Por Juan Pablo Blanco A.
Hace unos días el periodista del Diario de Mallorca, Jaume Bauzá me llamó a preguntar cuál era en mi opinión el problema más grave de los colectivos de inmigrantes durante esta pandemia. Y sin duda, me ratifico en lo que vengo advirtiendo en estas mismas líneas hace meses, nada más conocer cómo está funcionado la Administración Pública en cuestión de celeridad en los trámites de documentos de ciudadanos que pretenden renovar su documentación en España.
En primer lugar, preocupa el hecho de que decenas de personas que se regularizaron hace uno o dos años no alcancen a completar el tiempo suficiente de cotización a la Seguridad Social para renovar sus papeles. En teoría podrían echar mano de cursos de formación o una búsqueda activa de empleo como justificante para la administración.
Estos últimos conceptos no están nada claros, pues lo que finalmente ve la administración, en el caso de Extranjería es el tiempo que haya cotizado exigido por la ley. Hablando con la abogada especializada en esta área, Carolina Quintana, columnista de este periódico, ha manifestado que ya hay clientes suyos que se están enfrentando a esta compleja realidad.
Sencillamente muchas empresas están en ERTE y otras han tenido que despedir a sus empleados, o simplemente echar el cierre a su actividad comercial. No se trata de lanzar un mensaje impregnado de negativismo, es estar a la expectativa de un problema que es invisible en este momento, pero que nada más finalizando los plazos de renovaciones este marzo, muchas tarjetas de residencia y de trabajo tendrán serios problemas a la hora de renovarse.
Siguiendo con el mismo guion, pero en el otro lado de la orilla, hablamos de las personas que no tienen papeles. Un inmenso volumen de gente en el territorio nacional que difícilmente ante el precario panorama laboral podrá regularizar su situación administrativa.
Quisiera imprimir una dosis de optimismo, pero no nos llamemos a engaños. Es verdad que hay miles de personas que están a punto de completar los tres años para acogerse al arraigo social, sin embargo, el detonante es que escasean las ofertas de empleo en un mercado laboral que cada vez más sufre el azote de las restricciones de la pandemia.
La restauración, la hostelería y los servicios generales han llevado la peor parte con esta emergencia sanitaria. No estoy escribiendo nada nuevo. Todos hemos sufrido los avatares de esta coyuntura, pero estos son los sectores que suelen contratar mano de obra inmigrante con miles de ofertas de trabajo sobre la mesa.
Para nadie es un secreto que los empresarios de la restauración, hostelería y construcción son la llave de la regularización para miles de “sin papeles”. Algunos que otros podrán acceder a un contrato de trabajo que, hoy por hoy es como ganarse el Gordo de Navidad, sin exageraciones.
Y la pregunta del millón que ya fue planteada hace seis meses en estos mismos renglones. ¿Qué va a ocurrir con las personas que no tengan la posibilidad de regularizarse? Los que miran con resquemores el fenómeno migratorio podrán pedir que se devuelvan a los “ilegales” a su país de origen.
La diferencia entre la crisis del 2008 y la actual radica que en aquella época existía un programa de retorno voluntario, no obstante, pensar en esta posibilidad hoy en día resulta utópica, menos con la que está cayendo en Latinoamérica. No muchos tendrán la intención de regresar y es ahí cuando el Gobierno tendrá la última palabra. O el barco sigue a la deriva permitiendo que la economía informal continúe ganando terreno o se toma una decisión que permita salir del atolladero a esta gente.
En Baleares la cifra de personas sin papeles puede llegar a los números de hace 15 años, antes de la regularización de Zapatero, unas veinte mil personas aproximadamente, según lo recopilado con las asociaciones de inmigrantes.
¡Ahí dejo el dato!
