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Una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tener importantes efectos sobre la residencia para extranjeros que tengan la custodia de menores españoles o de otro país de la Unión Europea y que tengan antecedentes penales.
Hasta ahora, el hecho de tener antecedentes penales es causa automática de denegación de cualquier solicitud de autorización de residencia en España, incluso aunque dicha solicitud sea de autorización de residencia por arraigo familiar, basada en tener un menor español a cargo (como ocurría en el caso a que se refiere la sentencia).
Sin embargo, el TJUE ha determinado que esto vulnera la legislación comunitaria, por lo que, en estos casos, el mero hecho de tener antecedentes penales no es motivo suficiente para denegar la autorización de residencia ni para la expulsión de España.
En estos casos, debería tenerse en cuenta si el extranjero constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad. Solo en caso de que suponga tal amenaza podría justificarse la denegación de la autorización de residencia o la expulsión.Es un supuesto habitual el de extranjeros en situación irregular que tienen a su cargo hijos menores de nacionalidad española o de otro país de la UE.
No es raro, tampoco, que estas personas puedan tener antecedentes penales, lo que hasta ahora impedía obtener cualquier tipo de autorización de residencia mientras estos antecedentes no fueran cancelados.
Hay que tener en cuenta, además, que tras la última reforma del Código Penal las faltas se han transformado en delitos leves, lo que supone que conductas de escasa importancia (pequeños hurtos, amenazas, injurias), puedan dar lugar a antecedente penales, con las graves consecuencias que esto puede tener sobre la residencia legal en España.
Esta sentencia obliga a reformar la legislación española de extranjería, que esperamos que en el futuro evite llegar a situaciones que dejan a los menores en situaciones de gran vulnerabilidad.
