir esta noticia:    




Baleares Sin fronteras (+34) 971 720 860 (+34) 655 207 019