L a historia de Hassan Boussalham no puede pasar inadvertida a tenor de los hechos en los que se basa la Administración para conceder la reagrupación familiar a un comunitario. A este ciudadano marroquí, residente en España hace veinte años y con nacionalidad de este país hace una década, la Oficina de Extranjería de Palma le ha denegado el derecho a reagrupar a su progenitora de 78 años, que dicho sea en este momento se encuentra enferma, y obviamente, necesita estar cerca de su familia para recibir las atenciones de rigor.
Consultado por Baleares Sin Fronteras sobre si reúne todos los requisitos para tener el derecho a la reagrupación familiar, Hassan no vacila en responder: “presenté todos los papeles que me pedían y no entiendo por qué me privan del derecho de estar con mi madre”.
En ningún momento la señora se va a convertir en una carga para el Estado español, si es por ese motivo que le deniegan el trámite. “Les mostré el seguro privado de mi madre, tengo trabajo fijo en la construcción con un buen sueldo desde hace varios años, ¿qué más quieren que les demuestre para que mi madre pueda estar a mi lado?”, argumenta Hassan visiblemente contrariado.
Además, otro de las exigencias de la Ley de Extranjería para la reagrupación estriba en que el reagrupante demuestre que sus progenitores o hijos menores de edad dependen de ellos. Este requisito Hassan también la llevado a rajatabla: “Llevo enviando a mi madre desde hace 14 meses giros mensuales de 250, 600 y de hasta 900 euros”.
Otro de los requisitos por los que se suele denegar algún trámite podría apuntar a tener en la base de datos algún antecedente penal. La abogada especializada en derecho de extranjería, Beatriz Tobón defiende que su cliente no tiene ningún incidente delictivo. “No me explico por qué suceden estas injusticias en la Administración”.
La letrada va más allá: “he realizado exactamente los mismos trámites con ciudadanos de Latinoamérica que presentan idénticos requisitos de mi cliente y les conceden la reagrupación”, por lo que a nivel administrativo la única alternativa que le queda es presentar un contencioso para lograr la reagrupación de la madre de Hassan.
Este periódico contactó con Mustafá Boulharrak, presidente de la Asociación Al Magreb. Al describirle la situación de Hassan fue enfático en su respuesta: “no es la primera vez que ocurre. Es muy común ver discriminación administrativa hacía el colectivo marroquí”.
Incluso el líder africano profundizó en otros casos que la propia Embajada de España exige a sus connacionales para que puedan ser reagrupados por sus cónyuges: “Les piden videos de la boda, incluso hasta preguntan si hay algún embarazo de por medio para descartar los matrimonios de conveniencia”, en definitiva para el tema de la reagrupación “está claro que nos miran con otros ojos”.
En la exigencia del informe de vivienda para reagrupar a los nuestros, la Administración pone trabas, como por ejemplo que el inmueble tenga más habitaciones de las que corresponde a una familia de cuatro integrantes. “Nos hemos percatado que los informes que nos piden son exigentes respecto a ciudadanos de otros países”, para concluir que “nos tienen con el estereotipo del extremismo islámico”.
