“En esta comunidad vamos a seguir prestando asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio”

12/09/2017

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), con fecha del pasado martes 5 de septiembre, anula, en primera instancia, la Instrucción del director general del Servicio de Salud del 17 julio de 2015 por la que se establecen, con carácter de urgencia, los trámites que se han de llevar a cabo con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes.

En respuesta a la sentencia, Pilar Costa, portavoz del Govern, no tardó en hacer un llamamiento al Gobierno de Madrid a derogar este Real Decreto y envió un mensaje en el que “garantiza la atención sanitaria gratuita para todos, independientemente de su situación migratoria. Gracias a dicha instrucción, hasta hoy un total de 8.281 inmigrantes en las Illes Balears han recuperado la tarjeta sanitaria, que les permite el acceso gratuito a la atención primaria y hospitalaria y a la prestación farmacéutica en las mismas condiciones que los residentes. La resolución del TSJIB da respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, contra esta instrucción, con el argumento de que contraviene el Real Decreto 16/2012. La sentencia no es firme y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Baleares Sin Fronteras entrevistó en su despacho a la Consellera de Salud, Patricia Gómez.


Baleares Sin Fronteras: ¿Tras el fallo del TSJIB hay motivos para que los más de ocho mil inmigrantes irregulares a los que se les ha devuelto la tarjeta sanitaria, se alarmen?
Patricia Gómez: No, la sentencia no es firme y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En esta comunidad vamos a seguir prestando asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, sea cuál sea su situación administrativa y económica. Se van a seguir dando tarjetas sanitarias a todas las personas que estén en situación irregular para que puedan seguir beneficiándose del acceso gratuito a los servicios de Atención Primaria, atención hospitalaria y a la prestación farmacéutica. En las Islas Baleares, la sanidad seguirá siendo universal, una sanidad pública excelente y al servicio de las personas.

BSF: El fallo deja entrever que la Comunidad Autónoma se ha saltado una Ley estatal, pero sabemos que la Instrucción responde a las medidas adoptadas por el Real Decreto 16/2012 aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué opina? P.G: En primer lugar tiene que quedar claro que tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Salud de las Illes Balears garantizan el derecho al acceso a un sistema sanitario público de carácter universal. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia declara nula la Instrucción del director general del Servicio de Salud de 17 julio de 2015, en la que quedaban establecidas, con carácter de urgencia, las medidas que se han de llevar a cabo desde los servicios sanitarios para garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en situación irregular o sin recursos económicos suficientes. Esta Instrucción fue una de las primeras medidas de este gobierno progresista para recuperar los derechos perdidos de nuestros ciudadanos durante los 4 años de gobierno del Partido Popular. Una medida necesaria para contrarrestar el Real Decreto 16/2012 aprobado por Mariano Rajoy, un decreto injusto y que incluye recortes que en ningún caso han supuesto ni un ahorro ni un beneficio, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista asistencial, está demostrado que es mucho más sostenible tener una sanidad universal que no tenerla. Es más eficiente, más justo y más seguro, ofrecer asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que tenerlos fuera del sistema de salud público. Existe evidencia científica que lo demuestra y, por el contrario, el gobierno de Mariano Rajoy no ha podido, ni podrá, demostrar que esta medida ha supuesto un ahorro y mucho menos una mejora para el sistema sanitario.


BSF: ¿Cuál es el paso a seguir de ahora en adelante? P.G: Los servicios jurídicos de esta comunidad seguirán luchando por defender la sanidad universal en las Islas Baleares y desde el Govern seguiremos reivindicando al Gobierno central y al Partido Popular que, después de estos cinco años de vigencia, derogue el Real Decreto 16/2012 y que devuelva el derecho a una sanidad pública gratuita a todos los ciudadanos de este país, sea cuál sea su origen, su situación administrativa o económica. Insistimos en que se trata de uno de los recortes sociales más injustos, ineficaces y peligrosos de los que se han aplicado durante los últimos años.


BSF: ¿Existe la posibilidad que en el caso de no prosperar el recurso que la Comunidad Autónoma interponga se lleve el caso a Bruselas? P.G: Los servicios jurídicos de esta comunidad llegarán hasta dónde sea necesario para defender la sanidad universal en las Islas Baleares. De momento, se va a recurrir y se va a llevar la causa al Supremo, se irán dando los pasos oportunos.


BSF: ¿A pesar de los recursos jurídicos que se interpongan y la voluntad de este pacte de que los irregulares mantengan la tarjeta sanitaria, ¿se podría perder la batalla, y en consecuencia, los más de ocho mil inmigrantes “sin papeles” vuelvan a quedarse sin la asistencia sanitaria?
P.G: No contemplamos ese escenario. Para este Govern, la asistencia sanitaria universal es innegociable.  


BSF: ¿Qué consecuencias a corto plazo se pueden dar en el caso de que centenares de irregulares vuelvan a quedarse sin la tarjeta? PG: Las consecuencias sanitarias y sociales son múltiples. Los perjuicios para la salud son evidentes y las consecuencias a largo plazo del no seguimiento de enfermedades crónicas están aún por determinar.
Pero como ya le digo, la sentencia no es firme y este escenario no se va a dar ni a corto ni a medio plazo. Vamos a seguir luchando por garantizar el acceso a la sanidad de todos los ciudadanos de esta comunidad.


BSF: ¿Realmente son los inmigrantes irregulares los causantes del desgaste del sistema sanitario de este país y del desfase que hay en las arcas de Estado?
PG: En absoluto, como ya le he explicado, nadie podrá demostrar que esta injusta medida de dejar fuera del sistema público de salud a miles de personas en nuestro país haya supuesto un ahorro. Todo lo contrario, existe evidencia científica de que es más costo efectivo hacer seguimiento de la salud de todas las personas que atenderlas sólo en urgencias. Cuando no se ha hecho un seguimiento de la enfermedad tiene altas probabilidades de que se agrave, de sufrir complicaciones y de requerir más ingresos hospitalarios.
Además, la mayoría de las personas inmigrantes que vienen a esta comunidad, o a este país, suelen ser personas jóvenes y sanas que apenas consumen recursos sanitarios. No supone ningún ahorro y además, resulta vergonzoso que se quiera culpar a las personas más vulnerables de una coyuntura económica desfavorable que se ha vivido de forma internacional.


BSF: ¿Qué le diría a los ciudadanos de las redes sociales y foros de opinión de los periódicos que expresaron en su momento rechazo a la devolución de la tarjeta sanitaria? PG: Que es una postura injusta e insolidaria que no beneficia a nadie. Es mucho más seguro para todos, desde el punto de vista sanitario, tener a todas las personas dentro del sistema que tenerlas fuera. Y creo que como ejercicio, es muy positivo para todos ser capaz de ponerse siempre en el lugar del otro para entender mejor la realidad.


BSF: ¿Algo que quiera agregar? PG: Reiterar al Partido Popular y al gobierno de Rajoy la necesidad de derogar el decreto para que en este país todos los ciudadanos vuelvan a tener derecho al acceso a la sanidad pública. Por otro lado, quiero hacer llegar un mensaje de tranquilidad a todos las personas en situación irregular de esta comunidad, que van a seguir contando con una tarjeta sanitaria que les permite el acceso a todos los servicios sanitarios en toda la red asistencial pública de las Islas Baleares.


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