Reproducimos el comunicado de la Red Acoge ante la crisis migratoria que se vive en la valla de Ceuta
Ante la gravedad de los acontecimientos sucedidos ayer, 26 de julio en la valla de Ceuta, donde nuevamente se llevaron a cabo devoluciones sumarias de personas subsaharianas que habían accedido a territorio español, queremos recordar al Gobierno español que:
Las denominadas “devoluciones en caliente” son contrarias a los principios y normas internacionales de derechos humanos.
El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado en su último informe que “el principio absoluto e irrevocable de la no devolución, prohíbe a los Estados expulsar a una persona a la jurisdicción de otro Estado o a cualquier otro territorio donde exista riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos”.
Las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en esta materia.
Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en las fronteras internacionales con todas las personas migrantes con independencia de su situación legal, la forma como llegan a las fronteras, el lugar de donde proceden o su aspecto físico.
El Gobierno español no puede justificar actuaciones contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos basándose en la “legalidad vigente” en nuestro país, cuando las normas que fundamentan esa legalidad contravienen los principios y normas básicas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Así, lo han puesto de manifiesto el Comité de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, el propio Defensor del Pueblo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha condenado a España por dichos actos.
Por todo esto exigimos;
Que el Ministerio del Interior adopte las medidas necesarias para poner fin definitivamente a la práctica de las devoluciones sumarias en cumplimiento con sus obligaciones Internacionales de Derechos Humanos.
La derogación de la Disposición final primera, sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla de la Ley de Seguridad Ciudadana.
El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras, que implica que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.
Red Acoge cree que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su gestión, sólo sirve para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Volvemos a repetir que “Ningún ser humano es ilegal”.
Los líderes de la Unión Europea han optado por el miedo
al aprobar unos planes sobre migración peligrosos y
desacertados para los derechos humanos.
Amnistía Internacional
Las conclusiones del Consejo Europeo que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio preveen las alarmantes propuestas de recluir a las personas que consiguen llegar a las costas de Europa en centros “controlados”.
El endeble eufemismo de los centro “controlados” no puede ni debe nublar nuestra sensibilidad ante el hecho de que los líderes de la UE avanzan en dirección a una política de detención de las personas que llegan a Europa en busca de seguridad.
El acuerdo también prevé “plataformas regionales de desembarco” fuera de Europa para desembarcar a las personas rescatadas en el mar, ignorando las atroces violaciones de derechos humanos que las personas refugiadas y migrantes sufren en Libia.
La Cumbre era una oportunidad para reparar un sistema europeo de asilo que no funciona y crear políticas basadas en la justicia, la eficacia y la solidaridad. En cambio, los líderes de la UE han optado por complacer a gobiernos xenófobos empeñados en mantener cerrada Europa y desplazar aún más la responsabilidad a países no pertenecientes a la UE.
Tras el cierre de puertos de Malta e Italia a las embarcaciones de rescate de las ONG, que deja a las personas refugiadas y migrantes a la deriva durante días, resulta más apremiante que nunca la necesidad de planes de desembarco previsibles, de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y de rutas seguras y legales que brinden alternativas a las personas que se embarcan en travesías peligrosas.
Necesitamos un nuevo sistema justo y eficiente basado en un sistema obligatorio de cuotas en la distribución de las personas solicitantes de asilo entre todos los países de la Unión Europea.
Pide al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk y a la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo, que lo impulse.
