Redacción BSF
Las colas del hambre cada vez más crecen en todo el territorio español. A las miles de muertes por Covid-19 y a la emergencia sanitaria que no cesa, se suma el tsunami económico que ha destruido miles de empleos. Centenares de empresas han echado el cierre, sencillamente, no han podido resistir los estragos de la pandemia, y en el mejor de los escenarios, el sector empresarial se ha visto obligado a prescindir de más de la mitad del personal.
En Mallorca no existen excepciones a la regla. Miles de familias también echan mano de las ayudas sociales del Gobierno. No todas, diríamos muchas, reúnen los requisitos para optar al Ingreso Mínimo Vital.
Como si fuera poco, las entidades del tercer sector no dan abasto para atender las necesidades de los usuarios que llegan diariamente a solicitar ayudas de alimentos y materiales de primera necesidad. Las ONGS y las diversas organizaciones de voluntarios se enfrentan cada día a verdaderos dramas humanos, a tenor de los testimonios recopilados por este periódico, que serán temática central de la próxima edición.
En esa línea, desde el Ejecutivo Autonómico, concretamente, la Conselleria de Afers Socials ha realizado unas modificaciones a la Renta Social Garantizada (RESOGA) que se probó el lunes pasado con el fin de acelerar el procedimiento para la concesión de ayudas a las familias vulnerables y a las personas que presentan serio riesgo de encontrarse al borde de la exclusión social.
Procedimiento a seguir
La consellera de Afers Socials i Esports, Fina Santiago ha trasladado a la Mesa de Pobreza que ya se aplica el decreto que agiliza la Renta Social Garantizada (RESOGA) que se aprobó lunes. Un cambio que permite que las familias sin ingresos económicos de Baleares a quienes se ha desestimado el Ingreso Mínimo Vital, total o parcialmente, y cumplen con los requisitos de la prestación autonómica, tengan acceso a la RESOGA presentando una declaración responsable.
La Mesa de pobreza, que está formada por el Govern, los Consells Insulars, el Ajuntament de Palma, la FELIB y representantes de EAPN (las entidades del tercer sector que trabajan con personas en situación de riesgo o exclusión social) ha recibido con satisfacción el cambio administrativo puesto que agiliza el cobro a familias que llevan meses esperando cobrar una prestación y no pueden estar más tiempo a la deriva.
La consellera Fina Santiago ha recordado que el objetivo es actuar sobre todo con la pobreza sobrevenida por la COVID-19 y ayudar a las familias para que puedan cobrar lo más rápido posible.
El Decreto Ley aprobado permitirá a la Conselleria de Afers Socials i Esports avanzar en el pago de la Renta Social Garantizada (RESOGA) a las familias sin ingresos económicos de las Illes Balears a las que se haya desestimado el ingreso mínimo vital (IMV), total o parcialmente, y cumplan con los requisitos de la prestación autonómica.
Así pues, en lugar de, como se hacía hasta ahora, llevar a cabo una revisión previa antes de conceder la renta social con el tiempo que esto supone, la revisión se hará a posteriori.
De este modo, los solicitantes presentarán la solicitud de renta social -o haberla presentado ya- una vez se tenga la resolución denegatoria del IMV, y una declaración responsable en la que se indique que se cumplen los requisitos de la prestación económica autonómica.
La revisión se realizará luego de la concesión de la ayuda y, si no se cumplen los requisitos o estos presentan incoherencias, se suspenderá el pago y se exigirá el regreso de las cuantías recibidas indebidamente.
El Govern aumenta así el umbral de la cuantía que permite que la justificación de los gastos se haga por medio de una declaración responsable, que pasa de 3.000 € a 6.000 €, y amplía el alcance de la medida introducida el pasado mes de mayo en el Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, y recogida en la Ley 2/2020, resultante de la tramitación como ley del decreto ley mencionado.
