El caso de los trabajadores del Consulado de Ecuador en Palma acapara la atención mediática

21/09/2018

Baleares Sin Fronteras habló con dos de los trabajadores y dos de los letrados que los representan
Por Juan Pablo Blanco A
Desde hace ya casi un mes, Baleares Sin Fronteras tenía conocimiento del conflicto laboral en el Consulado de Ecuador en Palma. Estábamos a la espera de cotejar con declaraciones de representantes del gobierno ecuatoriano para dar a conocer la noticia. Sin embargo, el sábado 15 de septiembre el Diario de Mallorca sacó a la luz el caso.
A nuestra redacción había llegado un escrito, desde mediados de agosto, de uno de los trabajadores afectados, Orlando Daniel Torres que denunciaba en el juzgado de lo social el 30 de julio de este año, un despido improcedente y reclamación de cantidades contra el Consulado de Ecuador en Baleares.
En el correo que el ex trabajador enviaba a este periódico vía email, advertía que su contrato estaba amparado por las leyes locales y dejaba entrever su preocupación por la situación por la que estaba atravesando.
Unas horas antes del cierre de esta edición y en vista de la presencia en Palma del Embajador ecuatoriano, Cristóbal Roldan, el panorama había cambiado. “Me llamó el consejero de la Embajada para tener un acercamiento, hemos llegado a un preacuerdo, aún no hay nada oficial, nada hemos firmado, esperemos que en las próximas semanas se haga efectivo”.
Por su parte, Baleares Sin Fronteras también habló con el abogado Pedro Homar que representa a José Abel Rendón, que dicho sea, en este momento se encuentra de baja médica por ansiedad. El letrado de la UGT dijo que “hasta ahora nadie de la Embajada se ha puesto en contacto con nosotros, albergábamos la esperanza de que con la visita del Embajador a Palma, pero no ha sido así”.
En el caso de Rondón, su abogado comenta que desde un comienzo envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores acusando al cónsul Escobar de presuntas agresiones verbales, además. Rondón denuncia un incremento de horas extras sin compensación y un recorte salarial de hasta de un 50% menos de su actual retribución.
Al ser preguntado el cónsul Escobar sobre estas acusaciones, ha rechazado cualquier tipo de acoso laboral, además añadió que no habrá contacto con Rendón mientras que no obtenga el alta médica, en esa línea, incidió en que por el momento nada se puede hacer.
La tercera trabajadora en denunciar fue Jenny Elizabeth Gutiérrez que coincide con los dos anteriores denunciantes en motivos de presuntas intimidaciones y amenazas para que recorte sus retribuciones salariales.
Este periódico también habló con Mateo Cañellas, abogado de Gutiérrez, que se ha mostrado muy enérgico en sus argumentos. “Un contrato es un contrato y se tiene que respetar, no importa el monto que se haya pactado, si usted me contrata por mil, diez mil o cien mil euros y no le sirve lo que le pido se puede conseguir otro abogado antes de firmar conmigo, así de sencillo”, esto último aludiendo a los argumentos que se vierten desde el consulado sobre “contratos abusivos” de lo que se le ha señalado a su defendida.
Cañellas hizo hincapié que a su clienta le quedan aún le quedan dos años y tres meses de contrato. “Ella ha hecho un trabajo profesional y ha cumplido cabalmente con sus obligaciones, con lo cual se debe respetar lo convenido” para agregar que “no permitiré que la traten de corrupta, si están investigando algún caso de corrupción dentro del consulado que lo arreglen entre el anterior y el nuevo cónsul”.
En las últimas horas, Jenny Gutiérrez ha enviado un comunicado a los medios de comunicación quejándose de la manera displicente en la que ha sido tratada. “El miércoles pasado se me citó en el consulado y cuando llegué estaba el cónsul honorario de Filipinas, Pablo Martín, que me explicó que su presencia obedecía únicamente a una mediación para que las partes llegáramos a un acuerdo”, añade que le parece una falta de respeto y ”he tomado la decisión de enviar una carta denunciando este hecho al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia”.
Orlando Daniel Torres había sido contratado para desempeñarse como promotor del Consejo Nacional Electoral para luego asumir el seguimiento de los casos de los afectados por las hipotecas. José Abel Rendón realiza varios trámites burocráticos en el consulado, mientras que Jenny Gutiérrez ocupa el cargo de asesora laboral y financiera.
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