Redacción BSF
Los Gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares -Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla- elevarán un documento conjunto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno del Estado la adopción de medidas que aseguren el control de los precios en los vuelos a la Península y la garantía del mantenimiento del descuento del 75% para los residentes en los actuales términos o su mejora.
Los consejeros del movilidad y transporte de los cuatro ejecutivos han tomado esta decisión después de conocer el estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que demuestra, en el caso de Canarias y Baleares, -tal y como venían advirtiendo los cuatro territorios- el incremento de precios por parte de las compañías con la entrada en vigor del descuento del 75% en los vuelos a la península.
Los cuatro gobiernos coinciden en la importancia del estudio de la CNMC porque, de una manera objetiva, hace públicos los datos que evidencian el aumento de los precios y, en este sentido, advierten de la necesidad de establecer por parte del Estado una fiscalización de los precios de venta de billetes por parte de las compañías y la adopción de medidas que impidan los incrementos.
Sin embargo, discrepan profundamente de algunas de las conclusiones y recomendaciones que hace el organismo en relación a la aplicación de la bonificación del 75% como la posibilidad de establecer límites a la bonificación, su pago a posteriori o su sustitución por exenciones fiscales.
Por ello, en el documento que trasladarán al Gobierno del Estado se exigirán tanto medidas que aseguren el control de los precios y eviten su aumento por parte de las compañías como todas las garantías para la bonificación del 75%, un logro importantísimo de los cuatro gobiernos que equipara los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extra peninsulares con los de los ciudadanos del resto de España para el que no se aceptará “ni un paso atrás”.
Es más, los cuatro gobiernos destacan que el estudio de la CNMC pone en evidencia también cómo en el caso de los vuelos internos entre las islas, -que operan a través de obligaciones de servicio público y con una tarifa de referencia (que en la práctica supone precios limitados) – el incremento del 50% al 75% en la bonificación no ha supuesto un aumento de precios, sino que ha repercutido directamente en beneficio de los residentes, con precios más bajos.
Por tanto, en esta línea, cualquier cambio en la bonificación del 75% sería para avanzar en los derechos de los ciudadanos siguiendo el modelo del sistema entre islas para el precio de los vuelos, nunca un paso atrás.
El posicionamiento conjunto de los cuatro gobiernos ante el informe de la CNMC refuerza la estrategia acordada en la Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares celebrada el pasado mes de enero en las Islas Canarias, en la que ya se abordó la problemática del incremento de precios con el 75% de descuento de residente -ahora confirmado por la CNMC- y se estableció una hoja de ruta conjunta para mejorar los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares y reclamar que se tomaran medidas para evitar el encarecimiento de precios detectado sin un motivo objetivo que lo justifique.
Los cuatro gobiernos recuerdan que durante la cumbre coincidieron en considerar la bonificación del 75% como “un hito”, pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.
Las conclusiones recogidas en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada cumbre siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes.
Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios por parte de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos. Por ejemplo, la petición de que la condición de residente se incluya al finalizar la compra y no al principio (para que no se discrimine a los residentes) o que las compañías modifiquen su sistema de algoritmo de venta, que no ha incluido la variable del 75% e incrementa precios con el aumento de la demanda, entre otras medidas
En la cumbre también se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y convertirse en el órgano en el que se planteen nuevas propuestas para mejorarla.
El estado de alarma ha impedido la celebración de constitución y primera reunión de dicha mesa y los cuatro gobiernos solicitarán su pronta reunión cuando la superación del estado de alarma así lo permita.
