Primera parte:
La retahíla xenófoba –plagada de mentiras y medias verdades– contra las personas inmigrantes es larga, abrumadora, agotadora: “Hay demasiados inmigrantes, nos quitan el trabajo, acaparan las ayudas sociales, las subvenciones, las urgencias, bajan el nivel educativo, aumentan la violencia machista, prefieren vivir en guetos, se casan con españoles/as solo para obtener los papeles, sus comercios no pagan impuestos ni respetan los horarios…”.
A pesar de la mayoritaria comprensión ciudadana hacia la inmigración (solo el 7,7% se oponía en 2013 a que las personas inmigrantes en situación regular tuvieran los mismos derechos que la población nativa), y, aunque en España no han tenido un reflejo electoral ultraderechista como en varios países europeos, sí han saltado las primeras chispas en las redes sociales y en la calle, incluso con graves episodios de insultos, acoso y agresiones.
En el ámbito migratorio –la intolerancia agresiva también alcanza a otros colectivos discriminados, como las mujeres, el colectivo LGTBI o la comunidad gitana–, el discurso racista de la ultraderecha xenófoba está encontrando una firme respuesta informativa y concienciadora desde ámbitos académicos y no gubernamentales.
Frente a esas mentiras y medias verdades, hay iniciativas que ofrecen datos contrastados y argumentos de tolerancia para una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Iniciativas, por ejemplo, como Stop Rumores de la Federación Andalucía Acoge, el Observatorio Proxi que impulsan el Institut de Drets Humans de Catalunya y United Explanations, el Anuario de la Inmigración que edita el CIDOB barcelonés o los informes sociológicos de la Fundación FOESSA que impulsa Cáritas Española.
De cada diez, seis han llegado desde países no comunitarios (5,75% del total) y cuatro proceden de otros países de la Unión Europea. En términos absolutos, España oscila entre el cuarto y quinto país de la UE con más inmigrantes, pero en términos relativos se queda en el octavo o noveno puesto.
Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes percibido por la población nativa ronda el 21,5%, probablemente como resultado de una doble ‘visibilidad’ de la población extranjera: en los transportes públicos y espacios gratuitos de ocio –relacionada con su menor capacidad adquisitiva–, y en las secciones de sucesos de los medios de comunicación, fruto de una información demasiadas veces desenfocada: solo el 1% llega a España en patera.
Los medios juegan un papel clave en la percepción social de la inmigración, y los sondeos –casi la mitad de personas encuestadas cree que transmiten una imagen negativa– sugieren que hay bastante margen de mejora en el tratamiento informativo. Máxime cuando, según el Barómetro de diciembre del CIS, la inmigración no es una de las principales preocupaciones de la población española: apenas el 3,2% lo incluye entre las tres primeras, casi a años luz del paro (66,8%) o la corrupción (31,7%). Y sobre todo porque esta ‘percepción comprensiva’ deja ver algunas rendijas: el 46,9% piensa que la sociedad española es poco o nada tolerante.
Las personas inmigrantes no quitan el trabajo a las españolas
No, las personas inmigrantes no quitan el trabajo a las españolas. Y aún menos tras la crisis, que hizo caer 20 puntos su tasa de empleo entre 2007 y 2012, más del doble que la de la población nacional.
Su tasa de actividad es ahora del 72,5%, y su tasa de paro (llegó al 39% en 2013) ronda el 23%. Por si fuera poco, la paralela caída de salarios, y su reflejo de pobreza, también les ha golpeado más, con el consecuente aumento de la desigualdad. Su situación se ha complicado por la falta de redes familiares, menor protección social y dificultades para renovar su documentación, hasta el punto de forzar a casi un millón a abandonar el país durante la crisis. Solo en la primera mitad de 2016 se marcharon 220.000.
Y mucha gente ha olvidado que la llegada de inmigrantes fue clave para el espectacular crecimiento económico de los años de ‘vacas gordas’ (entre 2001 y 2006 aportaron el 30% del PIB), sobre todo en sectores como el turismo y la construcción. De hecho, las personas extranjeras que están cobrando el paro (11% del total, 6,4% si se considera solo la inmigración no comunitaria) no reciben ningún ‘regalo’: simplemente tienen derecho a la prestación que generaron con sus cotizaciones cuando trabajaban.
La realidad es que la inmigración ha asumido muchos empleos poco ‘atractivos’ para la población española. Y en ese contexto, las mujeres inmigrantes han ejercido un papel decisivo como cuidadoras de niños y niñas, mayores y personas dependientes, que ha permitido la incorporación laboral de muchas españolas.
Se estima que hasta un 80% de las cuidadoras ‘internas’ son extranjeras, y que la mayoría son explotadas en la economía sumergida, sin cotizar, con largas jornadas y salarios muy bajos, sin días libres ni vacaciones pagadas.
Las personas inmigrantes no acaparan las ayudas sociales
No, las personas inmigrantes no acaparan las ayudas sociales. El acceso a los servicios sociales es un derecho reconocido en todos los ámbitos administrativos –autonómico, estatal y europeo– y se rige por un mismo criterio: la situación socioeconómica personal o familiar, no la nacionalidad española.
En cambio, pese a su elevada tasa de pobreza, el uso por personas extranjeras del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales no pasa del 12,5%. Al ser una población mayoritariamente joven, apenas representan el 1% de las personas beneficiarias de pensiones en España, y más de la mitad proceden de la Unión Europea.
Las personas inmigrantes no saturan la Sanidad
No, las personas inmigrantes no saturan la Sanidad ni abusan de la atención primaria y las urgencias. La mitad de la población española lo cree (45% sobre las personas extranjeras en general y 55% sobre las de países ricos), pero los datos no avalan ese tópico.
Numerosos estudios, incluidas las Encuestas Nacionales de Salud, confirman que la población nativa tiene más problemas crónicos –lógico dada su mayor edad media– y, precisamente por ello, acude más a las consultas médicas de primaria y especializada. La experiencia migratoria hace que la población llegada de otros países, sobre todo de fuera de la UE, sea habitualmente joven y con buena salud para poder afrontar los retos laborales y de integración.
En cuanto al mayor uso de las urgencias hospitalarias por inmigrantes, es solo una verdad a medias. Por una parte, muchas veces es un último recurso obligado por el Real Decreto 16/2012 –considerado contrario a las normas internacionales por ONG y organismos de derechos humanos–, que aprobó una auténtica ‘exclusión sanitaria’ de personas en situación irregular al retirar más de 800.000 tarjetas sanitarias. Por otro lado, el coste de las urgencias utilizadas por personas inmigrantes es inferior al de las nativas. En total, la población extranjera supone el 6,5% del gasto sanitario, tres puntos menos que su porcentaje poblacional.
Además de tener reconocido el derecho universal a la sanidad, las personas inmigrantes contribuyen a su financiación, que en España proviene de impuestos como el IRPF, el IVA u otros especiales. De hecho, incluso las personas en situación irregular la están financiando cuando pagan por productos o servicios.
