ASESORÍA
Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para registrarse como pareja estable en el registro de Baleares

27/06/2019


Por: Margarita Palos Nadal
Abogado Colegiado 1242 del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares CL. Cerdanya 5 / 07012 / Palma
Tel. 971 71 91 22
(cita previa de lunes a sábado)


El 28 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial de les Illes Balears, la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears. Dicha Ley incluye una disposición adicional decimocuarta que modifica la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. Dicha modificación legal ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado.

A veces el legislador aprovecha una modificación legal para incluir otra de una Ley distinta, es una técnica legislativa muy habitual. Pero a veces dichas modificaciones pueden pasar asi desapercibidas.

Desde la publicación de la modificación podemos distinguir entre inscripciones obligatorias y voluntarias.

El contenido de la misma se refiere a que deben inscribirse necesariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears las declaraciones formales de constitución de parejas estables, las modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa. En este sentido, por ejemplo, una declaración de constitución de pareja estable realizada ante notario deberá ser inscrita en el Registro de Parejas estables.

Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para la inscripción en el Registro de Parejas Estables, ni que uno de los dos miembros sea español. Incluso, los nuevos impresos distinguen las dos posibilidades la inscripción con vecindad civil balear y la inscripción sin el requisito de la vecindad civil balear.

La modificación legal se refiere también a la posibilidad de inscribirse voluntariamente en el Registro de Parejas estables aquellas parejas cuyos miembros no cumplan el requisito de que como mínimo uno de los dos miembros ostente la vecindad civil en las Illes Balears. Podrán solicitar su inscripción mientras tengan los requisitos de capacidad previstos en la Ley de 18/2001 no teniendo ningún impedimento que les impida la inscripción. Ahora bien, en este caso no quedará la pareja sometida al derecho civil balear, sino a la normativa general que afecte a las parejas estables, y tampoco la inscripción tendrá carácter constitutivo. Ambos miembros de la pareja tendrán que tener vecindad administrativa ( empadronados ) en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

La vecindad civil balear sólo la pueden adquirir los españoles y hasta ahora sólo se podían inscribir si uno de los miembros de la pareja era español y llevaba empadronado los últimos diez años en Baleares o bien adquiría la vecindad civil voluntariamente.

Con la modificación legislativa pueden inscribirse voluntariamente en el Registro parejas cuyos dos miembros sean extranjeros, ya que en las inscripciones voluntarias como hemos dicho no es requisito ser español ni tener la vecindad civil balear.

En todos los casos las parejas declaran que no son parientes y no forman pareja estable registrada con ninguna otra persona en el Registro de Parejas Estables de Baleares, cualquier registro municipal o autonómico del resto de España.

Para no dar lugar a equívocos desde ahora manifestamos que la inscripción voluntaria de una pareja de extranjeros, por ejemplo uno/a residente en régimen general ( no comunitario ) y otro/a en situación de irregularidad no comportará la regularización del extranjero salvo que se cumplan en su caso los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000.
Les mantendremos informados más adelante una vez que se clarifique la exacta trascendencia de esta modificación legislativa que ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears ( BOIB ).



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Bulos sobre la inmigración destapados tras las elecciones

14/06/2019

Durante los meses previos a las elecciones, vemos cómo los partidos políticos despliegan todo su arsenal de medidas y propuestas. En ese período es mucha la información que se propaga sin contrastar o con intención de desbancar al contrario en la lucha de votos. Concretamente, los bulos sobre la inmigración son de los que más se difunden a una velocidad de vértigo.

Ahora que ya ha pasado el período electoral, queremos desmentir algunas de las informaciones que enturbian el panorama y la situación, ya difícil de por sí, de la población inmigrante en España.

Las mentiras y bulos sobre la inmigración

PRUNE: el partido musulmán que iba a conseguir dos millones de votos en decenas de municipios
Una de las noticias fakes más sonadas se trató de un rumor que circuló por WhatsApp. Según aseguraba dicha información, el Partido Renacimiento y Unión de Europa de origen musulmán, conocido como PRUNE, se presentaría a las elecciones en decenas de municipios.

Además, este bulo le atribuía al partido tantos votos como musulmanes hay en España: casi dos millones.
La realidad fue bien distinta. El Partido Renacimiento y Unión de Europa se presentó sólo a las alcaldías de Mollet del Vallès, Sevilla y Algeciras. Y en total, tan sólo logró 179 votos.

Concretamente, fue la última fuerza en Mollet del Vallès, con sólo 18 votos de los 22.592 registrados. Igual que en Sevilla, donde fueron 46 las personas que votaron a este partido de las 317.843 que votaron. En Algeciras, fueron 115 los que se registraron de los 44.067 votos escrutados.

Pedro Sánchez no regala nacionalidades

En enero, varios medios de comunicación como Diario Patriota, se hicieron eco de un plan que urdía Pedro Sánchez para ganar el voto de la población inmigrante. Este plan suponía nada más y nada menos que «regalar» la nacionalidad española a más de 300.000 inmigrantes.

Ese diario, pronosticaba un aumento de un 5% de los votos a favor del Partido Socialista, debido a esos 300.000 nuevos españoles agradecidos por la medida. Y sin gastar un céntimo, propaganda totalmente gratuita.

Lo cierto es que de enero a abril de 2019, el Ministerio de Justicia ha concedido la nacionalidad a 16.679 inmigrantes y no a 300.000. Además, no todos ellos pudieron votar en estas elecciones. El censo electoral para el 28 de abril se había cerrado en diciembre y el del 26 de mayo se cerró en febrero. Por tanto, de todas esas personas nacionalizadas, sólo 5.668 tuvieron derecho a voto.

Número de concesiones de nacionalidad española de enero a abril de 2019: ¿300.000?

Tras la divulgación de dicho plan, se solicitó una petición de transparencia. El resultado mostró que el Ministerio de Justicia había concedido la nacionalidad española a 16.679 extranjeros de enero a abril de 2019.

Durante el año 2018, en el que gobernaron tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, el Ministerio de Justicia concedió un total de 90.940 nacionalidades españolas. De hecho, no ha habido año en el que se hayan concedido 300.000 nacionalidades. El récord lo ostenta 2013, un año en el que se concedieron 261.000 nacionalidades por residencia.



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El trámite de Perú y Uruguay, dos de los países que tienen convenio bilateral de pensiones con España, está funcionando eficientemente

14/06/2019


Perú y Uruguay son los dos países que mejor están funcionando en este momento en el convenio bilateral de España de pensiones del tiempo trabajado en el país de origen sumado a lo que se haya cotizado aquí. Así lo ha confirmado Patricia Oteiza, directora de la empresa Pensiones por Convenio Bilateral (PCB).

Y es que desde PCB se han alcanzado convenios de colaboración con abogados peruanos y uruguayos para comenzar a realizar los trámites de gente residente en Baleares que está ad portas de la jubilación en España, o simplemente, personas que aunque no han llegado a la edad quieren revisar que los aportes realizados en su país de origen correspondan a la realidad de lo que cotizaron.

Los casos que está tramitando PCB con ciudadanos peruanos están llegando a feliz puerto. Tal es la situación de Laura Beatriz Smith Poppe, que se jubiló en seis meses por el convenio bilateral entre su país de origen y España. En este sentido, ella cumplía con los requisitos exigidos en ambos territorios, es decir, el aporte mínimo en Perú de 20 años y la edad mínima de 65 años y en España la cotización de 15 años con una edad también de 65 años.

“Estamos notando en este último tiempo que el sistema burocrático de papeleo en Perú y Uruguay está funcionando eficientemente además de acelerar los trámites, es una gran ventaja para los ciudadanos de estos países que tienen la intención de jubilarse o por lo menos de enterarse de los aportes realizados en sus países”, dice Oteiza.


Expedientes

De la misma forma, en PCB ya se han sacado adelante varios expedientes de personas que han cotizado en sus países de origen y en España. “para nosotros es satisfactorio afirmar que después de tres años nuestros clientes comienzan a jubilarse aplicando el convenio bilateral de España con sus países de origen”, comenta Patricia Oteiza, directora de PCB.

Patricia pone como ejemplo a la ciudadana argentina, María Cristina Rodríguez que se jubiló en mayo. “Se adelantó con éxito la tramitación de su jubilación en ambos países, y ahora ella puede afirmar que disfruta del derecho a su pensión”.

Muchas personas desconocen que España tiene un convenio reciproco de pensiones con la mayoría de países de Latinoamérica, lo que en la práctica equivale a que las personas que hayan cotizado en ambos países tengan derecho a la reunificación de los tiempos.

Sin embargo, es recomendable comenzar a realizar las averiguaciones con antelación, anticiparse a la pensión es la mejor forma de asegurar lo que ha trabajado durante toda la vida, pues no faltan los inconvenientes burocráticos que requieren de tiempo para solucionarlos. 

Se suelen presentar casos, dice Oteiza, de personas a las que no les aparecen los años cotizados en sus países, por lo que es necesario antes de cumplir la edad de jubilación adelantarse a cualquier tipo de inconveniente que surja. No se puede perder ningún año cotizado y es necesario afrontar cualquier eventualidad que surja, merced a los convenios de colaboración de PCB con abogados especializados en pensiones.

PCB tiene convenios con abogados en Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia para comenzar a hacer los trámites de allí, especialmente estando pendiente de que los años que aparezcan en el historial laboral correspondan a lo que realmente se ha cotizado.
En estos momentos Lucía Rodríguez, originaria de Bolivia, ha comenzado a realizar sus gestiones con PCB tramitaciones para unificar los tiempos de trabajo cotizados en el país del altiplano y España.  

Afirma que ha acudido a PCB gracias a las recomendaciones de personas que ya han obtenido su pensión, a tenor de la eficiente respuesta que han recibido conocidos suyos.

Vale resaltar que PCB ofrece asesoría jurídica en derecho de extranjería, laboral, civil , penal y familiar.

En el derecho de extranjería se trabaja en solicitudes de renovaciones de tarjetas y permisos de residencia, nacionalidades, arraigos sociales y familiares y reagrupaciones familiares, entre otros trámites.


Dirección de PCB:
calle Sant Miguel 30, cuarto A, Palma. Contacto 628 47 89 14/ 971 720 860 (con cita previa).



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Ecuatorianos podrán entrar sin visado a España a finales de este año o a comienzos del 2020

23/05/2019

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia en recientes declaraciones hechas el pasado 10 de mayo de 2019, ha informado que en noviembre del 2019 el Espacio Schengen, el cual está integrado por 26 países europeos darían viabilidad a la solicitud de Ecuador para que los ecuatorianos viajen sin visa al territorio Schengen.

Desde el año 2016 se han iniciado las gestiones para que Ecuador obtenga la exoneración de la visa de corta duración en el Espacio Schengen y quedan ya pocos meses para lograrlo.

En su entrevista para la radio Huancavilca, el Canciller de Ecuador José Valencia manifestó:

“Hemos hablado con autoridades europeas y pensamos que en septiembre u octubre podríamos estar listos para que se adopte la anulación del visado Schengen y pueda entrar en vigor en noviembre”.

Considera, por tanto, que el plazo estaría perfecto, ya que el próximo mes de octubre se pondría en marcha la emisión del primer pasaporte biométrico o electrónico en Ecuador, siendo este uno de los requisitos exigidos por las autoridades del Espacio Schengen.

“En Ecuador esa decisión calza a la perfección, porque ese sería el tiempo que necesitamos para la implementación del pasaporte biométrico. La adaptación tecnológica estará lista para finales de 2019”, comunicó el Canciller Valencia.
Con la supresión del requisito de la visa, los ecuatorianos podrán circular libremente por el Espacio Schengen durante estancias cortas de hasta 90 días, cada seis meses, cualquiera sea su motivo de viaje, como turismo, asistencia a eventos deportivos o culturales, tratamientos médicos o estancia por estudios, entre otros.

Recordemos cuales son los países que componen el Espacio Schengen: España, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.

Puntualizó el Canciller ecuatoriano José Valencia, en enero de 2019 en la Comisión Europea: “Que la exención del requisito de visado para visitas de corta duración en la zona Schengen para los ecuatorianos, reportará beneficios a las dos partes, tanto como económicos, sociales, culturales y políticos.”

Es preciso resaltar que a pesar de que eliminen el requisito de la visa para los ciudadanos ecuatorianos en el Espacio Schengen, se deberán aportar una serie de documentos y acreditar el cumplimiento de unos requisitos al entrar en esta zona, tales como:

-Pasaporte electrónico válido al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.
-Reserva de pasaje -billete de avión- de ida y vuelta

-Documentos justificativos del alojamiento (reserva de hotel, contrato de alquiler, carta de invitación expedida por una Comisaría de Policía en España en caso de ser invitado por un particular residente en España, etc.). En caso de tours organizados, la reserva debe haber sido gestionada a través de una agencia de viajes acreditadas por la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

-Documentos que justifiquen la disponibilidad de recursos económicos propios por el tiempo de estancia (si el solicitante es dependiente económicamente, la documentación será la de los padres, cónyuge o hijos).

El tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la cantidad económica exigida será el número de días resultantes desde la fecha de entrada en España hasta la fecha de salida que figure en el billete, ambas fechas incluidas. Durante el año 2019, la cantidad mínima a acreditar es de 90 euros por persona y día, con un mínimo de 810 euros o su equivalente legal en moneda extranjera.

Para acreditar que dispone de los medios económicos señalados, lo podrá hacer mediante la exhibición de los mismos, en el caso de que los posean en efectivo, o mediante la presentación de cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañadas del extracto de la cuenta bancaria puesta al día.

-Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura mínima de 30.000 euros.


Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14



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Dificultades para obtener la tarjeta de residencia comunitaria como familia extensa

13/05/2019

El concepto de la reagrupación familiar como “familia extensa” se originó el 9 de diciembre de 2015 cuando entró en vigor la reforma del Real Decreto 240/2007 con el RD 987/2015 que regula el régimen comunitario, de tal forma que se amplía la reagrupación a familiares no tan directos y que se encuentren a cargo del ciudadano español o de la Unión Europea.
Con esta reforma se extiende el listado de familiares que pueden venir a vivir a España junto con el ciudadano español o ciudadano comunitario y obtener el permiso de residencia, ya que anteriormente solo se consideraban como miembros de una familia a los cónyuges; las parejas de hecho registradas; los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho; y los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho.
El Real Decreto 987/2015 determina que los nuevos familiares que pueden ser reagrupados, bajo el supuesto de familia extensa, son los siguientes:
a) Los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, no incluidos en el artículo 2 del presente real decreto, que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.
2.º Que, por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia.
b) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 4.b) de este artículo. (Se considerará que se trata de una pareja estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada).
Veamos algunos ejemplos prácticos de reagrupación familiar por el supuesto de familia extensa:
-El caso de nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, abuelos que en el momento de la solicitud se encuentren viviendo juntos más de dos años con el ciudadano comunitario; o que estén a su cargo desde el país de procedencia. Así mismo aquellos familiares que por gravedad de salud o alguna discapacidad necesiten que el comunitario se haga cargo personal de este y se hace necesario que venga a España de forma inmediata.
-La pareja de ciudadano español o comunitario con el que mantiene una relación estable, llevan viviendo juntos más de un año como novios y pueden probar su relación estable y duradera o tienen un hijo en común.
-El extranjero casado con ciudadano español fuera de España, pero cuyo matrimonio aún no está inscrito en el Registro Civil Central en Madrid. Siendo necesario acreditar que la inscripción está en proceso y que el vínculo ha sido duradero.
Sin embargo, a pesar de que la legislación contempla todo este abanico de opciones de reagrupación a otros familiares, en la normativa quedan vacíos legales y no se especifican concretamente los medios de prueba para acreditar de forma fehaciente el requisito de “estar a cargo” o “grado de dependencia” y lo que ocurre es que queda a criterio de cada Oficina de Extranjería valorar las pruebas presentadas por el solicitante, conllevando a emitir innumerables resoluciones denegatorias de tarjeta de residencia comunitaria a ese familiar, que pese a reunir todos los requisitos legales y aportar las pruebas de dependencia económica, ve truncado su propósito de legalizarse y conservar la unidad familiar.
Frente a esta denegación de la tarjeta de familiar de comunitario, el extranjero tiene la opción de acudir a la vía judicial interponiendo el respectivo recurso y los tribunales en muchas ocasiones le conceden la razón, pero el coste y el tiempo que tarda un procedimiento judicial le supone al extranjero un grave perjuicio.
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Agilización de nacionalidades

27/04/2019


Por Betariz Tobón
Abogada colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14


Ante el elevado número de solicitudes de nacionalidad española por residencia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y los pocos funcionarios encargados de este tipo de expedientes, se ha formado un gran atasco, y en la actualidad se están resolviendo solicitudes presentadas en el año 2016, en concreto hay un promedio de 400.000 expedientes pendientes y cada año se acumulan a esa cifra 80.000 solicitudes más y tan solo 5 funcionarios al frente de estos procedimientos.

En noviembre de 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se propuso poner fin a ese atasco administrativo y preparó un plan de choque para resolver los 360.000 expedientes pendientes en ese momento.

Se estudiaron posibles soluciones y las medidas más adecuadas para llevarlo a cabo, entre ellas la contratación de unos 100 funcionarios para evacuar todas las solicitudes pendientes de resolver.

Lastimosamente este “Plan Choque” no se ha podido llevar a cabo debido a que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado.

Y mientras tanto, los solicitantes siguen esperando una media de 3 años en que le sea resuelto su expediente de nacionalidad.

El 15 de octubre de 2015 entró en vigor el nuevo procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia, cuyo expediente se presenta de forma telemática, adjuntando todos los documentos requeridos debidamente digitalizados.

Y en su regulación legal se establece un plazo máximo de resolución de un año.

El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, establece: “El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y el Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.

Frente a esta situación, el solicitante de la nacionalidad, tiene la opción de acudir a la vía judicial y reclamar legalmente después de un año de tramitación, ésta presunta denegación de la nacionalidad española (o silencio administrativo negativo) e interponer un Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional, requiriendo para este trámite de Abogado y Procurador, pero teniendo en cuenta que si la solicitud de nacionalidad española fue presentada de forma correcta, una vez interpuesto este Recurso, se resolverá en el término de 4 meses, concediéndole la nacionalidad española al interesado y terminando el procedimiento judicial por satisfacción extraprocesal.

Es preciso mencionar que se deben cumplir una serie de requisitos para la interposición de este recurso entre ellos:

-Que se haya presentado bajo el nuevo procedimiento y que transcurriera un año desde la fecha de su presentación.

- Comprobar que se cumplían con los requisitos cuando se hizo la solicitud de nacionalidad española. Es decir, cumplir el plazo de residencia legal requerido en el momento de la solicitud y que la condición de “residente legal” no se haya interrumpido en ningún momento, es decir que no exista situación de irregularidad sobrevenida y que las salidas del territorio español no se hayan prolongado más del tiempo permitido.

-Que la documentación exigida se haya presentado de forma completa (certificado de nacimiento y certificado de antecedentes penales debidamente apostillados o legalizados y en su caso traducidos; haber superado los exámenes de nacionalidad, pasaporte completo. Y que toda la documentación presentada esté en vigor en el momento de la presentación.

-No tener antecedentes penales ni policiales ni ninguna causa penal abierta a fecha actual. Y no sólo al momento de la presentación de la solicitud, sino durante todo el proceso de nacionalidad, si se tuviera algún tipo de antecedentes se deberán cancelar antes de la interposición del recurso.

Por ello la importancia de haber presentado correctamente el expediente, toda vez que en este tipo de procedimiento judicial no se pueden subsanar los errores de forma o de incumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de la presentación vía telemática o en las oficinas de Registro, y la consecuencia inmediata de interponer esta demanda y que el expediente presente algún tipo de error, es la denegación de la nacionalidad, siendo el demandante (solicitante de la nacionalidad) condenado al pago de todos los gastos y costas procesales.

En la actualidad los expedientes que se están resolviendo son los correspondientes al año 2016, por tanto, la interposición de este recurso es una excelente oportunidad para impulsar las solicitudes de nacionalidad, teniendo en cuenta la poca celeridad y el grave retardo en resolver por parte de la Administración; acudir a la vía judicial a través de este recurso es la forma más ágil y eficaz para obtener una resolución favorable a su solicitud de nacionalidad española por residencia.

Si requiere de presentar su solicitud de nacionalidad española, revisión de su expediente o interposición del Recurso Contencioso Administrativo, puede contactar con nosotros (o acudir a nuestros servicios).



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Las injusticias del Arraigo Social para la persona que pretende regularizarse al cumplir los tres años de estancia continuada en España

12/04/2019

Por Beatriz Tobón
Abogada Colegiada 6597
Contacto: 628 47 89 14


El Arraigo Social se trata de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que se concede a aquellos extranjeros que se encuentren en territorio español y que cuentan con vínculos familiares o están totalmente integrados socialmente.

El extranjero deberá cumplir con una serie de requisitos para acceder a esta autorización de residencia, siendo los principales:

-Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia.

Haber permanecido con carácter continuado en España durante un período mínimo de tres años.

Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o en su defecto presentar un informe que demuestre su integración social emitido por el Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio habitual.

Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador para un período no inferior a un año y garantizarle mensualmente un salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, en repetidas ocasiones el propósito del extranjero de adquirir sus papeles o “regularizarse” se viene abajo cuando la Administración le emite una resolución no favorable motivada por la falta de solvencia del empleador.

Y es así, como una de las causales más frecuentes de denegación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (Arraigo Social), es la falta de solvencia del empleador que ha suscrito el contrato de trabajo, pese a que el extranjero ha cumplido con el resto de los requisitos se halla ante la imposibilidad de obtener su permiso de residencia.

Las causales de denegación más comunes son por ejemplo, que la empresa o empleador no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria o tiene deudas con la Seguridad Social.

De la misma manera que la empresa o empleador no garantice que dispone de medios económicos, materiales y personales para su proyecto empresarial y para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

No es procedente ni justo que el extranjero solicitante de un permiso de residencia por arraigo tenga que asumir la carga de la prueba de la solvencia del empleador, cuando está cumpliendo con todos los demás requisitos para acceder a esta autorización de residencia.

La Administración no puede denegar este tipo permiso de residencia por arraigo social, ya que dentro de los requisitos exigidos por el Reglamento de Extranjería que regula este tipo de autorización, establece únicamente que el extranjero: Art. 124. b) “Disponga de un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud por un período que no sea inferior a un año”. En esta disposición legal no se determina la necesidad de acreditar los medios económicos o solvencia del empleador. Esta autorización de residencia por arraigo social es solicitada por el propio extranjero que deberá acreditar los requisitos antes descritos.

Situación diferente ocurre para el caso de la Autorización de Residencia y Trabajo inicial por cuenta ajena, que es un permiso que tramita el propio empleador que pretende contratar a un extranjero que se encuentra en su país de origen.

Para el efecto, este tipo de permiso de residencia que está regulado en el Reglamento de Extranjería si exige la acreditación de la solvencia del empleador o empresario, determina la obligación de que la empresa esté dada de alta en la Seguridad Social y acredite los medios económicos, materiales o personales que dispone para su proyecto empresarial, y por lo tanto, hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

Existe amplia jurisprudencia que le concede la razón al extranjero que se ve en la imperiosa necesidad de interponer un recurso ante los tribunales cuando le han denegado su autorización de residencia por arraigo social y esto basado en que el solicitante extranjero cumple con los requisitos de acreditar la estancia continuada en España durante tres años, que carece de antecedentes penales y cuenta con un contrato de trabajo de duración mínima de un año, sin que pueda exigírsele demostrar otros requisitos que no son de su competencia, como son el hecho de que el empresario esté dado de alta en la Seguridad Social, cuente con solvencia económica o esté al corriente en sus obligaciones tributarias o con la seguridad social.

Con lo cual, la Administración no puede extrapolar los requisitos contenidos en la normativa relativos al permiso de residencia y trabajo inicial por cuenta ajena y aplicarlos al permiso de residencia por arraigo social, toda vez que se tratan de dos autorizaciones de residencia diferentes, con requisitos y procedimientos distintos.

Lastimosamente son muy frecuentes las denegaciones por parte de las Oficinas de Extranjería, por estas causales y el extranjero ve truncado su sueño de regularizar su situación a través de esta vía legal.



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Los Gestores Administrativos recomiendan que antes de aceptar el borrador preparado por la Agencia Tributaria sea revisado en detalle

12/04/2019

Una vez que el contribuyente acepta el borrador y la declaración queda presentada, se convierte en el responsable de la información recogida en el mismo, con independencia de los posibles errores que dicho borrador, elaborado por la Agencia Tributaria, pudiera recoger.

Se han detectado diversos tipos de errores, desde los importes correspondientes a la deducción de vivienda o posibles cambios en las circunstancias familiares y personales no contempladas.

En definitiva, la Agencia elabora el borrador con datos de terceros que pueden no ser correctos.

El día 2 de abril de 2019 comenzaba la campaña de la renta correspondiente a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2018, para las declaraciones que se presenten por internet o por teléfono.

A partir del 14 de mayo, se podrá realizar la presentación de la declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes pueden pedir cita para la atención telefónica desde el día 1 de abril, y podrán hacerlo para atención en oficinas desde el 9 de mayo.

El 26 de junio acaba el plazo para presentar las declaraciones a ingresar por domiciliación bancaria y el 1 de julio será el fin de la campaña para el resto de declaraciones.

Más allá de las fechas, que pueden ser consultadas en la información facilitada por la Agencia Tributaria, desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares se recomienda encarecidamente a los contribuyentes que revisen con detalle los borradores que la Agencia pone a su disposición.

La información ha sido elaborada con los datos que la Agencia recibe de terceros y éstos han podido cometer errores, que deben ser detectados por el contribuyente.

Una vez presentada la declaración, es el contribuyente quien asume la responsabilidad de la misma. Se pueden perder desgravaciones, se pueden incluir ingresos de forma errónea, o se pueden dejar de declarar ingresos. En los primeros casos, el contribuyente podrá perder desgravaciones o pagar más de lo debido. En el segundo caso, el error le puede acarrear sanciones y pagos de intereses de demora.



El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares también recomienda que la gestión del IRPF se planifique a lo largo del año, con el objetivo de conseguir la mayor eficacia en el pago de impuestos.

Planificar aportaciones a pagos de pensiones en función de los ingresos previstos o realizar inversiones deducibles, aportaciones a empresas, preparar bien las circunstancias personales y familiares, etc podrá permitir una tributación más ajustada según las normas vigentes en cada momento.

Los Gestores Administrativos son profesionales preparados para colaborar con el contribuyente tanto en la planificación como en la presentación de sus impuestos y para la resolución de las dudas que puedan surgirle.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos colaboran con la Plataforma de ONG de Acción Social en la campaña de la X Solidaria, cuya misión es informar a los contribuyentes que se puede marcar la x a la vez en la casilla destinada a la Iglesia Católica y el la destinada a actividades de interés social, sin que ello suponga ningún tipo de coste adicional.



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¿Es posible perder la nacionalidad?

23/02/2019

Los españoles de origen perderán la nacionalidad cuando estén emancipados, residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad. Este supuesto se puede evitar si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su nacionalidad. En caso de que se adquiera la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal quedarán exentas de la pérdida de nacionalidad por esta causa.

En el caso de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por haber nacido de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española.

Los españoles que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente en el extranjero y renuncien voluntariamente a la nacionalidad española.

Asimismo, los españoles que no sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.

Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.

Igualmente la perderán en una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. En caso de no querer perder la nacionalidad y querer conservarla deberán realizar la declaración de conservación los hijos de españoles, que hayan nacido y residan en el extranjero y que su padre o madre haya nacido también en el extranjero, antes de cumplir 21 años. Si no realiza esa declaración de conservación, perderá la nacionalidad española y solamente podrá recuperarla después de un año de residencia en España.



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Reconocimiento de títulos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, en España

23/02/2019

La homologación es un trámite que se realiza con la finalidad de obtener el reconocimiento académico y profesional de un título en España, para quienes desean ejercer su profesión en territorio español. En pocas palabras, se basa en reconocer  la validez oficial de los títulos y estudios hechos en el extranjero.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España determinará la correspondencia entre los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y los siguientes títulos oficiales:

arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, diplomado y los títulos profesionales y de enseñanza superior que a la entrada en vigor de este real decreto hubiesen sido declarados equivalentes al título de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o diplomado universitario.


¿Cómo saber
si debe homologar
su título de grado
o posgrado?


  Lo primero que necesita es revisar es si el título universitario se encuentra dentro de las profesiones reguladas contempladas en la normativa española.  Si se encuentra dentro de ésta, el próximo paso a seguir es determinar si se quiere ejercer dicha profesión en España o si solo se desea obtener un reconocimiento a efectos académicos. En el último caso, se deberá realizar una equivalencia.


 ¿Para estudiar un
posgrado debe homologar
previamente tu título?


 No se requiere la homologación previa del título universitario, a excepción de los posgrados del área de la salud cuando el posgrado faculte para la posterior atención de pacientes o incluya prácticas con pacientes.

Para acceder al posgrado tendrá que solicitar la validación del título universitario, obtenido fuera de la UE, ante el Rector de la universidad española que elija para realizar la matriculación de la maestría.

 La universidad española le solicitará documentación académica de su país de origen para su matriculación, la cual tendrá que estar legalizada por las siguientes autoridades:

Universidad o institución educativa de origen, Ministerio de Educación y Apostilla de La Haya del Ministerio de Relaciones Exteriores.

  Para Argentina son los siguientes: Universidad argentina de origen, Ministerio de Educación de la Nación (tramitado por la universidad que emite los documentos), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Apostilla de la Haya).



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