La Administración retrasa la renovación de documentos de los estudiantes extranjeros, que pierden sus cuentas bancarias o tienen dificultades para ir y volver de sus países.
La Administración está alargando hasta seis meses, que es el doble de lo establecido por ley, las renovaciones de sus autorizaciones de residencia y los retrasos han empujado a los alumnos a un limbo en el que pierden sus cuentas bancarias.
No pueden ir y volver de sus países de origen si no es con una autorización específica de la Policía Nacional, y dejan de poder pagar recibos.
Por tanto, los estudiantes tampoco pueden alquilar un apartamento, ni contratar cualquier servicio que exija un documento en vigor. No son irregulares, pero pierden derechos y necesitan más y más burocracia para mantener su rutina, interrumpida por una fecha de validez.
Magnitud del problema
El año pasado se batió un récord y España atrajo a 56.951 estudiantes extranjeros, buena parte de ellos, chinos, seguidos por los estadounidenses y el colectivo de latinoamericanos, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Migraciones. De manera que el problema perjudica potencialmente a miles de personas.
El 37% de esos estudiantes viven actualmente en España gracias a la renovación de su estancia, el trámite que está desbordando los cajones de extranjería y que debe solicitarse anualmente.
Se dan casos en los que, debido al retraso, el interesado recibe su nuevo documento cuando quedan pocos meses para que vuelva a caducar y necesita someterse al papeleo enseguida. En Madrid se están gestionando ahora las solicitudes de septiembre.
Algunos estudiantes se lamentan de que “han perdido su cuenta bancaria por la falta de un documento nacional en vigor y no puede sacar dinero ni hacer operaciones desde enero. En Navidad los trámites para obtener un permiso de retorno casi le impiden viajar para reunirse con su familia.
Han pasado ya cinco meses desde que hice la solicitud y en Extranjería sólo me dicen que tengo que esperar”.
Sin refuerzo de personal en Extranjería
El atasco se hizo más evidente a partir de septiembre, cuando el Gobierno publicó el Real Decreto ley 11/2018.
Entre otras medidas flexibilizaba los trámites para que los estudiantes extranjeros que se encuentran en España amplíen su estancia un año más para buscar empleo o emprender.
La medida no vino acompañada de un refuerzo de personal y los equipos de funcionarios de las oficinas de Extranjería pasaron súbitamente a asumir cinco trámites, en lugar de dos. En Madrid, la comunidad que más solicitudes gestiona, este equipo consta de apenas nueve personas.
Y las elecciones generales, que requieren la dedicación de estos funcionarios para su organización, agravarán, previsiblemente, el atasco.
La Delegación de Gobierno de Madrid ha reconocido el problema y ha prometido poner en marcha un “plan de choque” para resolver los expedientes, pero no ha detallado en qué consistirá.
Una portavoz incide en que la falta de funcionarios viene de lejos y asegura que “durante las últimas dos legislaturas del PP, el personal de la Delegación de Madrid que contaba con más de 600 funcionarios se ha reducido en un 30%”.
