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viernes, octubre 4, 2024
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    El Programa del Retorno Voluntario con incentivos invita también a los comunitarios a marcharse del Reino Unido

    BSF

    Tal como sucediera en la crisis española de 2008 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la puesta en marcha del programa de retorno voluntario para inmigrantes a los que se les ofrecían ayudas para “regresar a sus países de origen”, lo propio está sucediendo con la noticia difundida por “The Guardian”.

    El incentivo consiste en dar ayudas de hasta 2.000 euros y el pago de billetes de avión a ciudadanos de la unión Europea que escojan la opción de regresar a sus países.

    Lo más llamativo de la información es que el Gobierno británico ha incluido discretamente a ciudadanos comunitarios en el programa de retorno voluntario, que supone el pago de billetes de avión y más de 2.200 euros de ayudas.
    Quienes se acojan a esta opción deben hacerlo antes de que finalice el plazo para solicitar el estatus de asentado el 30 de junio para solicitar el derecho de residencia que tienen los ciudadanos comunitarios que ingresaron al país antes del 31 de diciembre del 2020.

    Cabe señalar que esta iniciativa estaba únicamente contemplada para los ciudadanos no comunitarios que no tuvieran acreditada su situación administrativa regular o que estuvieran tramitando la residencia.
    Sin embargo, no cabe duda que esta estrategia de Boris Jhonson contradice la teoría de que su gobierno está haciendo todo lo posible para facilitar el trámite de residencia a los europeos.

    The Guardian afirma en su artículo que Benjamin Morgan, director del proyecto por los derechos de personas europeas sin hogar dentro del Public Interest Law Centre, dice: “Por nuestro trabajo de asistencia social, tenemos claro que algunos de los ciudadanos europeos en estado de mayor vulnerabilidad aún no han resuelto su estatus legal. Las razones de peso han sido las barreras para hacer la solicitud y los retrasos en la toma de decisiones del Ministerio de Interior británico”.

    “Este cruce de mensajes entre el Plan de Asentamiento por un lado y el regreso voluntario por otro hace poco creíble la afirmación del Gobierno de que se protegerán los derechos de los europeos más vulnerables después del Brexit”, añade.

    Entre tanto, un portavoz del ministerio del Interior británico aclara esta versión de otra manera: “Quizá algunas personas no elijan solicitar la residencia a través del EUSS o no quieran quedarse en el Reino Unido después de la fecha límite. Por eso hemos escrito a personas y organizaciones interesadas para informarles de que los ciudadanos del Espacio Económico Europeo que quieran marcharse del Reino Unido ahora pueden optar a los beneficios del plan de retorno voluntario”.


    Amenaza de deportación


    Esta noticia llega al mismo tiempo que un informe del Joint Council for the Welfare of Immigrants (consejo conjunto para el bienestar de los inmigrantes) advierte que miles de trabajadores esenciales europeos corren el riesgo de perder su derecho legal a permanecer en Reino Unido.

    El informe, titulado ‘Cuando acaban los aplausos: trabajadores esenciales europeos después del Brexit’, señala que miles de ciudadanos europeos que cumplen tareas esenciales en el sector de cuidados, así como aquellos que trabajan en la construcción, en fábricas y en la agricultura, corren el riesgo de perder su estatus legal y podrían ser deportados del Reino Unido.

    De los 295 trabajadores del sector de cuidados encuestados por la organización benéfica, uno de cada siete no sabía bien qué es el EUSS, uno de cada tres no había oído hablar del plan de asentamiento antes de contactar con la organización y uno de cada tres no sabía que existe una fecha límite para el EUSS ni cuándo es. La mayor parte de la encuesta fue realizada entre enero y marzo del año pasado.

    “Con que una pequeña fracción de la cantidad estimada de residentes procedentes del Espacio Económico Europeo no pueda hacer la solicitud a tiempo, decenas de miles de personas podrían perder su estatus legal de la noche a la mañana. Sin medidas urgentes, el sector de cuidados podría quedar devastado”, dice el informe.

    El texto pide que se elimine inmediatamente la fecha límite para ingresar al EUSS, que todos los ciudadanos europeos obtengan la residencia legal automáticamente y que se ponga fin a las políticas que generan “un clima de hostilidad”.

    El informe sostiene también que los trabajadores de sectores donde priman malas condiciones de trabajo, bajos salarios y contratos precarios, como cuidados, construcción y agricultura, están especialmente expuestos a caer entre las grietas del sistema. Aquellos que no puedan solicitar la residencia a tiempo podrían ser detenidos y deportados y podrían ser criminalizados por trabajar, alquilar una vivienda o conducir un coche.

    “Me asusta nuestro informe porque la gente con la que hemos hablado es mucho menos vulnerable que otros grupos escondidos en condiciones de explotación laboral y con quienes no podemos contactar para que respondan a nuestras preguntas”, dice Chai Patel, del Joint Council for the Welfare of Immigrants. “A pesar de nuestras advertencias y las de otros expertos, el Ministerio del Interior británico continúa enterrando la cabeza en la tierra, igual que lo hicieron con el escándalo de Windrush, inventan excusas en lugar de encontrar soluciones”.

    El Joint Council for the Welfare of Immigrants no es la única organización que advierte de que hay personas en riesgo. El Observatorio de la Migración ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que ciertos grupos no sean registrados antes de la fecha límite del 30 de junio.

    El ministro de inmigración, Kevin Foster, dice que el informe del Joint Council for the Welfare of Immigrants presenta “un panorama totalmente engañoso del Plan de Asentamiento de la UE”, ya que se basa en “un pequeño sondeo realizado hace un año a menos de 300 personas”.

    “Desde entonces, el plan ha recibido millones de solicitudes. Ya tenemos casi 4,9 millones de solicitudes para el exitoso Plan de Asentamiento. Quedan menos de seis meses para la fecha límite del 30 de junio y le recomendaría a todos aquellos que cumplan con los requisitos que envíen su solicitud inmediatamente para asegurar sus derechos bajo la ley británica. Hay mucha ayuda en internet y telefónica y hemos financiado a 72 organizaciones en todo Reino Unido para asegurarnos de que nadie se quede atrás”.

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