Los padres del menor son senegaleses, llevan 10 años en nuestro país, tienen trabajo y todos sus papeles en regla y una hija española desde 2013.
La jueza alega que “debido a su corta edad” el niño no está “integrado socialmente”, aunque la abogada de la familia alega que “sólo conoce España”.
El informe del juzgado no es vinculante, pero el Ministerio de Justicia suele resolver en función de la opinión del juez de primera instancia.
La abogada de la familia denuncia que en ese mismo juzgado se denegó la nacionalidad a un emigrante boliviano “por no saberse los ingredientes del gazpacho”.
