Investigación BSF
La semana pasada saltaba a la palestra la investigación a la que se enfrentan un funcionario de extranjería, tres abogados, inmigrantes marroquíes y una gestoría.
Los periódicos sacaban a la luz pública un entramado conformado por una banda que se dedicaba a regularizar fraudulentamente utilizando a inmigrantes de origen marroquí, que pagaban entre 5.000 a 8.000 euros para obtener el permiso de residencia y trabajo en España. La investigación no revela con certeza cuántos extranjeros participaron en esta trama.
Al cierre de esta edición el secreto del sumario no se había levantado, y por consiguiente, no se habían podido determinar los delitos a los investigados.
En cambio, de lo que hacían eco los medios de comunicación era la confesión desde la prisión del cabecilla de esta supuesta organización, que había sido detenido semanas antes.
El supuesto empresario de origen español, 33 años, propietario de peluquerías de low cost y de gimnasios, según versiones oficiales recogidas por el periodista del Diario de Mallorca, Lorenzo Marina, ya había sido detenido por tráfico de anabolizantes en una operación policial en Palma y Calvià.
Poco después de su arresto, en 2017, escenificó un propósito de enmienda impostado. No tardaría en volver a las andadas. Desde hace un mes se encuentra en prisión provisional por favorecimiento de la inmigración irregular.
El citado diario mencionaba que los investigadores de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional detectaron un gran volumen de supuestas conciliaciones de trabajos no esenciales en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Baleares (TAMIB).
Una de las tendencias apuntaba a que estas contrataciones se producían en el momento en el que la crisis vinculada con la pandemia arreciaba con más fuerza.
Modus operandi
Las alarmas se encendieron tras la denuncia de varios estafados a los que el supuesto empleador, una vez recibido el importe de dinero acordado para la regularización, les quitaba el pasaporte. Varios declararon en la Policía Nacional tras frustrarse la intención de “arreglar” sus papeles en España.
A las denuncias se sumaron las sospechas de los investigadores al comprobar que desde la Oficina de Extranjería de Palma se concedían los arraigos laborales con las actas de conciliación del TAMIB.
Sin embargo, la propia Administración comenzaría más adelante a denegar otros procedimientos de idénticas características.
La investigación apunta que estas conciliaciones ya venían pactadas de antemano. El Diario de Mallorca cita que la supuesta mediación laboral se convertía en un “mero paripé”.
Está por determinarse la manera en que el cabecilla C.L. captaba a inmigrantes marroquíes que trabajaban para él en sus negocios o gente de afuera.
El procedimiento consistía en denunciar a este supuesto empleador en el acto de conciliación para conseguir un falso arraigo laboral en las islas.
Cabe destacar que ninguna de estas resoluciones había sido denunciadas a la Inspección de Trabajo, que dicho sea, es la entidad encargada de verificar si existía alguna irregularidad en dicha contratación y había sido obviada para que el fraude no saliera a relucir.
El principal implicado en la trama, comenta el artículo de DM, contactaba con un abogado que estaba presente en estos actos de conciliación.
Luego los expedientes eran revisados por una letrada especializada en Extranjería, cuyo único rol apuntaba a la rutinaria revisión de los papeles y que los inmigrantes cumplieran con la documentación exigida por Extranjería, con todo esto, no se descartaría que este complot fraudulento se hubiese hecho a sus espaldas.
Los abogados estuvieron detenidos desde el miércoles 17 de febrero a disposición de los investigadores y recobraron la libertad a las 72 horas. Asimismo, en el informe, el DM revela que un funcionario de la Oficina de Extranjería que tramitó favorablemente estas conciliaciones también ha estado en el punto de mira.
De hecho, fue citado a declarar al validar todos los expedientes remitidos por esta letrada. En cambio, la documentación de inmigrantes que enviaban desde otra gestoría fue desestimada por completo.
El diario local da cuenta también que muchos de estos inmigrantes marroquíes, que pretendían regularizar su situación en España a través de un falso procedimiento de arraigo, recurrieron también a los servicios de una gestoría en Palma. El responsable de esta oficina también fue citado en calidad de investigado.
Finalmente, a tenor de los resultados preliminares de la investigación, los permisos de residencia y trabajo que se alcanzaron a conceder por estos arraigos laborales quedarán automáticamente extinguidos, y quienes pagaron por dichos procedimientos fraudulentos, además de no recuperar el dinero pagado, quedarán imputados en la investigación, por lo que muy seguramente se les abrirá una orden de expulsión del país.
