ASESORÍA
El arraigo social, una de las opciones frente a la denegación del asilo

13/07/2019


Por: Beatriz Tobón Vallejo,
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14


El asilo o protección internacional está contemplado en el artículo 13.4 de la Constitución Española como la protección brindada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

Se concede el derecho de asilo a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.
El procedimiento para solicitar el asilo o protección internacional, una vez que el extranjero está en España, tiene varias fases:

-Primero deberá presentar la solicitud ante la Oficina de Extranjeria o ante la Comisaria de Policía Nacional correspondiente.

-Una vez presentada la petición, las Oficinas de Asilo y Refugio tienen un mes para pronunciarse sobre su admisión o inadmisión a trámite. La mayoría de los casos son admitidos a trámite, pero esta admisión a trámite no significa que han resuelto favorable el fondo del asunto, sobre si procede o no la protección internacional, con ello simplemente se inicia el estudio e investigación del caso, de acuerdo con las alegaciones y pruebas que haya presentado el solicitante.

La solicitud del asilo o protección internacional conlleva la retirada del pasaporte por parte de las autoridades españolas durante todo el periodo de tramitación del caso.

Desde que se inicia el procedimiento, hasta que finalmente se emite una resolución, puede transcurrir un largo período de tiempo entre 2 y 3 años aproximadamente. En el momento de admitirse a trámite la petición de asilo o protección internacional, se expide un documento provisional, que se emite como documento de identificación, el cual se conoce como “Tarjeta Roja”.

La primera tarjeta roja tiene una vigencia de seis meses que autoriza a residir legalmente, pero no autoriza a trabajar, no obstante, si incluye el NIE (Número de Identidad del Extranjero), que le permitirá realizar gestiones tales como la apertura de una cuenta bancaria, solicitar la tarjeta sanitaria, etc.

Transcurridos los seis meses, si aún no se ha obtenido resolución, se deberá renovar esta tarjeta roja por otra, la cual incorporará la mención expresa “Autoriza a Trabajar”. Su vigencia será de seis meses, y se irá renovando hasta que finalmente se resuelva la petición y se emita la resolución definitiva.

Posteriormente después de varias prórrogas de la tarjeta roja, el Ministerio del Interior emite una resolución admitiendo o denegando la solicitud de asilo o protección internacional (asilo o protección subsidiaria). Se trata de un acto administrativo motivado, en el que se explican las razones por las cuales se concede o no el refugio.

En España hay un elevado porcentaje de denegación de las solicitudes de asilo, tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. Cada día, 311 personas piden socorro al Gobierno español en busca de asilo y protección internacional. Pero la mayoría no lo consiguen, ya que el 76% de las solicitudes son denegadas, según datos del Ministerio del Interior.

Frente a la resolución que decide desfavorablemente la solicitud de asilo o protección internacional, el extranjero tiene varias opciones:

Si está de conforme con la no concesión de la solicitud de asilo, puede acatarlo y en ese caso se encontraría ya en situación irregular en España y dispondría de 15 días continuos para abandonar de forma voluntaria el país. Si el extranjero no sale del territorio español voluntariamente dentro de dicho plazo, le podrán abrir un procedimiento sancionatorio, que culmine con una orden de expulsión.

Por el contrario, si el extranjero no está de acuerdo con la denegación de su solicitud de asilo, puede presentar un recurso de reposición, dentro del mes natural siguiente a partir de la fecha en que le notificaron la denegatoria. La decisión de este recurso puede tardar varios meses. Si la decisión del recurso es desfavorable, se puede interponer una demanda ante la jurisdicción contencioso- administrativa, que también tardará un tiempo en ser resuelto (aproximadamente entre seis meses y un año), si finalmente la decisión judicial confirma la resolución denegatoria del asilo, podrían abrir un procedimiento de expulsión.
Con lo cual, la expulsión en los dos supuestos mencionados no es automática, sino que se requiere de un procedimiento administrativo adicional, que puede tardar algunos meses más. Así mismo, contra la decisión acordando la expulsión, pueden interponerse los recursos correspondientes.

Todo este largo proceso desde la solicitud de asilo y su resolución denegatoria y los recursos interpuestos, transcurren cerca de tres años, tiempo suficiente para que el extranjero pueda optar por solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (arraigo social).

De igual forma los ciudadanos venezolanos que hayan solicitado el asilo y les haya sido rechazado, tienen la posibilidad de solicitar la autorización de residencia por razones humanitarias. Todo gracias a que según las recomendaciones de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR o UNHCR), los venezolanos a los cuales se les deniega el asilo podrán solicitar que les sea concedida este tipo de residencia por motivos humanitarios de protección internacional, teniendo especialmente en cuenta la opinión de ACNUR sobre la condición de vulnerabilidad que sufren actualmente los nacionales de Venezuela.



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Nueve aspectos a tener en cuenta si viajas fuera de España en verano

13/07/2019

Verano es época de viajes y las personas migrantes, al igual que la mayoría de la población, aprovechan estas fechas para viajar a sus países de origen o a otros destinos turísticos fuera de España.

Pero para un extranjero este hecho de viajar fuera de España o de la Unión Europea puede tener ciertas consecuencias en su situación de residencia legal que es importante conocer para evitar disgustos.

A continuación os recordaremos algunos conceptos que tenéis que tener en cuenta si pensáis salir de España:



Autorización de regreso

La autorización de regreso es un documento que permite regresar a España aunque no se tenga tarjeta de residencia en vigor en los siguientes casos:
a) Cuando se está renovando la autorización.
b) Cuando se ha perdido o deteriorado la tarjeta.
c) Cuando se ha concedido la autorización inicial y todavía no se ha obtenido la primera tarjeta. En este caso, además habrá que demostrar que el motivo del viaje responde a circunstancias excepcionales.
Debes tener en cuenta, además, que la autorización de regreso sólo da derecho a la entrada en España. Si pretendes regresar por otro país de la Unión Europea con este documento podrían denegarte la entrada.



Salida de menores

Es importante tener en cuenta que para sacar el pasaporte a un menor español, ahora es necesaria la autorización de ambos progenitores.
En cuanto a las salidas de los menores, en España la legislación es muy flexible para que los menores de edad puedan salir de España, tan solo un juez puede prohibir la salida de un menor de España, lo que en ocasiones sucede en procesos de divorcio o separación si lo pide uno de los progenitores.
Fuera de ese caso, sólo existen dos tipos de limitaciones para que un menor de edad salga de España.
a) Cuando el menor es español, para obtener el pasaporte es necesario el consentimiento expreso de ambos progenitores.
b) Si el menor viaja solo o con un adulto que no ostenta la patria potestad, los progenitores del menor deben autorizar su salida de España.
Dicha autorización la pueden realizar ante la Guardia Civil.



Extinción de la residencia por salidas de España

Aunque las salidas por vacaciones suelen ser de corta duración, creemos importante recordar los casos en que se puede perder la residencia legal en España por permanecer fuera de España o de la UE un cierto período de tiempo.

A continuación, expondremos las diferentes situaciones dependiendo del tipo de residencia que se tenga:
Residencia temporal
La residencia temporal se extinguirá cuando se constate que ha permanecido fuera de España durante más de seis meses por año.



Residencia de larga duración

La residencia de larga duración se extinguirá cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos. 



Residencia de larga duración UE

La residencia de larga duración UE se extinguirá por dos motivos:- Por la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.
– Por la ausencia del territorio español por un período de seis años. En este caso, las salidas de España pero dentro de la Unión Europea pueden producir la extinción de esta residencia de larga duración.
Residencia en régimen comunitario
La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a seis meses en un año. 



Residencia permanente en régimen comunitario

Si se ha obtenido la residencia permanente en régimen comunitario, dicha residencia sólo se perdería por ausencia del territorio español durante más de dos años consecutivos.



Salidas de España y obtención de la residencia de larga duración

También es importante que tengáis en cuenta que para obtener la residencia de larga duración no se puede haber salido de la UE más de diez meses en los últimos cinco años, aunque las salidas se hayan realizado en períodos diferentes.



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Cómo obtener la residencia para un menor no nacido en España que esté en situación irregular

27/06/2019

Beatriz Tobón Vallejo,
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14

Los menores extranjeros no nacidos en España que se encuentren en situación irregular en territorio español y que uno o ambos progenitores cuenten con residencia legal pueden obtener una autorización de residencia en España, es un procedimiento que se asemeja al arraigo social, pero el tiempo de permanencia mínima en España que requiere el menor de edad con sólo dos años. Y este tipo de autorizaciones de residencia concedidas habilitan para trabajar sin necesidad de ningún trámite administrativo cuando los titulares alcancen la edad laboral.

Situación diferente ocurre con los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en España y no les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión o comunitario, adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. Con lo cual, el padre o la madre podrán solicitar la autorización de residencia para el hijo desde que tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de sus progenitores acceda a la situación de residencia legal.

En el caso de que se trate de hijos no nacidos en España, en situación irregular y que ya tengan la mayoría de edad (18 años) el procedimiento a seguir sería solicitar la autorización de residencia temporal (Arraigo Social), y si no dispone de un contrato de trabajo, deberá aportarse documentación que acredite tener medios de vida suficientes para su manutención, demostrando que depende económicamente de su progenitor, quien deberá a su vez presentar las pruebas suficientes como contrato de trabajo, nóminas o declaración de renta que asegure que puede hacer frente a su sostenimiento personal y la de su hijo.

Los menores no nacidos en España que estén en situación irregular, hijos de extranjeros residentes legalmente en España a los que no les sea de aplicación el régimen comunitario, o tutelados por un ciudadano o instituciones españoles o por un extranjero residente legal, podrán obtener autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios económicos y alojamiento exigidos para ejercer el derecho a la reagrupación familiar. Así mismo cuando los menores se encuentren en edad de escolarización obligatoria, se deberá acreditar que han estado matriculados en un centro de enseñanza durante su permanencia en España.

Los requisitos para este procedimiento están contenidos en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículo 186), a mencionar:

-No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea o familiar de ciudadano de la UE a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano comunitario.

-Acreditar una permanencia continuada en España del menor durante un período mínimo de dos años.

-Que sus padres o tutores acrediten empleo o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia.

-Que sus padres o tutores acrediten disponer de una vivienda adecuada (para ello deberán contar con el informe sobre la disponibilidad de vivienda adecuada expedido por la Comunidad Autónoma o, si ésta lo ha autorizado, por la Corporación local del lugar de residencia.
-En el supuesto de que el menor esté en edad de escolarización obligatoria, que se acredite que ha estado matriculado en un centro de enseñanza durante su permanencia en España.

Para las renovaciones de este tipo de residencia se seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados. Toda vez que el permiso de residencia que obtiene este menor va ligado al de su progenitor “reagrupante”.
Si estáis interesados en adelantar este procedimiento o cualquier otro tipo de trámite de Extranjería y/o Nacionalidad Española, no dudéis en contactar con nuestros servicios profesionales.

Beatriz Tobón Vallejo,
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14



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El duelo migratorio y el proceso de adaptación a la nueva sociedad de acogida

27/06/2019

Hoy comienzo con entusiasmo y afán al abrir una nueva puerta de comunicación entre gente de similares características, es decir, personas que migramos de diferentes rincones del mundo emprendiendo la aventura de vivir, trabajar y arraigar nuestra familia lejos de nuestro lugar de nacimiento.

Confluimos de diferentes rincones del mundo, pero compartimos similares desafíos, transitamos por los mismos miedos y ansiedades. Sobre todo al comienzo, la soledad y el sentimiento de indefensión nos hace vulnerables, necesitados del apoyo y la orientación de quienes previamente transitaron por ese camino.

“Estoy más solo que nunca. Puedo vivir o morir. Puedo luchar o darme por vencido. Allá muchos esperan por mí. Aquí me observan y se cuestionan si seré confiable. Quiero demostrarles a todos que sé cumplir promesas, que valgo. Pero hoy estoy cansado, se me hace muy pesado este camino. Golpeo puertas que se cierran una y otra vez. Cuando casi todo está oscuro, de repente una luz, una oportunidad aparece y vuelvo a revivir” J.R.

En este fragmento de la carta de un inmigrante, se despliega el abanico de momentos y sentimientos propios del llamado “ duelo migratorio”. Es el proceso de elaboración de la pérdida de todo aquello que significó nuestro espacio vital y la adaptación a uno nuevo y desconocido.

La mayoría de las veces culmina con éxito y una perfecta integración, así como un enriquecimiento vital para el individuo, su familia y su entorno. No mejor aplicado el refrán de “ lo que no te mata te fortalece”.

Sin embargo cuando las personas no poseen los recursos individuales, los apoyos sociales necesarios, sumados a niveles de estrés intensos y prolongados pueden desarrollar el “Síndrome de Ulises” término acuñado por el psiquiatra español, Joseba Achótegui en el 2002, para describir un cuadro psicológico de estrés crónico. En todos los casos el migrante enfrenta varios desafíos o estresores: la separación forzada de su familia y amigos lo que conlleva a una ruptura en la cadena del sentimiento de apego.

Otros factores importantes constituyen la adaptación a la lengua, las costumbres y los valores de su nuevo entorno; el contraste de los paisajes, colores, luminosidad, olores y temperatura; la lucha por la supervivencia que dependerá del acceso a oportunidades, papeles, trabajo, sanidad, vivienda; enfrentar prejuicios y para los que vienen en situaciones extremas enfrentar adversidades y riesgos para su integralidad física.
La adaptación trae consigo una serie de signos físicos y emocionales, tales como la tensión y nerviosismo, preocupaciones intrusivas y recurrentes, irritabilidad, insomnio, cefaleas, fatiga, sentirse perdido, desorientado en el tiempo y el espacio.
Estos signos comienzan a manifestarse cuando la persona comienza a despegarse de la “idea que tenía” para comprender la “realidad que lo rodea”. Podríamos describirla como un breve tiempo de idealización y excesivo entusiasmo, algo parecido a una “luna de miel” con el nuevo ambiente.
El duelo migratorio nos enfrenta a una ambivalencia que perdura años: amar dos países, dos culturas, amigos aquí y allí, dos hogares.
En este sentido, es un duelo reversible y recurrente que experimentamos en cada viaje que hacemos, ilusionándonos con encontrar lo que dejamos y comprobando que ya nada será igual y que en pocos días (no más de 15) echamos de menos nuestro nuevo país y hogar. “No soy de aquí ni soy de allá” como dice la canción.

El reto es complejo e intenso y cuando los recursos personales-sociales no bastan para superar estas experiencias se puede caer en un sentimiento de fracaso y depresión.

En estos casos se necesitará una ayuda a nivel psicológico y social que promueva la construcción de una nueva red de relaciones y de proyecto vital para nuestro bienestar.



Lic. Adriana García Cavalieri
agcavalieri22@gmail.com
Colegiada B-02056



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Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para registrarse como pareja estable en el registro de Baleares

27/06/2019


Por: Margarita Palos Nadal
Abogado Colegiado 1242 del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares CL. Cerdanya 5 / 07012 / Palma
Tel. 971 71 91 22
(cita previa de lunes a sábado)


El 28 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial de les Illes Balears, la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears. Dicha Ley incluye una disposición adicional decimocuarta que modifica la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. Dicha modificación legal ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado.

A veces el legislador aprovecha una modificación legal para incluir otra de una Ley distinta, es una técnica legislativa muy habitual. Pero a veces dichas modificaciones pueden pasar asi desapercibidas.

Desde la publicación de la modificación podemos distinguir entre inscripciones obligatorias y voluntarias.

El contenido de la misma se refiere a que deben inscribirse necesariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears las declaraciones formales de constitución de parejas estables, las modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa. En este sentido, por ejemplo, una declaración de constitución de pareja estable realizada ante notario deberá ser inscrita en el Registro de Parejas estables.

Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para la inscripción en el Registro de Parejas Estables, ni que uno de los dos miembros sea español. Incluso, los nuevos impresos distinguen las dos posibilidades la inscripción con vecindad civil balear y la inscripción sin el requisito de la vecindad civil balear.

La modificación legal se refiere también a la posibilidad de inscribirse voluntariamente en el Registro de Parejas estables aquellas parejas cuyos miembros no cumplan el requisito de que como mínimo uno de los dos miembros ostente la vecindad civil en las Illes Balears. Podrán solicitar su inscripción mientras tengan los requisitos de capacidad previstos en la Ley de 18/2001 no teniendo ningún impedimento que les impida la inscripción. Ahora bien, en este caso no quedará la pareja sometida al derecho civil balear, sino a la normativa general que afecte a las parejas estables, y tampoco la inscripción tendrá carácter constitutivo. Ambos miembros de la pareja tendrán que tener vecindad administrativa ( empadronados ) en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

La vecindad civil balear sólo la pueden adquirir los españoles y hasta ahora sólo se podían inscribir si uno de los miembros de la pareja era español y llevaba empadronado los últimos diez años en Baleares o bien adquiría la vecindad civil voluntariamente.

Con la modificación legislativa pueden inscribirse voluntariamente en el Registro parejas cuyos dos miembros sean extranjeros, ya que en las inscripciones voluntarias como hemos dicho no es requisito ser español ni tener la vecindad civil balear.

En todos los casos las parejas declaran que no son parientes y no forman pareja estable registrada con ninguna otra persona en el Registro de Parejas Estables de Baleares, cualquier registro municipal o autonómico del resto de España.

Para no dar lugar a equívocos desde ahora manifestamos que la inscripción voluntaria de una pareja de extranjeros, por ejemplo uno/a residente en régimen general ( no comunitario ) y otro/a en situación de irregularidad no comportará la regularización del extranjero salvo que se cumplan en su caso los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000.
Les mantendremos informados más adelante una vez que se clarifique la exacta trascendencia de esta modificación legislativa que ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears ( BOIB ).



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Bulos sobre la inmigración destapados tras las elecciones

14/06/2019

Durante los meses previos a las elecciones, vemos cómo los partidos políticos despliegan todo su arsenal de medidas y propuestas. En ese período es mucha la información que se propaga sin contrastar o con intención de desbancar al contrario en la lucha de votos. Concretamente, los bulos sobre la inmigración son de los que más se difunden a una velocidad de vértigo.

Ahora que ya ha pasado el período electoral, queremos desmentir algunas de las informaciones que enturbian el panorama y la situación, ya difícil de por sí, de la población inmigrante en España.

Las mentiras y bulos sobre la inmigración

PRUNE: el partido musulmán que iba a conseguir dos millones de votos en decenas de municipios
Una de las noticias fakes más sonadas se trató de un rumor que circuló por WhatsApp. Según aseguraba dicha información, el Partido Renacimiento y Unión de Europa de origen musulmán, conocido como PRUNE, se presentaría a las elecciones en decenas de municipios.

Además, este bulo le atribuía al partido tantos votos como musulmanes hay en España: casi dos millones.
La realidad fue bien distinta. El Partido Renacimiento y Unión de Europa se presentó sólo a las alcaldías de Mollet del Vallès, Sevilla y Algeciras. Y en total, tan sólo logró 179 votos.

Concretamente, fue la última fuerza en Mollet del Vallès, con sólo 18 votos de los 22.592 registrados. Igual que en Sevilla, donde fueron 46 las personas que votaron a este partido de las 317.843 que votaron. En Algeciras, fueron 115 los que se registraron de los 44.067 votos escrutados.

Pedro Sánchez no regala nacionalidades

En enero, varios medios de comunicación como Diario Patriota, se hicieron eco de un plan que urdía Pedro Sánchez para ganar el voto de la población inmigrante. Este plan suponía nada más y nada menos que «regalar» la nacionalidad española a más de 300.000 inmigrantes.

Ese diario, pronosticaba un aumento de un 5% de los votos a favor del Partido Socialista, debido a esos 300.000 nuevos españoles agradecidos por la medida. Y sin gastar un céntimo, propaganda totalmente gratuita.

Lo cierto es que de enero a abril de 2019, el Ministerio de Justicia ha concedido la nacionalidad a 16.679 inmigrantes y no a 300.000. Además, no todos ellos pudieron votar en estas elecciones. El censo electoral para el 28 de abril se había cerrado en diciembre y el del 26 de mayo se cerró en febrero. Por tanto, de todas esas personas nacionalizadas, sólo 5.668 tuvieron derecho a voto.

Número de concesiones de nacionalidad española de enero a abril de 2019: ¿300.000?

Tras la divulgación de dicho plan, se solicitó una petición de transparencia. El resultado mostró que el Ministerio de Justicia había concedido la nacionalidad española a 16.679 extranjeros de enero a abril de 2019.

Durante el año 2018, en el que gobernaron tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, el Ministerio de Justicia concedió un total de 90.940 nacionalidades españolas. De hecho, no ha habido año en el que se hayan concedido 300.000 nacionalidades. El récord lo ostenta 2013, un año en el que se concedieron 261.000 nacionalidades por residencia.



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El trámite de Perú y Uruguay, dos de los países que tienen convenio bilateral de pensiones con España, está funcionando eficientemente

14/06/2019


Perú y Uruguay son los dos países que mejor están funcionando en este momento en el convenio bilateral de España de pensiones del tiempo trabajado en el país de origen sumado a lo que se haya cotizado aquí. Así lo ha confirmado Patricia Oteiza, directora de la empresa Pensiones por Convenio Bilateral (PCB).

Y es que desde PCB se han alcanzado convenios de colaboración con abogados peruanos y uruguayos para comenzar a realizar los trámites de gente residente en Baleares que está ad portas de la jubilación en España, o simplemente, personas que aunque no han llegado a la edad quieren revisar que los aportes realizados en su país de origen correspondan a la realidad de lo que cotizaron.

Los casos que está tramitando PCB con ciudadanos peruanos están llegando a feliz puerto. Tal es la situación de Laura Beatriz Smith Poppe, que se jubiló en seis meses por el convenio bilateral entre su país de origen y España. En este sentido, ella cumplía con los requisitos exigidos en ambos territorios, es decir, el aporte mínimo en Perú de 20 años y la edad mínima de 65 años y en España la cotización de 15 años con una edad también de 65 años.

“Estamos notando en este último tiempo que el sistema burocrático de papeleo en Perú y Uruguay está funcionando eficientemente además de acelerar los trámites, es una gran ventaja para los ciudadanos de estos países que tienen la intención de jubilarse o por lo menos de enterarse de los aportes realizados en sus países”, dice Oteiza.


Expedientes

De la misma forma, en PCB ya se han sacado adelante varios expedientes de personas que han cotizado en sus países de origen y en España. “para nosotros es satisfactorio afirmar que después de tres años nuestros clientes comienzan a jubilarse aplicando el convenio bilateral de España con sus países de origen”, comenta Patricia Oteiza, directora de PCB.

Patricia pone como ejemplo a la ciudadana argentina, María Cristina Rodríguez que se jubiló en mayo. “Se adelantó con éxito la tramitación de su jubilación en ambos países, y ahora ella puede afirmar que disfruta del derecho a su pensión”.

Muchas personas desconocen que España tiene un convenio reciproco de pensiones con la mayoría de países de Latinoamérica, lo que en la práctica equivale a que las personas que hayan cotizado en ambos países tengan derecho a la reunificación de los tiempos.

Sin embargo, es recomendable comenzar a realizar las averiguaciones con antelación, anticiparse a la pensión es la mejor forma de asegurar lo que ha trabajado durante toda la vida, pues no faltan los inconvenientes burocráticos que requieren de tiempo para solucionarlos. 

Se suelen presentar casos, dice Oteiza, de personas a las que no les aparecen los años cotizados en sus países, por lo que es necesario antes de cumplir la edad de jubilación adelantarse a cualquier tipo de inconveniente que surja. No se puede perder ningún año cotizado y es necesario afrontar cualquier eventualidad que surja, merced a los convenios de colaboración de PCB con abogados especializados en pensiones.

PCB tiene convenios con abogados en Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia para comenzar a hacer los trámites de allí, especialmente estando pendiente de que los años que aparezcan en el historial laboral correspondan a lo que realmente se ha cotizado.
En estos momentos Lucía Rodríguez, originaria de Bolivia, ha comenzado a realizar sus gestiones con PCB tramitaciones para unificar los tiempos de trabajo cotizados en el país del altiplano y España.  

Afirma que ha acudido a PCB gracias a las recomendaciones de personas que ya han obtenido su pensión, a tenor de la eficiente respuesta que han recibido conocidos suyos.

Vale resaltar que PCB ofrece asesoría jurídica en derecho de extranjería, laboral, civil , penal y familiar.

En el derecho de extranjería se trabaja en solicitudes de renovaciones de tarjetas y permisos de residencia, nacionalidades, arraigos sociales y familiares y reagrupaciones familiares, entre otros trámites.


Dirección de PCB:
calle Sant Miguel 30, cuarto A, Palma. Contacto 628 47 89 14/ 971 720 860 (con cita previa).



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Ecuatorianos podrán entrar sin visado a España a finales de este año o a comienzos del 2020

23/05/2019

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia en recientes declaraciones hechas el pasado 10 de mayo de 2019, ha informado que en noviembre del 2019 el Espacio Schengen, el cual está integrado por 26 países europeos darían viabilidad a la solicitud de Ecuador para que los ecuatorianos viajen sin visa al territorio Schengen.

Desde el año 2016 se han iniciado las gestiones para que Ecuador obtenga la exoneración de la visa de corta duración en el Espacio Schengen y quedan ya pocos meses para lograrlo.

En su entrevista para la radio Huancavilca, el Canciller de Ecuador José Valencia manifestó:

“Hemos hablado con autoridades europeas y pensamos que en septiembre u octubre podríamos estar listos para que se adopte la anulación del visado Schengen y pueda entrar en vigor en noviembre”.

Considera, por tanto, que el plazo estaría perfecto, ya que el próximo mes de octubre se pondría en marcha la emisión del primer pasaporte biométrico o electrónico en Ecuador, siendo este uno de los requisitos exigidos por las autoridades del Espacio Schengen.

“En Ecuador esa decisión calza a la perfección, porque ese sería el tiempo que necesitamos para la implementación del pasaporte biométrico. La adaptación tecnológica estará lista para finales de 2019”, comunicó el Canciller Valencia.
Con la supresión del requisito de la visa, los ecuatorianos podrán circular libremente por el Espacio Schengen durante estancias cortas de hasta 90 días, cada seis meses, cualquiera sea su motivo de viaje, como turismo, asistencia a eventos deportivos o culturales, tratamientos médicos o estancia por estudios, entre otros.

Recordemos cuales son los países que componen el Espacio Schengen: España, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.

Puntualizó el Canciller ecuatoriano José Valencia, en enero de 2019 en la Comisión Europea: “Que la exención del requisito de visado para visitas de corta duración en la zona Schengen para los ecuatorianos, reportará beneficios a las dos partes, tanto como económicos, sociales, culturales y políticos.”

Es preciso resaltar que a pesar de que eliminen el requisito de la visa para los ciudadanos ecuatorianos en el Espacio Schengen, se deberán aportar una serie de documentos y acreditar el cumplimiento de unos requisitos al entrar en esta zona, tales como:

-Pasaporte electrónico válido al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.
-Reserva de pasaje -billete de avión- de ida y vuelta

-Documentos justificativos del alojamiento (reserva de hotel, contrato de alquiler, carta de invitación expedida por una Comisaría de Policía en España en caso de ser invitado por un particular residente en España, etc.). En caso de tours organizados, la reserva debe haber sido gestionada a través de una agencia de viajes acreditadas por la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

-Documentos que justifiquen la disponibilidad de recursos económicos propios por el tiempo de estancia (si el solicitante es dependiente económicamente, la documentación será la de los padres, cónyuge o hijos).

El tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la cantidad económica exigida será el número de días resultantes desde la fecha de entrada en España hasta la fecha de salida que figure en el billete, ambas fechas incluidas. Durante el año 2019, la cantidad mínima a acreditar es de 90 euros por persona y día, con un mínimo de 810 euros o su equivalente legal en moneda extranjera.

Para acreditar que dispone de los medios económicos señalados, lo podrá hacer mediante la exhibición de los mismos, en el caso de que los posean en efectivo, o mediante la presentación de cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañadas del extracto de la cuenta bancaria puesta al día.

-Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura mínima de 30.000 euros.


Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14



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Dificultades para obtener la tarjeta de residencia comunitaria como familia extensa

13/05/2019

El concepto de la reagrupación familiar como “familia extensa” se originó el 9 de diciembre de 2015 cuando entró en vigor la reforma del Real Decreto 240/2007 con el RD 987/2015 que regula el régimen comunitario, de tal forma que se amplía la reagrupación a familiares no tan directos y que se encuentren a cargo del ciudadano español o de la Unión Europea.
Con esta reforma se extiende el listado de familiares que pueden venir a vivir a España junto con el ciudadano español o ciudadano comunitario y obtener el permiso de residencia, ya que anteriormente solo se consideraban como miembros de una familia a los cónyuges; las parejas de hecho registradas; los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho; y los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho.
El Real Decreto 987/2015 determina que los nuevos familiares que pueden ser reagrupados, bajo el supuesto de familia extensa, son los siguientes:
a) Los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, no incluidos en el artículo 2 del presente real decreto, que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.
2.º Que, por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia.
b) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 4.b) de este artículo. (Se considerará que se trata de una pareja estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada).
Veamos algunos ejemplos prácticos de reagrupación familiar por el supuesto de familia extensa:
-El caso de nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, abuelos que en el momento de la solicitud se encuentren viviendo juntos más de dos años con el ciudadano comunitario; o que estén a su cargo desde el país de procedencia. Así mismo aquellos familiares que por gravedad de salud o alguna discapacidad necesiten que el comunitario se haga cargo personal de este y se hace necesario que venga a España de forma inmediata.
-La pareja de ciudadano español o comunitario con el que mantiene una relación estable, llevan viviendo juntos más de un año como novios y pueden probar su relación estable y duradera o tienen un hijo en común.
-El extranjero casado con ciudadano español fuera de España, pero cuyo matrimonio aún no está inscrito en el Registro Civil Central en Madrid. Siendo necesario acreditar que la inscripción está en proceso y que el vínculo ha sido duradero.
Sin embargo, a pesar de que la legislación contempla todo este abanico de opciones de reagrupación a otros familiares, en la normativa quedan vacíos legales y no se especifican concretamente los medios de prueba para acreditar de forma fehaciente el requisito de “estar a cargo” o “grado de dependencia” y lo que ocurre es que queda a criterio de cada Oficina de Extranjería valorar las pruebas presentadas por el solicitante, conllevando a emitir innumerables resoluciones denegatorias de tarjeta de residencia comunitaria a ese familiar, que pese a reunir todos los requisitos legales y aportar las pruebas de dependencia económica, ve truncado su propósito de legalizarse y conservar la unidad familiar.
Frente a esta denegación de la tarjeta de familiar de comunitario, el extranjero tiene la opción de acudir a la vía judicial interponiendo el respectivo recurso y los tribunales en muchas ocasiones le conceden la razón, pero el coste y el tiempo que tarda un procedimiento judicial le supone al extranjero un grave perjuicio.
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Agilización de nacionalidades

27/04/2019


Por Betariz Tobón
Abogada colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14


Ante el elevado número de solicitudes de nacionalidad española por residencia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y los pocos funcionarios encargados de este tipo de expedientes, se ha formado un gran atasco, y en la actualidad se están resolviendo solicitudes presentadas en el año 2016, en concreto hay un promedio de 400.000 expedientes pendientes y cada año se acumulan a esa cifra 80.000 solicitudes más y tan solo 5 funcionarios al frente de estos procedimientos.

En noviembre de 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se propuso poner fin a ese atasco administrativo y preparó un plan de choque para resolver los 360.000 expedientes pendientes en ese momento.

Se estudiaron posibles soluciones y las medidas más adecuadas para llevarlo a cabo, entre ellas la contratación de unos 100 funcionarios para evacuar todas las solicitudes pendientes de resolver.

Lastimosamente este “Plan Choque” no se ha podido llevar a cabo debido a que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado.

Y mientras tanto, los solicitantes siguen esperando una media de 3 años en que le sea resuelto su expediente de nacionalidad.

El 15 de octubre de 2015 entró en vigor el nuevo procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia, cuyo expediente se presenta de forma telemática, adjuntando todos los documentos requeridos debidamente digitalizados.

Y en su regulación legal se establece un plazo máximo de resolución de un año.

El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, establece: “El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y el Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.

Frente a esta situación, el solicitante de la nacionalidad, tiene la opción de acudir a la vía judicial y reclamar legalmente después de un año de tramitación, ésta presunta denegación de la nacionalidad española (o silencio administrativo negativo) e interponer un Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional, requiriendo para este trámite de Abogado y Procurador, pero teniendo en cuenta que si la solicitud de nacionalidad española fue presentada de forma correcta, una vez interpuesto este Recurso, se resolverá en el término de 4 meses, concediéndole la nacionalidad española al interesado y terminando el procedimiento judicial por satisfacción extraprocesal.

Es preciso mencionar que se deben cumplir una serie de requisitos para la interposición de este recurso entre ellos:

-Que se haya presentado bajo el nuevo procedimiento y que transcurriera un año desde la fecha de su presentación.

- Comprobar que se cumplían con los requisitos cuando se hizo la solicitud de nacionalidad española. Es decir, cumplir el plazo de residencia legal requerido en el momento de la solicitud y que la condición de “residente legal” no se haya interrumpido en ningún momento, es decir que no exista situación de irregularidad sobrevenida y que las salidas del territorio español no se hayan prolongado más del tiempo permitido.

-Que la documentación exigida se haya presentado de forma completa (certificado de nacimiento y certificado de antecedentes penales debidamente apostillados o legalizados y en su caso traducidos; haber superado los exámenes de nacionalidad, pasaporte completo. Y que toda la documentación presentada esté en vigor en el momento de la presentación.

-No tener antecedentes penales ni policiales ni ninguna causa penal abierta a fecha actual. Y no sólo al momento de la presentación de la solicitud, sino durante todo el proceso de nacionalidad, si se tuviera algún tipo de antecedentes se deberán cancelar antes de la interposición del recurso.

Por ello la importancia de haber presentado correctamente el expediente, toda vez que en este tipo de procedimiento judicial no se pueden subsanar los errores de forma o de incumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de la presentación vía telemática o en las oficinas de Registro, y la consecuencia inmediata de interponer esta demanda y que el expediente presente algún tipo de error, es la denegación de la nacionalidad, siendo el demandante (solicitante de la nacionalidad) condenado al pago de todos los gastos y costas procesales.

En la actualidad los expedientes que se están resolviendo son los correspondientes al año 2016, por tanto, la interposición de este recurso es una excelente oportunidad para impulsar las solicitudes de nacionalidad, teniendo en cuenta la poca celeridad y el grave retardo en resolver por parte de la Administración; acudir a la vía judicial a través de este recurso es la forma más ágil y eficaz para obtener una resolución favorable a su solicitud de nacionalidad española por residencia.

Si requiere de presentar su solicitud de nacionalidad española, revisión de su expediente o interposición del Recurso Contencioso Administrativo, puede contactar con nosotros (o acudir a nuestros servicios).



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