Por Juan Pablo Blanco
En esta edición abordamos un asunto que está en boca de la opinión pública y que apunta a la llegada de pateras a las costas españolas con las respectivas consecuencias sociales que esto conlleva.
Cabe resaltar que la indignación es evidente, entrar en comparaciones odiosas y rasgarse las vestiduras está a la orden del día cuando se trata de ver desembarcar a unos hombres que acaban de llegar de Argelia y los van a alojar en hoteles de lujo con banquete de comida incluido y ayudas de dinero en efectivo supuestamente entregado por el gobierno -400 euros- para lo que haga falta como si se tratara del recibimiento apoteósico a turistas en épocas de vacas gordas.
Como si fuera poco, no falta la asistencia personalizada de la Cruz Roja que les dota de comida y lo que haga falta para que los recién llegados la sigan pasando a cuerpo de rey.
Tampoco brilla por su ausencia una noticia que señala a uno de los ilustres visitantes de estar molesto por no tener una habitación con vista al mar, a pesar de que la noticia fuera desmentida al siguiente día. Ya parecía extraño que este migrante aprendiera a hablar tan rápido castellano para que sus exigencias tuvieran un eco periodístico de tal calibre.
Para más inri, la indignación sigue a flor de piel cuando se lee en las noticias que a esos migrantes les harán un PCR gratuito, mientras que el resto de los mortales tienen que presentar síntomas o pagar 135 euros a una entidad de salud privada.
En realidad, lo anteriormente descrito es lo que se vende a la opinión pública. Es imposible afirmar que todos los que llegan son la reencarnación de la madre Teresa de Calcuta y también invisibilizar a las mafias de tráfico de inmigrantes. Pero también es cuestionable el manejo tergiversado que se le está dando a las informaciones de las pateras en relación a los privilegios que tienen quienes llegan a las costas de Baleares.
Hasta en los países poco democráticos existen las intervenciones humanitarias destinadas a estas personas que no se sabe en qué estado llegan a las costas españolas. En el caso de Baleares se aplica un protocolo claro y sencillo como en todos los lugares del mundo.
El gobierno no regala 400 euros a nadie, tal y como se vende en las redes sociales. Y los protocolos sencillos se aplican con el objetivo de no expandir el virus.
¿O acaso preferimos que estas personas no sean atendidas por los servicios sanitarios exponiéndonos todos a un hipotético contagio?. Malo si se hace y peor también si no se hiciera. Luego, los procedimientos administrativos son siempre los que se han aplicado antes de que a estas personas se les envíe a la península para llevarlos a un CIE o para que una ONG adscrita al programa del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones decida los pasos a seguir.
Siempre lo he dicho por activa y pasiva, mientras que en los países de origen la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades sean visibles, no habrán muros ni Trumps que contengan la avalancha de gente que se la juega el todo por el todo como pasa con el tema de las pateras en Europa o los cayucos en Estados Unidos.
Como habitualmente lo he expresado en esta misma columna, no se trata de darles papeles a todos. Quisiéramos que la inmigración fuera ordenada, legal y segura. Pero sigue siendo evidente que el mundo sigue patas arriba, hoy más que nunca con este letal bicho.
El proceso migratorio no parará, sino que crecerá con la pobreza social a la que están expuestos muchos países, el sálvese quien pueda es y seguirá siendo una de las reglas de este nuevo orden mundial del coronavirus.
Nos guste o no es lo que habrá de ahora en adelante.
