Por Juan Pablo Blanco
No cesaban los gritos y las frases en contra de una ley que según ellos facilitará que crímenes de esa humanidad queden impunes.
El pasado 3 de mayo en el edificio donde se encuentra situado el Consulado de Argentina, calle San Miguel 30, un grupo de ciudadanos se concentraron para protestar por el reciente fallo de la Corte Suprema de ese país la aplicación de la ley 24.390- conocida como 2×1. Esta ley establece para quienes llevan dos años de prisión preventiva sin condena, el beneficio de computar como dos días de prisión por cada día de encierro preventivo. Esta ley fue sancionada en 1994 y estuvo vigente hasta el 2001, año en que fue derogada.
Según rezaba un folleto entregado a los transeúntes que pasaban por la céntrica calle, la sentencia que se aplicó en el caso del “represor Luis Muiña, sienta un grave precedente ya que podrían pedir su aplicación el 25% de los represores detenidos, lo que implicaría compartir las calles con asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad”.
Según, una portavoz que lideraba la protesta con pitos y cacerolas, “Argentina destacaba mundialmente como ejemplo en la defensa de los derechos humanos, habíamos logrado enjuiciar y condenar a los genocidas y comenzábamos a pedir la condena de los cómplices civiles. Este fallo es un paso atrás en las políticas de memoria, verdad y justicia”.
Los responsables de la manifestación advirtieron que a la distancia acompañarán la lucha de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que junto al resto de organismos de derechos humanos repudia este fallo. “Gritaremos bien fuerte, ningún genocida libre, no al 2×1”.
