El ministerio de Justicia ya tiene prácticamente perfilado un proyecto de modificación del reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Vendrá determinada mediante un Real Decreto, lo que genera un mayor retraso al necesitar de un proceso de aprobación más riguroso. El nuevo texto tiene como objetivo implantar una acreditación alternativa y dispensar de las pruebas relativas al grado de integración española a aquellos solicitantes que no sepan leer ni escribir, presenten dificultades de aprendizaje y también se eximirá a aquellas personas que hayan estado escolarizadas en España
Actualmente el procedimiento que regula la obtención de la nacionalidad incluye la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural española (CCSE). De la misma manera, se exige tener un diploma de español de nivel 2 o superior expedido por el Instituto Cervantes (DELE), en el que solo están excluidas las personas que provengan de países donde el castellano es lengua oficial, pero no se proponen alternativas a aquellos que no sepan leer y escribir.
Los cambios en el procedimiento saldrán adelante mediante un Real Decreto que modificará otro anterior que lleva en vigor tres años. El nuevo texto está pendiente de remitirse a dictamen del Consejo de Estado y elevarse posteriormente al Consejo de Ministros, como reconoce el Ejecutivo.
El decreto actualmente en vigor, aprobado por el anterior Ejecutivo, recibió numerosas críticas lo que se consideraba antes un derecho al que se accedía tras haberse cumplido los años necesarios de estancia legal continuada en España, a partir de octubre de 2015 se estableció con un coste de entre 300 y 500 euros.
Durante los tres últimos años, los ingresos del Instituto Cervantes por la tramitación de estos certificados se acerca a los 16 millones € (de los cuales 11.335.035 provienen de las pruebas CCSE, y 5.555.862 por la prueba DELE A2 de idioma)
Ni la red pública de Escuelas Oficiales de Idiomas, ni las escuelas para adultos, ni las ONG que ofrecen cursos de español a migrantes están autorizadas para certificar los conocimientos de lengua, tratándose de una función exclusiva del Instituto Cervantes.
El propio contenido de las pruebas también suscitó críticas, al entenderse que los exámenes exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria , versan sobre temas que, según denunció parte de la oposición en su día, alejados de la realidad y el día a día de la convivencia en sociedad, “teniendo más similitud con un examen técnico de acceso a la universidad que con una prueba de conocimientos generales”
Por último, se señala “la dificultad para conseguir una fecha de examen, al no haber apenas fechas disponibles”, lo que supone alargar el procedimiento indebidamente.
El porcentaje de aprobados
La tasa de aprobados en el DELE es del 76,95%,. Sin embargo existe una clara diferencia en los resultados por franjas de edad, así entre aquellos que tienen entre 18 y 31 años, el porcentaje de aptos asciende hasta el 89,31%, mientras que desciende al 70,97% en la franja de edad de 41 a 50 años, y al 70,49% en la que comprende de 51 a 60 años.
Las pruebas del CCSE, para acreditar el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural española, obtienen unos porcentajes de aptos mucho más elevados, donde el 96,51% de los exámenes presentados son aptos.
