BSF
Representantes de la coordinadora de Interinos y temporales de las Islas Baleares, que agrupan a trabajadores temporales de las administraciones públicas, se han manifestado ante la sede del Consell Insular de Mallorca, coincidiendo con la intervención en el plenario, para hacer entrega a la presidenta del Consell Insular de Mallorca y al resto de partidos, el informe de constitucionalidad de la situación laboral del personal temporal y de las soluciones propuestas, así como del informe de cómo el parlamento de la Rioja ha resuelto la problemática de los trabajadores abusados de temporalidad.
Las cifras de la temporalidad en las Islas Baleares se extienden desde el 66% al Consell Insular de Mallorca, 83% en el IMAS, 40% en el Ayuntamiento de Palma, 30% en los Servicios Generales, 28% en Educación, y 32% en Justicia.
El pasado 19 marzo el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) condenó la conducta fraudulenta de las administraciones públicas españolas, por abusar de las contrataciones temporales de sus trabajadores.
En la sentencia se dejó claro que los procesos de estabilización y consolidación no pueden ser una medida adecuada para sancionar el abuso ni para reparar los daños a los afectados, que son las víctimas del abuso, porque no garantizan la estabilidad laboral real de los trabajadores.
Desde la Coordinadora se recuerda que el trabajador es la víctima y no puede ser nunca la parte sancionada. Por eso se reclaman procesos selectivos de consolidación laboral que incluyan mecanismos especiales y extraordinarios que la normativa actual reconoce.
Con la presentación de los informes de hoy se busca reclamar nuevamente la voluntad política necesaria para encontrar soluciones, que ya ha sido demostrada en otros lugares del Estado como el Parlament de Catalunya, donde se ha reconocido el carácter fijo a muchos de sus trabajadores interinos del Departamento de Educación, en base a la sentencia europea.
La actual estrategia de estabilización laboral que se quiere impulsar desde diferentes administraciones públicas supondrá un coste económico, social y laboral para SANCIONAR el abuso muy elevado, con el despido de trabajadores y trabajadoras con edades con riesgo de exclusión social y laboral, mayoritariamente mujeres, y desmontando equipos de trabajo formados con dineros públicos durante muchos de años.
Por último, afirman desde la coordinadora “se condenará a la sociedad a financiar las indemnizaciones millonarias, se calcula entre dos y cuatro millones, que supondrán las demandas de miles de trabajadores afectados que están preparando ante los tribunales, y que tendrán que reconocer la jurisprudencia europea del TJUE. Todo esto cuando hay soluciones políticas y legales para resolver con un coste de cero euros”.
