Vuelve y juega. Los inmigrantes en situación irregular en Baleares no tendrían derecho a la Tarjeta Sanitaria, a tenor del Real Decreto del 16 de abril del 2012 en el que se deniega la asistencia sanitaria, salvo en casos de emergencia o a las embarazadas. En esta línea, cabe recordar que hace dos años, tan pronto como se posesionó el nuevo pacto del Govern, la primera medida extraordinaria que se puso en marcha fue la de devolver este derecho a estos cientos de inmigrantes “sin papeles” en su gran mayoría sin recursos económicos.
A partir de ahora, comienza un pulso entre los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que interpondrá un recurso respondiendo al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que a su vez, cuestiona categóricamente la intromisión del Govern en estos asuntos y hace hincapié en que es una competencia única y exclusivamente del gobierno estatal.
Más allá de las competencias y de la buena intención mostrada por el Pacte con esta medida, a mi criterio, reafirmo lo siempre comentado en estas líneas, la cuerda siempre se revienta por el lado más delgado, y en ese sentido, la inmigración aparte de convertirse en carne de cañón para los xenófobos y racistas, siempre ha sido un sofisma de distracción y un argumento para maquillar realidades sociales que hunden a un país.
Y en esta hipótesis que manejo estoy convencido que en un centro de salud en los que se atiende a un inmigrante irregular no se ahorra presupuesto, ni se arreglan los problemas sociales y económicos que han enviado al despeñadero a este país. Incluso, la cura puede llegar a ser peor que la enfermedad, las complicaciones surgen por la falta de tratamientos adecuados de una enfermedad o afección que puede extenderse al resto de la población.
No se puede juzgar a la ligera y máxime cuando existen varias connotaciones de origen social, por ejemplo, muchos de esos 8.281 de Baleares a los que se les devolvió la Tarjeta Sanitaria ya habían cotizado a la Seguridad Social y pagado impuestos al fisco, algunos no pudieron renovar sus papeles porque las empresas donde trabajaban prescindieron de ellos o cesaron su actividad operativa.
Otro grupo no alcanzó a lograr el arraigo social de los tres años ya que con la crisis ningún empresario se arriesgaba a hacer una oferta de trabajo, ni mucho menos a regularizarlo. Sencillamente, no eran los tiempos de bonanza de antes.
La hecatombe de España no proviene de si atienden o no en un hospital a un “sin papeles”. La catástrofe financiera es derivada de los corruptos que se han robado este país. Los que desangran las arcas de la Seguridad Social no somos “los invasores” como suelen llamarnos despectivamente en algunos foros de redes y periódicos.
A este país con una inmensa mayoría de gente trabajadora, solidaria y hospitalaria lo empujó en su momento al precipicio el sistema político, los sinvergüenzas de las preferentes, los de las tarjetas blacks, los promotores de la burbuja inmobiliaria con los posteriores desahucios y muchos banqueros con la connivencia de la clase política española al servicio de los intereses financieros.
Aunque cueste admitirlo discursos nacionalistas como los de Trump, hoy flamante presidente de la primera potencia mundial, o la ultraderechista, Marine Le Pen en Francia que ya ha comenzado a abrirse un espacio entre los nacionalistas, están calando en la población, máxime con la islamofobia hoy más despierta que nunca. Ni qué hablar de los partidos de la extrema derecha surgidos en Grecia, Austria, Holanda y Hungría que emergen en el panorama político con bastante fuerza.
Sería bueno saber cuánto se ha ahorrado España desde que se aplica el Real Decreto 16 del 2012, y las consecuencias sanitarias que reviste para el país el hecho de suprimir un derecho universal como es el acceso a un sistema de salud digno. Esperemos que el recurso del Govern prospere.
