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domingo, agosto 4, 2024
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    Cafetería se niega a atender a ciudadanos marroquíes por orden de sus responsables

    La conocida cadena Pans & Company ha sido esta vez la protagonista de la polémica viral de estos días. ¿Se trata de un nuevo caso de racismo?

    Hace unos días, varios ciudadanos de origen marroquí se acercaron a pedir un café en este local de comida rápida situado en la Estación de Trenes de Alta Velocidad de Girona.
    Lo que no esperaban, era que la persona que le iba a atender se negara a tramitar su comanda siguiendo, según explica ella misma en el vídeo, órdenes de su superior.
    Ante la negativa, uno de los ciudadanos de origen marroquí explica que es la primera vez que acude al local, que es de Manresa. Pero la empleada le asegura que según su jefe “hay una serie de personas que no entran. No te voy a servir café porque mi jefe no quiere”.

    Espai Antiracista@EAntiracista
    Discriminació racista fa uns minuts al @PansandCo d l’estació dl #TAV de #Girona negant-se a servir cafè a persones joves racialitzades. No és un cas aïllat i ens neguem a normalitzar-ho. Ho denunciarem. @consumcat @girona_cat @adif @renfe què hi penseu fer? #NiUnEspaiAlRacisme

    Fue el día 23 de diciembre cuando este caso se comenzó a viralizar. Y es que, en la actualidad, la velocidad de propagación en los medios es brutal, especialmente cuando existen pruebas evidentes como puedan ser una foto o un vídeo de lo ocurrido.

    Precisamente el anterior vídeo es lo que ha servido para ilustrar y dar voz a la polémica de la que hablamos. Y ha servido para ganar repercusión hasta el punto de captar la atención de los medios, apareciendo incluso en las noticias nacionales.

    El portavoz y activista de Espai Antiracista, Mustafa Shaimi, explicó que dos de los jóvenes pertenecen a esta entidad y avisaron de lo ocurrido. Shaimi acudió al local y pidió una hoja de reclamaciones, pero la empleada se negó. «Ella estaba superada por la situación, pero la orden que tenía era discriminatoria y racista», explica Shaimi.
    Mustafa llamó a los Mossos d’Esquadra, que no vieron la necesidad de levantar acta sobre los hechos. Al final, la empleada entregó la hoja de reclamaciones y los jóvenes denunciaron lo sucedido ante la Agencia de Consumo de la Generalitat. Shaimi afirma que este tipo de episodios ocurren en Girona a menudo y que estudiarán todas las vías posibles para denunciar lo que puede constituir un delito de odio.

    Tras la gran repercusión que está adquiriendo este incidente, la cadena se ha manifestado publicando un comunicado en Twitter intentando aclarar que «nuestra política de empresa se basa en la igualdad y el respeto y nunca toleraríamos una actitud discriminatoria y racista hacia nadie».

    Aseguran que “recientemente se han producido algunos incidentes en el establecimiento de personas que han manifestado comportamientos poco apropiados y algunas actitudes despectivas hacia trabajadores y clientes del local”, aunque no vincula a estos jóvenes en concreto con dichos incidentes.

    En dicho comunicado afirman que, siguiendo el protocolo de actuación establecido para este tipo de casos, iniciarán «una investigación interna para determinar si ha podido haber alguna conducta que no se corresponda con esta política».

    Una reacción que, lejos de calmar la polémica, ha levantado numerosas críticas considerando que las imágenes explican más que cualquier defensa o intento de explicación.

    Tal ha sido la polémica que hasta la propia Generalitat de Catalunya ha anunciado un expediente sancionador por discriminación.

    Chakir el Homrani, Conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, ha asegurado que el Govern actuará «de forma clara y contundente» en este caso. «Creo que las imágenes se explican por sí mismas. Es intolerable que no se les atienda por su origen. Es racismo y no se puede permitir. El derecho de admisión no comporta el derecho a la discriminación». 

    El Homrani afirma que contactará tanto con la parte denunciante como con la propia empresa denunciada, y procederán a tomar una decisión «con toda la información encima de la mesa».
    Si encuentran indicios de ideología de odio, presentarán demanda a la Fiscalía, mientras que si se trata de un problema de derecho de admisión, sólo se llevará por vía administrativa.

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