Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB
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En días pasados periódicos y portales jurídicos en internet publicaron que en Portugal se había producido una regularización masiva- exprés para inmigrantes que estuvieran en situación irregular, esta noticia se ha interpretado de una forma errónea, ya que el Gobierno portugués el pasado 28 de marzo de 2020, decidió regularizar a todos los inmigrantes pendientes de autorización de residencia en el país, pero este permiso de residencia no es para todos los inmigrantes, sino únicamente para aquellos que ya lo hubieran solicitado ante la administración. Además, esta medida se aplicaría con carácter retroactivo, desde la fecha en que se decretó el estado de alarma en el país y que bastará con el resguardo de la solicitud de permiso de residencia para acogerse al Servicio Nacional de Salud y a la Seguridad Social, y vean satisfechos sus derechos a la sanidad y al trabajo, entre otros.
En España nos enfrentamos a la misma problemática tras el cierre de las oficinas de extranjería, por lo que una medida en la misma dirección sería muy beneficiosa y así darle celeridad a los expedientes que ya han sido presentados con anterioridad al inicio del estado de alarma. Un primer paso ya lo ha dado la Secretaría de Estado de Migraciones al emitir un comunicado a las oficinas de extranjería para evitar perjuicios en los derechos e intereses de los interesados y afectados en los procedimientos en materia de extranjería durante el estado de alarma decretado el día 14 de marzo de 2020, por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
En dicho comunicado se establecen medidas de suspensión de plazos administrativos, agilización de los expedientes presentados antes del estado de alarma, posibilidad de presentación telemática de solicitudes de residencia iniciales y aceptación de los documentos requeridos para los trámites de extranjería y que caduquen durante el estado de alarma, así como la suspensión del plazo establecido para aquellos extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia por turismo y no puedan regresar a sus países de origen a causa de la emergencia sanitaria. Así mismo se establecen las directrices para conceder autorizaciones de residencia y trabajo “exprés” para profesionales sanitarios originarios de países que no pertenecen a la Unión Europea para que así puedan acceder al mercado laboral e incorporarse de manera inmediata a combatir esta emergencia sanitaria. Con esta medida el Gobierno pretende incorporar a nuestro sistema de salud unos doscientos profesionales.
Existe todo un conjunto de solicitudes de residencia presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma y cuya tramitación ya se ha realizado y en los que no requieran ningún trámite adicional (es decir expedientes presentados correctamente, sin requerimientos) y que la propuesta de resolución es favorable; se establece que estos expedientes deben ser terminados lo antes posible y emitir la resolución correspondiente, permitirá que el inmigrante a favor del cual se expide la autorización de residencia pueda realizar, en su caso, una actividad laboral y así evitarle una prolongación de su estado de indefensión, que en muchas ocasiones, puede causar un grave perjuicio tanto al extranjero como a su unidad familiar.
Así mismo, se evitaría un perjuicio mayor para el caso de los extranjeros que cuentan con un precontrato laboral para tramitar su permiso de residencia y trabajo por arraigo social, que, de prolongarse la situación de emergencia, muy posiblemente este empleador no quiera o no esté en condiciones económicas de poder esperar, y esta oferta de trabajo desaparezca y con ello se esfume la ilusión del inmigrante de poderse regularizar.
Es muy preocupante toda esta situación que se está generando por la emergencia sanitaria que está viviendo la Nación y la crisis económica y social que traerá consigo. La reforma a la Ley de Extranjería que se venía contemplando seguramente se detendrá.
Muchos empresarios y empleadores no tendrán la solvencia económica para ofrecer ofertas de trabajo para que los inmigrantes puedan regularizarse y continuará incrementándose el número de extranjeros en estado ilegal. Esperemos que el Gobierno adopte a corto plazo medidas positivas en materia de inmigración y se inicie un proceso de regularización.
Un procedimiento de regularización sería una solución inmediata para que muchos inmigrantes que cuenten con una oferta de trabajo puedan obtener su permiso de residencia y así trabajar de forma legal y no continuar inmersos en la irregularidad un colectivo supremamente vulnerable que día a día vemos como son explotados laboralmente.
Ante esta situación y con motivo de la emergencia sanitaria que está atravesando España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha hecho una petición al Gobierno para que se ponga en marcha lo antes posible un proceso de regularización para todas aquellas personas que están de forma irregular en España, así como también para todos aquellos que estén en proceso de solicitud de Asilo. Transcripción de esta petición:
“En el contexto actual de emergencia sanitaria mundial provocado por la COVID-19 es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud.
Es importante recordar que la Oficina de Asilo (OAR) acumula actualmente más de 100.000 expedientes de asilo pendientes. Es necesario que los derechos de las personas migrantes en situación administrativa irregular se vean garantizados.
Para ello, es urgente que se ponga en marcha un proceso de regularización que les permita acceder a sus derechos en igualdad de condiciones al tiempo que se reconozca el valor las aptitudes, dedicación y compromiso que pueden aportar a sociedad española.
Por todo ello, pedimos al Gobierno español que, siguiendo la estela del gobierno portugués y la recomendación del Consejo de Europa, ponga en marcha medidas de regularización extraordinaria con el fin de garantizar los derechos de las personas extranjeras en España”.
