Por LUIS GUILLERMO BLANCO O.
Los colombianos iremos a las urnas el próximo 2 de octubre para votar por el SÍ o el NO en una contienda plebiscitaria que avalará o rechazará lo acordado en La Habana, negociaciones que se extendieron un poco más de cinco años entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, una de las peores y más sanguinarias bandas criminales del mundo que por más de cinco décadas ha azotado el campo colombiano asesinando a cerca de 100.000 militares y 400.000 civiles la mayoría personas indefensas sometidas a ejecuciones en masa sin tener en cuenta edad ni condición. Millones de campesinos y gente humilde han sido desarraigados de sus tierras y obligados a marcharse convirtiendo a Colombia en el país con más desplazados del planeta.
Las Farc es la banda con el prontuario criminal más voluminoso del mundo, controla a más de siembras de coca y marihuana, las rutas y corredores para la exportación de droga a los Estados Unidos y a Europa en sociedad con los carteles mexicanos entre ellos el del Chapo Guzmán. Son amos y señores de la minería ilegal, del contrabando y los principales lavadores de activos. Mientras ellos obtienen astronómicas sumas de dinero por sus actividades ilícitas el gobierno ante la orgía de gastos que demanda el proceso, pretende una vez pase el plebiscito presentar al congreso de la república una reforma tributaria donde elevará el IVA del 16 al 19%, gravará por primera vez productos de la canasta familiar y pondrá a pagar impuestos a entidades sin ánimo de lucro.
FORBES dice que las Farc es la multinacional criminal más rica del mundo, con más de siete billones de dólares manejados a través de testaferros e invertida en empresas de fachada alrededor del mundo, ellos por supuesto niegan la afirmación y dicen que es mentirosa (el gobierno y los negociadores les creen).
El acuerdo general contempla entre muchas cosas, el despeje de 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 puntos campamentales que serán administrados autónomamente por los subversivos, allí se concentraran cerca de 5.000 desmovilizados por un lapso de 18 meses devengando una remuneración y unos subsidios especiales para cada uno. A muchos analistas les preocupa, no sin razón, que allí empezarán los problemas de la división político administrativa y territorial del país.
Lo suscrito en La Habana le permite a los guerrilleros llegar al plebiscito sin entregar las armas, allí no se contempla el perdón ni la reparación a las víctimas, menos pagar un día cárcel por sus delitos so pretexto que su lucha armada está enmarcada en un contexto político por lo que todos sus actos son conexos a éste incluyendo el narcotráfico; así mismo, el acuerdo entre muchas concesiones otorga 16 curules en el congreso nacional a la cúpula, y 31 emisoras radiales FM que se utilizaran, dicen, para difundir entre la base los acuerdos suscritos.
Los delitos de lesa humanidad, por arte de birlibirloque, desaparecen en medio de una complicada maraña de artículos e incisos del pacto hábilmente dispuestos por los abogados de las Farc con la benevolencia de los negociadores del gobierno y la complacencia de las naciones del mundo.
En esas condiciones, Colombia se apresta el 2 de octubre a ir a las urnas a votar el plebiscito, el gobierno para el evento confeccionó una frase que muchos dicen es tramposa e induce el voto y por ende pone en desventaja a sus contradictores: ¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? ¿SÍ o NO? La Corte Constitucional en un reciente fallo donde confirma la legalidad del plebiscito, advierte que la palabra paz no se puede utilizar, pero Juan Manuel Santos valiéndose de estratagemas semánticas la utiliza.
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Colombia se debate entre el sí y el no en el plebiscito del 2 de octubre
