Asesoria
¿Puedo obtener una autorización de residencia con antecedentes penales?

12/05/2017

Esta pregunta es muy frecuente entre muchos extranjeros que optan a una tarjeta de residencia o renuevan la misma. Como sabemos, uno de los requisitos que se exigen para solicitar una autorización de residencia en España es el carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

La existencia de estos antecedentes penales supone una causa muy frecuente de denegación de las autorizaciones de residencia en España. No obstante, podemos encontrarnos con casos particulares en los que se ha concedido la autorización aún concurriendo dicha causa.

Uno de estos casos podemos apreciarlo en una Sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de un ciudadano extranjero (colombiano), con antecedentes penales al que se le concede el permiso de residencia temporal en España por ser padre de dos menores comunitarios. En este caso, el TS consideró que la denegación de la autorización supondría la salida del territorio de la UE, tanto del progenitor como de sus hijos menores.
Si nos remitimos a los antecedentes de hecho, el extranjero había solicitado una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, la cual fue denegado por el Director General de Inmigración basándose en la aplicación del artículo 31.4 de la Ley de Extranjería, que prohíbe conceder la residencia a quienes tengan antecedentes penales.

La resolución fue recurrida ante la Audiencia Nacional que confirmó la resolución del Director General de Inmigración. En ambos casos se consideró que el hecho de que uno de los menores tuviera la nacionalidad española no era una circunstancia suficiente, por si misma, para acreditar la concurrencia de circunstancias excepcionales. Sólo se tuvo en cuenta el hecho de que el interesado tenía antecedentes penales en España que no estaban cancelados.

Contra esta resolución, el interesado interpuso recurso ante el Tribunal Supremo que, a su vez, planteó cuestión perjudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La respuesta del TJUE fue que la denegación de la mencionada autorización impediría al menor comunitario a ejercer su derecho de residir en el territorio de la UE como ciudadano.

Por tanto, en el caso que analizamos, se plantea la no aplicación en el presente supuesto el referido al artículo 31.4 LOEX que prohíbe otorgar la residencia de forma incondicional a quienes tengan antecedentes penales, alegando el perjuicio que ocasionaría a los menores a cargo, ciudadanos de la Unión Europea, perfectamente escolarizados y correctamente atendidos por su progenitor, ya que verían impedido su derecho a residir libremente en el territorio de la Unión Europea.

El Tribunal consideró estas causas extraordinarias como suficientes para acreditar la existencia de una circunstancia excepcional, ya que la aplicación del precepto resultaría contrario a lo establecido en los artículos 20 y 21 del TFUF y a la Directiva 2004/38/CE, dado que su carácter incondicionado, que determina la denegación del permiso de residencia, incluso en el supuesto en el que dicha denegación acarrea la privación a dos ciudadanos comunitarios, menores de edad el desconocer su derecho a residir y desplazarse en el territorio de la UE.

De acuerdo con esta consideración, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el interesado anulando las sentencias anteriores, y concediendo el permiso de residencia en España.

Me gustaría comentar que hace unos meses tuve un caso de un extranjero que solicitaba la tarjeta de larga duración, y la oficina de extranjería se la denegaba por tener antecedentes penales ya cumplidos, interpusimos demanda y finalmente tuvimos una sentencia por la que se le concedió finalmente el documentoya que los antecedentes estaban totalmente cumplidos.

Aina Martorell Sabater.
Abogada, Colegiada nº 5497 ICAIB.
Telf: 699-51-90-64 / 971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados.
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3, 2º-1ª
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Convenios bilaterales de pensiones entre España y Argentina

12/05/2017

Pensiones por Convenio Bilateral (PCB) sigue tramitando los documentos para las personas interesadas en jubilarse, o por lo menos, ir adelantando gestiones para no dejar todo para última hora. En este sentido, Patricia Oteiza, responsable de la oficina de Palma de Mallorca nos informa que existe un convenio con destacados abogados en Latinoamericana con los que España tiene convenio bilateral de jubilaciones.

En este caso, en Argentina la letrada María Belén González es la persona que se encarga de presentar los documentos en la sede del ANSES y realiza el seguimiento de los expedientes para que los trámites evolucionen de manera favorable.

La abogada María Belén es la responsable de llevar el caso de la doctora, María Elena Cristofaro, afincada en Palma hace más de 15 años. Ella está realizando su trámite de jubilación por convenio ya que le corresponde la parte de Argentina.

PCB adelanta entre otras tramitaciones: constancias de no percibir ayudas en Colombia, partidas de nacimiento en Argentina, tramitación de reparación histórica en Argentina, además de vidas laborales en Ecuador, Colombia, Argentina y no contributivas en España y asesoría jurídica en derecho de extranjería, laboral, penal, de familia y civil.

La oficina está en la calle San Miguel, 30 cuarto A, Palma. Con previa cita a los números 628 478 914 / 971 720 860 Compartir esta noticia:    



El Parlamento Europeo modifica el Código de Fronteras Schengen

28/04/2017

El 7 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes, aprobó un texto transaccional, acordado con el Parlamento Europeo, sobre la modificación del código de fronteras Schengen con el fin de reforzar los controles mediante la consulta de las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.


El objetivo de esta reforma es aprovechar de forma más eficaz, las bases de datos nacionales de la UE, así como la adopción de medidas de seguridad, ya sea a través de un incremento de controles en la frontera, como la obligación de los ciudadanos de disponer de las últimas generaciones de documentos de identidad y de viaje (pasaportes biométricos, DNI electrónico). La finalidad principal es mejorar la seguridad, sobre todo en la lucha contra el terrorismo, procurando limitar lo máximo posible las molestias generadas a los viajeros.


Las novedades más importantes afectan a los controles sobre los ciudadanos comunitarios y en relación a los controles de salida para todos los viajeros. En concreto, en el caso de los ciudadanos de la Unión, se pasa a comprobar sistemáticamente sus documentos de viaje cuando entren o salgan del espacio Schengen mediante la consulta en las bases de datos.


La modificación obliga a los Estados miembros a realizar controles sistemáticos a todas las personas, inclusive a los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la UE (es decir, los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias que no sean ciudadanos de la UE) cuando crucen las fronteras exteriores, mediante la consulta de las bases de datos de documentos robados y extraviados, y a comprobar que dichas personas no representan una amenaza para el orden público o para la seguridad interior. Esta obligación será de aplicación en todas las fronteras exteriores (aéreas, marítimas y terrestres), tanto a la entrada como a la salida.


Sin embargo, cuando la consulta sistemática de las bases de datos respecto de todos los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión pueda tener un efecto desproporcionado en la fluidez del tráfico en una frontera marítima o terrestre, los Estados miembros podrán limitarse a realizar controles específicos mediante la consulta de bases de datos, siempre que una evaluación de riesgos demuestre que con ello no se ponen en peligro la seguridad interior, el orden público, las relaciones internacionales de los Estados miembros ni la salud pública.


Respecto a las fronteras aéreas, las instituciones han convenido en que los Estados miembros podrán recurrir a esta posibilidad únicamente durante un período transitorio de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento modificado. Este plazo podrá prolongarse por un máximo de dieciocho meses en circunstancias especiales, cuando en un determinado aeropuerto se presenten dificultades de infraestructura que requieran un plazo de tiempo mayor para llevar a cabo las adaptaciones necesarias para consultar sistemáticamente las bases de datos sin que ello tenga efectos desproporcionados en la fluidez del tráfico.


Es necesario informarles de que las autoridades españolas ya han adoptado las medidas pertinentes para reducir las molestias que pueda suponer este incremento de controles para los viajeros. Dichos controles se manifiestan a través de la instalación de nuevos sistemas tecnológicos y el refuerzo de personal en los puntos fronterizos, con mayor intensidad de paso.


Por ello, se recomienda a los ciudadanos comunitarios que necesiten entrar o salir del Espacio Schegen a través del territorio español, que lo hagan siempre provistos de sus pasaportes biométricos o DNI electrónico. Compartir esta noticia:    



Pros y contras de la doble nacionalidad

28/04/2017

¿Alguna vez has pensado en la doble nacionalidad, y el acto de convertirte en un ciudadano de más de un país? La doble ciudadanía es perfectamente legal en algunos casos e ilegal en otros.

¿Por qué?

Esto generalmente se debe a lo que se describe como la deslealtad o algún tipo de conflicto de interés a nivel internacional. Algunos países no tienen ningún problema con este escenario. Puedes tener doble ciudadanía en Canadá y los Estados Unidos, siempre y cuando obedezcas las leyes del país en que estés viviendo. Reino Unido, España, Australia y Francia también permiten la doble ciudadanía. Sin embargo, otros países como India, China y Alemania no permiten esta opción. En el caso de España, solo permite la doble Nacionalidad a personas originarias de los países de América Latina, Portugal, Guinea Ecuatorial, Andorra y Filipinas

¿Cuáles son las desventajas de la doble nacionalidad?

Sólo tú tienes una doble responsabilidad. Hay que respetar las leyes en materia de impuestos, el servicio militar y las restricciones de viaje para los dos países.

Las ventajas de la doble ciudadanía son que el estado permite a los residentes muchos beneficios financieros, así como la oportunidad de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos Nacionales (Policía, Fiscalía, Funcionarios Públicos, entre otros) además de tener la oportunidad de elegir a tus representantes por medio del voto. Por otro lado, los viajeros con este estatus no tendrán que dedicar mucho tiempo a conseguir visas.

En ese sentido, si estás interesado en la doble ciudadanía asegúrate de comprobar los planes y los detalles técnicos que intervienen con un abogado, en lugar de arriesgarte a hacer algo ilegal.

Nacionalidad Española

En estos tiempos tan difíciles, cada vez parece más conveniente para los residentes en España procedentes de otros países, obtener la Nacionalidad Española, ¿pero realmente es necesario?

¿Por qué solicitar la Nacionalidad Española?

La Nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado, siendo este un derecho fundamental y constituyendo el estatuto jurídico de las personas.

El Art. 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una nacionalidad y a no verse privado de su nacionalidad y a su derecho a cambiarla.

Por tanto todas las personas tienen derecho a ser nacionales de un país, y a poder cambiar su nacionalidad si lo consideran conveniente.

Tener la Nacionalidad Española supone ser miembro y pertenecer al estado español, con todos sus derechos y sus obligaciones, por ello tanto los nacionales de origen, como los que han adquirido la nacionalidad con posterioridad, serán iguales ante la Ley.

Obtener la Nacionalidad Española es mucho más que poseer un permiso de residencia y trabajo permanente. Es tener los mismos derechos y obligaciones que todos los españoles.

Entre estos Derechos, podrás optar a cualquier cargo público de la administración, podrás presentarte a oposiciones y a bolsas de trabajo, y podrás ser cargos electos, como cualquier español de origen.

Pero no es sólo dentro del estado español donde vas a ver protegidos tus derechos, sino que también fuera de nuestras fronteras.

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Se modifica del Código de Fronteras Schengen

27/04/2017

El 7 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes, aprobó un texto transaccional, acordado con el Parlamento Europeo, sobre la modificación del código de fronteras Schengen con el fin de reforzar los controles mediante la consulta de las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.

El objetivo de esta reforma es aprovechar de forma más eficaz, las bases de datos nacionales de la UE, así como la adopción de medidas de seguridad, ya sea a través de un incremento de controles en la frontera, como la obligación de los ciudadanos de disponer de las últimas generaciones de documentos de identidad y de viaje (pasaportes biométricos, DNI electrónico). La finalidad principal es mejorar la seguridad, sobre todo en la lucha contra el terrorismo, procurando limitar lo máximo posible las molestias generadas a los viajeros.
Las novedades más importantes afectan a los controles sobre los ciudadanos comunitarios y en relación a los controles de salida para todos los viajeros. En concreto, en el caso de los ciudadanos de la Unión, se pasa a comprobar sistemáticamente sus documentos de viaje cuando entren o salgan del espacio Schengen mediante la consulta en las bases de datos.

La modificación obliga a los Estados miembros a realizar controles sistemáticos a todas las personas, inclusive a los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la UE (es decir, los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias que no sean ciudadanos de la UE) cuando crucen las fronteras exteriores, mediante la consulta de las bases de datos de documentos robados y extraviados, y a comprobar que dichas personas no representan una amenaza para el orden público o para la seguridad interior. Esta obligación será de aplicación en todas las fronteras exteriores (aéreas, marítimas y terrestres), tanto a la entrada como a la salida.
Sin embargo, cuando la consulta sistemática de las bases de datos respecto de todos los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión pueda tener un efecto desproporcionado en la fluidez del tráfico en una frontera marítima o terrestre, los Estados miembros podrán limitarse a realizar controles específicos mediante la consulta de bases de datos, siempre que una evaluación de riesgos demuestre que con ello no se ponen en peligro la seguridad interior, el orden público, las relaciones internacionales de los Estados miembros ni la salud pública.

Respecto a las fronteras aéreas, las instituciones han convenido en que los Estados miembros podrán recurrir a esta posibilidad únicamente durante un período transitorio de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento modificado. Este plazo podrá prolongarse por un máximo de dieciocho meses en circunstancias especiales, cuando en un determinado aeropuerto se presenten dificultades de infraestructura que requieran un plazo de tiempo mayor para llevar a cabo las adaptaciones necesarias para consultar sistemáticamente las bases de datos sin que ello tenga efectos desproporcionados en la fluidez del tráfico.

Es necesario informarles de que las autoridades españolas ya han adoptado las medidas pertinentes para reducir las molestias que pueda suponer este incremento de controles para los viajeros. Dichos controles se manifiestan a través de la instalación de nuevos sistemas tecnológicos y el refuerzo de personal en los puntos fronterizos, con mayor intensidad de paso.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos comunitarios que necesiten entrar o salir del Espacio Schegen a través del territorio español, que lo hagan siempre provistos de sus pasaportes biométricos o DNI electrónico.
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¿Cómo afecta el Brexit a los británicos que viven en España?

12/04/2017

En España viven casi 300.000 ciudadanos británicos, a día de hoy casi todos se preguntan cómo afectará a su residencia en España la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ellos es una incertidumbre, pero deben empezar a conocer cuál será la situación que se van a encontrar cuando ello suceda.
Los ciudadanos británicos que viven en España se acogen ahora mismo a su estatus de ciudadanos comunitarios, por lo tanto con libertad de libre circulación y establecimiento laboral dentro de los países de la Unión. La salida de la UE por parte del Reino Unido supondrá el cese en su condición de ciudadanos comunitarios y los derechos inherentes a este régimen jurídico.
Una de las cuestiones que surgen es saber si es posible llegarse a quedar sin papeles. Es bastante improbable que esto llegue a suceder. En el peor de los casos, la normativa de extranjería permite cambiar de régimen jurídico en el caso de cese de la condición de ciudadano de la Unión o familiar de éste. Situándonos en el peor de los escenarios, donde el Reino Unido saliera de la Unión sin adherirse a otros tratados internacionales o bilaterales con España que les permitieran disfrutar del mismo estatus actual, sería factible, caso a caso, el cambio del tipo de residencia de cada uno de los ciudadanos británicos que actualmente disponen de un NIE como comunitarios a un NIE como extracomunitarios. Sería necesario iniciar un procedimiento legal de modificación de régimen comunitario a régimen general de extranjería, con unos plazos, un procedimiento y una serie de requisitos de índole económico para cada uno de los solicitantes.
¿Podrían seguir los británicos disfrutando de su mismo estatus jurídico y sus mismos derechos en España aún saliendo de la Unión Europea?
En la actualidad hay países que, pese a no ser de la Unión Europea, disfrutan de un estatuto que permite a sus nacionales vivir y trabajar en España como si fueran ciudadanos comunitarios. Hablamos de Noruega, Liechtenstein e Islandia y Suiza.
Lo más previsible en el caso de Reino Unido es que, aunque salgan de la Unión Europea, se mantengan dentro de Espacio Económico Europeo y por lo tanto sus ciudadanos seguirán disfrutando de la libre circulación. Pero claro, los ciudadanos del resto de países de la UE y Espacio Económico Europeo seguirían también disfrutando de estos derechos de libre circulación en el Reino Unido por lo que uno de los objetivos del Brexit no estaría plenamente cumplido ya que en ese país no podrían limitar la inmigración de ciudadanos comunitarios hacia el Reino Unido.
Parece claro, por tanto que el mantenimiento de ese estatus es el más probable, bien por adhesión al Espacio Económico Europeo, bien por la firma de acuerdos con la UE, como ocurre con Suiza. Reino Unido sería un país independiente pero con libre circulación, para que nos entendamos.
Los próximos meses serán decisivos, por tanto para los británicos que viven en España será muy importante que se informen de las próximas decisiones y como les puede afectar en su residencia.

Aina Martorell Sabater.
Abogada, Colegiada nº 5497 ICAIB.
Telf: 699-51-90-64 / 971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados.
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3, 2º-1ª

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La nacionalidad española

12/04/2017

“La nacionalidad española en estos momentos y por aplicación de la Directiva no facilita la extensión de los derechos del ciudadano español sobre sus familiares”


Margarita Palos Nadal

Colegiado 1242



Nacionalidad española



Muchos de ustedes se estarán planteando solicitar la nacionalidad española y seguramente pensarán en la trascendencia que realizar este importante trámite va a tener para sus familias. Es verdad que muchas personas se preguntan, ¿podré trasladar a mi madre o a mi padre a España?, ¿podré regularizar a mi hijos mayores de edad que están en España?. Pues bien, estas cuestiones no son automáticas para nadie en este momento. Los únicos con seguridad beneficiados por la nacionalidad española de los progenitores son los menores de edad que pueden solicitar su nacionalidad por opción en el Registro Civil de su domicilio, del mismo modo los menores nacidos en España que con un año de residencia legal en territorio español podrán instar su solicitud de nacionalidad por residencia.

El esposo de la ciudadana española podrá obtener una autorización de residencia de familiar comunitario, pero y si la ciudadana española no tiene trabajo, ¿podrá obtener la tarjeta de familiar de residente de la Unión?, en vía administrativa desde luego que no, salvo que uno de los dos trabaje con los ingresos exigidos por la Administración . Y lo que es peor, no podrá renovar el esposo la tarjeta de familiar de la Unión sino hubieran trabajado cotizando a la Seguridad Social. Vamos viendo que ser español y estar casado con extranjero no facilita la vida ni del extranjero ni del español en innumerables ocasiones. Antes bien, a veces lo complica todo soberanamente. Ni la crisis económica ha enternecido a la Administración en cuanto a las exigencias de cotizaciones laborales de familias españolas y digo “españolas “ porque en ellas uno de ambos cónyuges es español. Si además la ciudadana española tiene hijos mayores de 21 años tendrá que acreditar que los ha mantenido en su país de origen, de manera que los envíos de dinero desde España posibilitaban exclusivamente su mantenimiento y subsistencia. Y ello hay que probarlo, en un arduo y duro trabajo de papeleo interminable, donde según el país de procedencia la cuestión es más o menos complicada. Ni siquiera las personas procedentes de los países más pobres de Iberoamérica y del Caribe, alcanzan la sensibilidad de la Administración. No podemos entender como con sueldos de veinticinco euros al cambio o incluso menos hay que acreditar la dependencia económica de un progenitor español. ¿Podrían subsistir algunos habitantes del caribe sino fuera por las remesas que reciben del exterior?. Son cuestiones de todos conocidas pero su público conocimiento no exime de su prueba ante la Adminstración del Estado.

Así pues, si el hijo se encuentra en España, deberá probar que no trabajaba en su país, si además estuviera casado a pesar de su juventud, también deberá probar que la esposa no ha estado realizando actividad laboral, de manera que no pueda inferirse que es la misma que le mantiene. Si estudiaba deberá acreditar hasta cuando… En fin nada se da por hecho y todo hay que probarlo.

Servirá de algo el matrimonio con español/a o ciudadano/a comunitario/a a quien se encuentra en prisión con un decreto de expulsión?. Pues depende (fundamentalmente del delito cometido y de la residencia que ostente el condenado) y ya veremos, esa es la respuesta más recomendable. Si el matrimonio y la existencia de la familia es anterior a la resolución de expulsión se valorará bajo unos determinados parámetros. Si se ha contraído matrimonio con español/a después de la expulsión es otro tema. En cualquier caso la existencia de una familia acreditada en territorio español con vínculos españoles o comunitarios otorga al individuo un determinado arraigo en España que se valorará en las instancias administrativas y judiciales, o por lo menos así debiera ser.

De ahí concluimos una vez más que la nacionalidad española en estos momentos y por aplicación de la Directiva comunitario 2004/38/CE no facilita en lo más mínimo la extensión de los derechos del ciudadano español sobre sus familiares más allegados, lo cual no quiere decir que sea imposible la documentación de los mismos en territorio español.

Por último manifestar que ya se pueden consultar los números de expedientes de las solicitudes de nacionalidad presentadas a finales del 2014 e inicios del 2015. Deben ser de diciembre 2014 o enero de 2015. Se avanza a un ritmo totalmente inadecuado. Por eso desde aquí recomendamos interponer la correspondiente queja al Defensor del Pueblo, para que por lo menos conste en esta alta Institución del Estado la impresentable demora del Ministerio de Justicia y pueda la Institución cursar las oportunas recomendaciones.

Efectivamente existe la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la nacionalidad española, que comporta los correspondientes gastos, salvo que se tenga derecho a justicia gratuita.









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Aunque parezca extraño, en cuestión de extranjería, la administración ya no se fía de la propia administración

30/03/2017

Ya hemos ido informando en artículos anteriores de los requerimientos que realiza extranjería respecto a las solicitudes de residencias presentadas, y sobre todo la documentación exigida a los empleadores que presentan una oferta de trabajo, en concreto documentación que acredita la situación económica de la empresa.
Acreditar la situación económica de la empresa tiene por objetivo demostrar que la empresa contratante puede garantizar la oferta de trabajo por el tiempo de un año. Antiguamente, para ello, se exigía demostrar que la empresa no tuviese deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda, así como demostrar de una forma mínima que la empresa es solvente.
Hoy en día las exigencias, como ya hemos tratado en artículos anteriores, se han incrementado, y se pide que la empresa ponga a disposición de la Oficina de Extranjería toda la documentación económica, desde los impuestos de sociedades hasta las declaraciones de renta de los empleadores o certificados bancarios que acrediten los saldos medios anuales de las cuentas y el saldo actual.
A mi modo de ver una injerencia desorbitada, en muchos de los casos, en la vida privada del empleador que, desde luego, ante tantos requisitos, hace que muchos empleadores sean reacios a proporcionar la documentación exigida, y por ende las solicitudes de residencia lleguen a ser denegadas por dicho motivo.
Demostrar arraigo
En los últimos días hemos comenzado a observar como desde la Oficina de Extranjería se están realizando nuevos requerimientos en los procesos de Arraigo Social.
Hasta ahora para acreditar los tres años de estancia en un proceso de Arraigo Social era preciso aportar, y se exigía por parte de la Oficina de Extranjería, el empadronamiento histórico que demuestra los tres años de estancia, y en su caso el Informe del Ayuntamiento que acredita la inserción social y también la estancia continuada de tres años.
En este nuevo requerimiento se está pidiendo que los solicitantes de Arraigo Social, aun habiendo aportado el empadronamiento y el Informe de Inserción Social del Ayuntamiento, demuestre los tres años de estancia con otros medios de prueba validos en derecho.
Este nuevo requerimiento es del todo innecesario, y sobre todo pone en evidencia a la Administración que parece ser que ya no se fía ni de la oficina del padrón municipal, ni de los servicios sociales de los ayuntamientos, que a la postre son los que realizan los informes de inserción social. Esta es la coordinación entre administraciones que promulgan las nuevas leyes, la coordinación telemática.
Por una parte se nos está exigiendo a profesionales y empresas que usen los medios telemáticos para las comunicaciones con las administraciones, además de un modo precario y con sistemas que fallan en muchas ocasiones, si es que no le falla la red e internet del solicitante, y con programas y aplicaciones de dudosa practicidad, para luego por otra parte no aprovechar, esa misma administración, los medios electrónicos y exigir mucha documentación a la que, seguramente, tenga acceso la propia administración.
Tras haber presentado el empadronamiento histórico y el informe del ayuntamiento, mi opinión es que son ganas de complicar lo que hace que se den estos nuevos requerimientos, ganas de que no salgan muchas residencias, ganas de dificultar el acceso a la regularidad.
Ya es bastante difícil en los días que corren tener una oferta de trabajo por un año a jornada completa, además la dificultad añadida de que el empleador acredite y esté dispuesto a facilitar al solicitante y a extranjería toda su documentación económica empresarial o particular, como para que ahora se exija aportar más documentación que, seguramente, ya conste en el informe municipal de inserción. Documentación innecesaria que lo único que persigue es complicar los trámites administrativos y burocráticos, ya de por si nada sencillos. Como siempre, el Estado facilitando el acceso a la Administración y facilitando las relaciones entre administrados y administración.
Solo como curiosidad, decir que nadie parece pedir como prueba de la entrada en España y de la estancia en España por tres años el sello de entrada en el pasaporte. La acreditación de esos tres años se ha exigido siempre por empadronamiento, lo cual ha sido casi como una religión para extranjería. A esto se le añade un informe del ayuntamiento y de sus servicios sociales; y como esto no les basta se exige ahora cualquier prueba documental, a ser posible oficial, de la estancia de tres años. Y el sello de entrada sigue sin ser una prueba.
Parece ser que, como ya hemos dicho antes, la administración no se fía de sus colegas de administración y, por supuesto tampoco se fía de las fronteras ni de los sellos estampados en los pasaportes. Es normal, en los días que corren mejor no fiarse de nadie, y menos si se trata de la administración, dirigida por políticos interesados en arreglarnos el mundo, o ¿de arreglar el suyo propio?
Fdo. Igor Valiente Compartir esta noticia:    



¿Puedo viajar sin visado siendo titular de una tarjeta comunitaria?

30/03/2017

El propio nombre de este tipo de autorización suele ocasionar confusión, ya que muchos de los titulares de esa tarjeta entienden que por ser “comunitaria” les permite viajar libremente sin restricciones, o incluso, trabajar en otro Estado Miembro de la UE.
Si usted es nacional de un país de la UE y tiene familiares que no lo son, esos familiares pueden acompañarle o reunirse con usted si va a otro país de la UE.
Ahora bien, deben llevar un pasaporte válido en todo momento y, dependiendo de su país de origen, pueden tener que presentar también un visado de entrada en la frontera.
¿En qué casos el familiar de comunitario está exento de solicitar un visado?
El cónyuge,  padres, abuelos, hijos extracomunitarios no necesitan visado del país al que viajan si poseen un permiso de residencia o un visado de un país del espacio Schengen .
Pero, es necesario tener en cuenta que  los permisos de residencia expedidos por países no pertenecientes al espacio Schengen, no permiten a los familiares no ciudadanos de la UE a viajar sin visado a un país del espacio Schengen.
 ¿Y si quiero viajar a un Estado que no forma parte del Espacio Schengen? En estos casos, aunque tengas un permiso de residencia para viajar a un país que no forma parte del Espacio Schengen necesita un visado de entrada.
También estarán exentos de solicitar un visado, los familiares que tengan un permiso de residencia de familiar, expedido de acuerdo con la normativa de la UE por cualquier país de la UE (excepto el país del interesado), y pueden acompañarle a otro país de la UE o reunirse ahí con él. En el permiso de residencia debe constar claramente que el titular es familiar de un ciudadano de la UE.
Es decir, no necesitan visado si la autorización ha sido expedida por un Estado miembro de la UE distinto al país del que es nacional el ciudadano comunitario, y el familiar viaje a otro Estado Miembro con él.
Siempre es mejor que sus familiares extracomunitarios se informen bien antes de salir de viaje y lleven consigo todos los documentos necesarios.
Ahora bien, si llegan a la frontera sin el visado de entrada, las autoridades fronterizas deben permitirles que demuestren por cualquier otro medio que son familiares de un ciudadano de la UE. Si consiguen demostrarlo, las autoridades tendrán que facilitarles un visado de entrada en la misma frontera.
En muy pocos casos, un país de la UE puede denegar la entrada, al comunitario o a sus familiares. Sólo cuando concurran  razones de “orden público, seguridad pública o salud pública”.
En ese caso, las autoridades deben demostrar que tanto el comunitario como sus familiares representan una “amenaza real, actual y suficientemente grave”.
Esta decisión debe ser comunicada por escrito, especificando todos los motivos que la justifican y explicando cómo se puede interponer recursos y plazos.

Aina Martorell Sabater
Abogada
Col. 5497
Tel. 699.51.90.64 // 971.66.60.54
Calle Josep Tous i Ferrer nº3, 2º-1ª
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La retirada de la nacionalidad a quienes tengan un historial delictivo

30/03/2017

Margarita Palos Nadal

La comisión de delitos durante el proceso de nacionalidad española, no detectados por la Administración durante el proceso tramitación de la nacionalidad, puede ocasionar la retirada de la nacionalidad española a quienes le hubiese sido concedida.

Si la Administración conoce de la comisión de delitos de un español que haya adquirido la nacionalidad por residencia puede iniciar un proceso denominado declaración de lesividad. La declaración de lesividad pretende declarar que el acto de concesión de nacionalidad española es lesivo para el interés público puesto que su destinatario no merecía que se le otorgase la nacionalidad española. En estos supuestos los delitos normalmente se han cometido con posterioridad a la solicitud de nacionalidad española y se conocen después de haber sido concedida la misma.

Como todos saben es preciso acreditar buena conducta cívica para la concesión de nacionalidad española por residencia, es decir carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, pero puede suceder que durante el proceso por algún error de la Administración no se consulten debidamente las bases de datos del registro de penados o simplemente que el antecedente en cuestión se grabe con posterioridad a la concesión de la nacionalidad.

En estos supuestos, por decirlo de alguna manera, el historial delictivo queda oculto a los ojos de la Administración que una vez que se percata de la situación lo que se pretende es revocar la concesión de la nacionalidad española concedida puesto que el beneficiario de la concesión no merece tal reconocimiento y además dicho reconocimiento es perjudicial para los intereses del Estado.

Es la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia el organismo que acuerda incoar el procedimiento de declaración de lesividad, es decir es la propia administración la que impugna sus propios actos y la lesividad es declarada por el Consejo de Ministros. La declaración de lesividad es un proceso administrativo que puede finalizar en los tribunales de justicia de existir disconformidad por parte del sujeto respecto del cual se pretende revocar la nacionalidad española concedida. La administración tiene un plazo para iniciar una declaración de lesividad que es el de cuatro años desde que tiene conocimiento de la comisión de delitos por quien fue beneficiado por la concesión de la nacionalidad española y en el supuesto de iniciar el procedimiento, si no resuelve en el plazo de seis meses, será archivado.

Hace pocos días un periódico de ámbito nacional se hacía eco de los errores de la Administración fundamentalmente por conceder la nacionalidad a personas que sumaban delitos de gran trascendencia (tráfico de drogas y otros) en sus currículos. Estos errores, siendo ciertos, no deben empañar una realidad y es que la mayoría de personas que son declaradas españolas cumplen los requisitos exigidos y conviven pacíficamente entre nosotros como españoles que son.

En otro orden de cosas podemos informar de que ya se encuentran en la web del Ministerio de Justicia los expedientes presentados telemáticamente para ser consultados, no así aquellos expedientes que se presentaron con anterioridad en los registros civiles. Detectamos que las grabaciones no mostraban, en algunos supuestos los primeros apellidos, lo que pusimos en conocimiento del Ministerio de Justicia que nos ha indicado que por incidencias técnicas pueden encontrarse errores en la información telemática, que no afectan al expediente, y que pueden estar referidos a Estado del expediente: se le indica que el NIE o el número de expediente son incorrectos y posteriormente se le indica que su expediente ha sido registrado correctamente. - No se le muestra el primer apellido.- Fecha del estado.

Seguimos pendientes de la grabación de los expedientes presentados con anterioridad “ en papel “, de la grabación de los recursos de reposición interpuestos y de que se normalice el proceso para realizarse en unos plazos con arreglo a las disposiciones vigentes.

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Baleares Sin fronteras (+34) 971 720 860 (+34) 655 207 019