Durante el foro de Exclusión Social organizado por este periódico, Miguel Reyero, médico voluntario de la ONG Médicos del Mundo en Baleares se refirió al sistema público de salud que se ofrece en España, en esa línea, valoró positivamente los servicios que se prestan al ciudadano.
Seguramente la gente que emigra lo percibe cuando llega a este país. Para Reyero hay sistemas en que, según, por lo que pagues tendrás los servicios limitados. Esto conlleva a que la gente opte por contratar seguros privados o de acuerdo al nivel adquisitivo se conforme con la atención precaria, anticuada y básica que le ofrece el sistema de salud público de su país de origen.
No obstante a las bondades que ofrece el sistema español, el voluntario de la ONG advierte que nunca se ha tenido un sistema público de salud verdaderamente universal.
Recuerda el 2012 en el que se aprobó una ley que dejó fuera del sistema sanitario de un plumazo a setecientas mil personas. Muchas se vieron borradas de los sistemas informáticos. Hubo tratamientos de cáncer suspendidos y pacientes con trasplantes sin la medicación que les mantenía con vida.
Al mismo tiempo, este profesional de la salud recapitula la forma en que comenzaron los graves riesgos y se aumentaron los costes por tratamientos urgentes y complejos. Incluso en contados casos en que la ley teóricamente aseguraba asistencia, los pacientes recibían las facturas acompañadas de notas amenazantes legales en caso de impagos
En cada una de las 17 Comunidades Autónomas siempre fue una situación diferente, siempre ante la resistencia y protesta de las organizaciones humanitarias y asociaciones algunas Comunidades pusieron en marcha disposiciones para ofrecer alternativas de prestación de servicios a las personas excluidas del sistema de salud.
En julio del pasado año, rememora el médico Reyero, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez publicó una ley que en teoría devolvía una atención sanitaria universal y gratuita a todos los ciudadanos indistintamente del país de procedencia y estatutos migratorio
En apariencia todo parecía solucionado bajo las premisas de que todas las personas que conviven en España en condiciones de igualdad, sin discriminación tenían acceso al sistema público de salud.
Enseguida las organizaciones sociales que habían peleado contra el apartheid sanitario que supuso la ley 16/2012 empezaron a notar algunas grietas que tenía la nueva ley.
La aparición de nuevas falencias en las que empezaba a colarse de nuevo la tendencia a la exclusión social en el ámbito de la salud.
La nueva norma dejaba a criterio de cada Comunidad Autónoma los detalles sustanciales de la puesta en práctica. Se exigía o facultaba opcionalmente un periodo de tiempo demostrable de permanencia en España. Concretamente tres meses. Sin ese periodo, incluso colectivos nunca excluidos, tales como menores y embarazadas podrían ser rechazados.
Esta hipótesis se confirmó a tenor de lo expuesto por Miguel Reyero en el Foro de Exclusión Social. En la Comunidad de Madrid se publicó una normativa indicando que las embarazadas que no hubieran residido al menos tres meses en España no tenían derecho a la asistencia sanitaria.
De la misma manera, la mayoría de personas inmigrantes para hacerles la tarjeta sanitaria les exigían documentos de su país de origen, en algunos casos difíciles de acceder o en otros imposibles de obtener como en el caso de rumanos y búlgaros. Específicamente se exigían certificados de comprobación de sus países de origen sobre si tenían o no derecho a la asistencia sanitaria, obviamente el país de procedencia del usuario generalmente nunca contestaba.
Otra de las preocupaciones para la asistencia sanitaria gira en torno de las personas reagrupadas, que a pesar de estar en situación de legalidad no tendrán acceso a este derecho.
En ese sentido, uno de los requisitos para los familiares de españoles que se acojan a la reagrupación pasa por contratar un seguro privado en su país de origen, de lo contrario, no se procederá a autorizar la reagrupación familiar.
Una vez el reagrupado resida en España y solicite la asistencia normalizada gratuita en el sistema público sanitario no se la concederán, pues el interesado obligatoriamente debe tener siempre contratado un seguro privado.
Todas estas situaciones, en opinión de Reyero empujan a la exclusión social sanitaria, que dicho sea, posiblemente podrían haberse atajado con la publicación de un reglamento nuevo propio del sistema
Más de 200 organizaciones sociales pidieron hace dos meses al gobierno que antes de finalizar la actual legislatura aprobase el reglamento que pregona la ley en su preámbulo y que la propia ministra de sanidad ha defendido, sin embargo, a fecha de hoy no se ha conseguido nada.
El voluntario de Médicos del Mundo en Baleares advierte que sólo queda esperar que tras las próximas elecciones la fuerza política que asuma el gobierno, considere que la salud es un derecho humano fundamental y un sistema público de acceso universal.
