El Decreto Ley de eliminar la atención sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles, normativa que este mes cumple tres años, constituye una violación al derecho de la asistencia sanitaria universal y gratuita.
Así lo ha manifestado los portavoces de Amnistía Internacional, en España. La cifra llega a las 748.853 personas que se han visto perjudicadas por esta polémica medida criticada desde todos los agentes sociales. Lo peor, agregan es que tan solo 730 personas se han acogido a la solución que entregó el gobierno, una póliza que oscilaba entre 67 y 157 euros mensuales.
Afirman que El anuncio del Gobierno sigue sin plantear reformas legislativas que garanticen el derecho a la salud para todas las personas sin discriminación.
Tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) sigue violando los derechos humanos de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde la entrada en vigor del RDL, cientos de personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. Unos datos que rebajan la cifra inicial de 873.000 personas afectadas, pero sin aportar claridad sobre dicha variación.
El Gobierno no ha publicado ninguna evaluación sobre los efectos que esta reforma está teniendo en el derecho a la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables, y en especial en las mujeres. Tampoco sobre el efecto que el potencial impacto disuasorio de la reforma está teniendo en el acceso a centros médicos por parte de la población inmigrante en situación irregular.
La aplicación dispar del RDL en las Comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Algunas comunidades han desarrollado sus propios programas o sistemas para ampliar la cobertura contemplada por el Real Decreto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia o Comunidad Valenciana). Otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Algunas han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el RDL (Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra). Y otras han aplicado el Real Decreto-ley mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares, Castilla La Mancha).
Esta disparidad se ha traducido en caos administrativo. Amnistía Internacional ha constatado como en algunos centros se siguen cobrando servicios de urgencias o se deniega el acceso a la atención sanitaria de personas que estarían cubiertas por el RDL.
El anuncio del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud es algo que Amnistía Internacional valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación.
“Nos preocupa que este anuncio se haga para despejar las urgencias y no porque el acceso a la salud sea considerado un derecho humano. Detrás de esto se esconde el argumento de que las personas inmigrantes realizan un uso excesivo de las urgencias. Una acusación sobre la cual el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia, y que ha sido rebatida por numerosos informes técnicos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Estas son las principales conclusiones del informe: “Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana“, que Amnistía Internacional ha presentado recientemente. La investigación se ha centrado en Castilla La Mancha por ser una de las comunidades que con mayor contundencia ha aplicado el RDL y en la Comunidad Valenciana que pese a poner en marcha un programa especial para las personas excluidas del sistema sanitario, no ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
