Los partidos del Pacte han rechazado en el Parlament de les Illes Balears la proposición no de ley registrada por la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, y defendida por el diputado, JuanMa Gómez, que insta al Govern a impulsar medidas para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas contra la ocupación ilegal de viviendas en las Islas que permitan “desalojos exprés y aumentar las condenas ante el incremento de denuncias y la constatación de bandas de okupas profesionalizados que actúan en las Islas”.
Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara balear, Gómez ha señalado que “se debe elaborar un Plan Autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas que tenga como objetivo la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios” además “debe incluir medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de todos los inmuebles abandonados y que sean susceptibles de una ocupación ilegal” así como “facilitar servicios de asesoramiento y orientación jurídica a los propietarios afectados” ya que “a raíz de la crisis sanitaria de la Covid-19 la ocupación ilegal afecta, sobre todo, a segundas residencias”.
En este sentido, el diputado de la formación liberal ha indicado que “nuestro objetivo es dotar a los propietarios de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas con mayor celeridad” además de “dotar a las Administraciones de los medios necesarios para combatir este grave problema”.
“Es un problema gravísimo que las mafias se aprovechen de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas” ha añadido el diputado de la formación naranja y, además, “no podemos perder de vista que estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones y que han pagado su vivienda con el sudor de su frente”, ha lamentado Gómez.
Por ello, “no podemos seguir permitiendo que los afectados acudan a la justicia para recuperar sus viviendas y se encuentren, irremediablemente, con un proceso largo y complejo que permite al okupa quedarse durante años en la vivienda a la espera de que un juez decida”, ha denunciado Gómez.
Asimismo, Gómez ha añadido que “se debe potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia de esta lucha entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Municipales y la Administración de Justicia”.
Por último, “es responsabilidad del Gobierno central y de las Cortes Generales la promoción de todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada” y, urge, “introducir modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, esta problemática”.
