Esta legislatura gobernada en las Islas por el PSOE y MES con la auditoria de Podemos desde el Parlament Balear, está centrada en la defensa de los derechos humanos, lo que va en la misma dirección de nuestra línea editorial.
Incluso, en algunos de los ayuntamientos, cuya responsabilidad recae en estos mismos partidos políticos las propuestas sociales también giran en torno a campañas de erradicación de la violencia machista, de la defensa de los derechos de los afectados por las hipotecas, reivindicaciones del colectivo LGTB, la lucha contra el maltrato animal y otra serie de alternativas sociales con las que estamos totalmente de acuerdo.
Sin embargo, a esta línea de igualdad de derechos también se tendría que añadir un epígrafe como la de igualdad de oportunidades. Aunque los efectos de la crisis se han ido apaciguando lentamente, para nadie es un secreto que un gran porcentaje de la población aún lo está pasando no mal, muy mal.
Las últimas estadísticas del Paro en España solo dan un pequeño respiro, alivios temporales fruto de la estacionalidad, la hora de la verdad llega en épocas otoñales y de invierno. Al parecer de la mayoría, entre la que me incluyo, la situación real se puede medir a partir de ese punto de partida. Los verdaderos resultados de efectos de la crisis y el nivel de alcance social se dan desde los primeros meses de cada año.
Poco o nada se habla de los autónomos o del pequeño e incluso del mediano empresario, en ningún gobierno, sean de derechas, de centro o de izquierdas. Es un sector maltratado que aporta al erario público millones de euros.
He tenido la oportunidad de hablar con empresarios que hacen todo lo que está al alcance para salvar su actividad comercial, trabajan con las uñas, esos mismos que en su momento han sido fuente de empleo para miles de españoles.
Y como si fuera poco, el cerco se estrecha por la falta de oportunidades a las que se ven abocados por falta de políticas sociales que les favorezca o incentive su rubro comercial. Lo hemos vivido en carne propia en este medio de comunicación desde hace ocho años con una ley autonómica que prohíbe la divulgación de publicidad en medios de prensa que no sean los convencionales, una absurda ley propuesta por una ex directora del gabinete de comunicaciones que cercena los derechos y las oportunidades de los medios escritos de difusión gratuita.
En nuestro caso nos preguntamos, ¿cómo es que se exige un proceso de normalización entre la gente llegada de afuera cuando un medio de comunicación que lleva trece años y ha demostrado tener una repercusión social entre los diferentes colectivos, siendo el referente de los consulados latinoamericanos, se le excluye de campañas de publicidad, cuyos recursos públicos salen del bolsillos de los propios ciudadanos?
Este es un solo ejemplo a citar de miles, evidentemente la balanza no está equilibrada y la igualdad de oportunidades no llega en la misma medida para todos. A varios políticos a quienes entrevistábamos en campaña electoral en mayo del año pasado nos hablaban en este medio de igualdad de oportunidades. ¡Las paradojas y cinismos de la vida!
Sin embargo, ya cuando están acomodados en los cargos públicos la pelota la lanzan para el tejado del vecino, aduciendo que por su competencia no están facultados/as o impedidos/as para cambiar lo que parece inamovible. De la misma forma, en otras instituciones o Ayuntamientos también debemos esperar una campaña de integración o relacionada con la inmigración para ser tenidos en cuenta cuando lo normal es hablar en clave de ciudadanía y tener acceso a una campaña de carreteras, salud, educación etc. ¿Se puede hablar de igualdad de oportunidades en estas condiciones?, por no agregarle al deficiente concepto que se tiene de integración de los colectivos de afuera. El común denominador de cada cuatro años.
