Por Juan Pablo Blanco
Una verdadera pesadilla sufren las personas que pretenden la obtención de una cita previa para tramitar la toma de huellas para la expedición de su tarjeta de residencia (con resolución aprobada) o la renovación de los permisos de residencia de larga duración y/o permanente, cita para asignación de NIE, certificado de residencia de ciudadanos de la Unión Europea.
Actualmente se ha formado un verdadero colapso, tanto los extranjeros como los profesionales ven como es casi un imposible la obtención de una cita previa para realizar estos trámites. Esto es lo que nos explica la abogada, Beatriz Tobón en su artículo de opinión.
Por su parte la letrada que lleva muchos años en esto del derecho de la extranjería, Margarita Palos, aconseja a los afectados a acudir al Defensor del Pueblo a ejercer sus derechos en el apartado de “Tu queja”, pues ya no es una situación que afecte a una minoría sino a una gran mayoría.
Desde la Policía Nacional dicen a los abogados o a los gestores administrativos, que citas sí hay, pero otra cosa muy diferente es lo que presenta la realidad. Lo más preocupante es que a partir de la finalización del estado de alarma hay un plazo de seis meses -hasta el 21 de diciembre- para renovar los documentos, pero de no corregirse esta situación no nos quepa ninguna duda que estaríamos enfrentando un tema complicadísimo de resolver al tratarse de centenares de personas que quedarían irregulares por responsabilidad de la propia Administración luego de que expiren estos 180 días de plazo, sí, increíble pero cierto.
Por ejemplo, resulta llamativo la carta que le envía la Seguridad Social a una persona cuya tarjeta de residencia caducaba el 18 de mayo, pero que por el estado de alarma se prorrogaba hasta finales de este año. En el documento en el que reproducimos apartes del texto se le concede un plazo de diez días hábiles para tener sus papeles en vigor, la preocupación de esta persona no es para menos al verse comprometido el pago de su pensión.
Salvo error de interpretación de los abogados o de quien escribe, estamos hablando de un desconocimiento de la Administración Pública de las propias disposiciones de la otra parte de la Administración Pública. Concretamente, la Seguridad Social ignora la nueva orden gubernamental que acepta la vigencia de los documentos que hubiesen vencido durante el estado de alarma y les concede una prórroga de seis meses una vez finalizado éste.
Y si esto es la Administración Pública, las entidades financieras no se quedan atrás. Hay personas que no pueden hacer sus trámites bancarios porque literalmente los encargados de gestionar las operaciones tienen instrucciones de no aceptar nada que sea un documento de identidad vigente. Nos hemos encontrado casos en los que ni siquiera aceptan las resoluciones de aprobaciones de concesiones de permisos de residencia y trabajo.
A la pandemia se une la falta de personal en las oficinas de la Administración Pública, es un hecho evidente. En Extranjería de Palma, tráfico, la Seguridad Social y otros estamentos han reducido el personal. Así es complicado que funcione bien un país. Y, si antes de la pandemia las cosas iban como iban, qué podemos esperar ahora con este desbarajuste burocrático que ralentiza los trámites y tienen en el limbo especialmente a miles de inmigrantes que están a la espera de normalizar su documentación.
En la fila estamos en este periódico para una entrevista con la Delegada del Gobierno, Aina Calvo para que hablemos de cómo se enfrentará esta coyuntura y si existe un plan a corto o mediano plazo para subsanar lo expuesto. Estamos hablando nada más y nada menos de documentos que te solucionan o te agravan tu vida en el día a día. Simplemente la tranquilidad de la normalidad de poder identificarte correctamente sin tener problemas de ninguna índole.
