A.I.
Ante la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución en la que pide el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal a las vacunas contra la COVID-19, Tamaryn Nelson, asesora de salud de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Esta resolución es otro recordatorio urgente más de que el acceso a la vacuna es un derecho humano básico que tienen todas y cada una de las personas. La resolución pide, con razón, mayor cooperación internacional, y expresa gran preocupación por la disparidad global en el acceso a las vacunas contra la COVID-19, subrayando la necesidad urgente de que los Estados hagan realidad el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, que incluye el acceso a las vacunas.
“Los Estados deben cooperar para garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente, y se distribuyen de manera oportuna y equitativa en todo el mundo.
Las empresas, y especialmente la industria farmacéutica, deben asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos y hacer todo lo posible para garantizar que las vacunas son asequibles y accesibles para el máximo número de personas en todo el mundo.
“A este fin, Amnistía Internacional insta a los Estados y a las empresas a que trabajen conjuntamente para garantizar que las normas sobre propiedad intelectual no impiden a ningún país defender el derecho a la salud.
Esto incluye acordar una exención de ciertos aspectos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la producción de productos médicos contra la COVID-19 e incorporarse al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, una plataforma para la puesta en común de conocimientos y tecnología cuyo objetivo es aumentar el suministro global de vacunas”.
Información complementaria
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre garantizar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas en respuesta a la pandemia de COVID-19, adoptada por consenso en Ginebra, también pide que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos elabore un informe sobre la cuestión y cree más espacio para el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 pide Amnistía Internacional
A través de la campaña mundial #UnPinchazoJusto Amnistía Internacional pide a gobiernos y farmacéuticas que compartan recursos y conocimientos, renuncien temporalmente a los derechos de propiedad intelectual y garanticen un reparto equitativo de las vacunas entre todos los países hasta alcanzar la inmunidad global necesaria para controlar el virus.
Retos
La COVID-19 ha provocado una crisis mundial de salud sin precedentes, ocasionando la muerte de más de dos millones de personas. También ha puesto de manifiesto y agravado desigualdades, incluidas de género, y ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones marginadas. Ha llevado a los gobiernos a aplicar medidas que ponen en riesgo diversos derechos humanos y, a medida que continúa propagándose, amenaza con dejar sin trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema hasta a 150 millones de personas más en 2021.
Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones intergubernamentales e institutos de investigación de todo el mundo han tomado medidas para desarrollar productos médicos que puedan prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19, dando lugar a una carrera sin precedentes por producir vacunas en un tiempo récord. Se calcula que los gobiernos han invertido casi 20.000 millones de dólares estadounidenses para acelerar la investigación, fabricación y distribución de vacunas.
Este enorme esfuerzo mundial contra la COVID-19 podría ser la mayor iniciativa de inmunización de la historia. Pero a la vez se plantean extraordinarios retos en materia de derechos humanos, especialmente con respecto a la producción de las vacunas, su distribución, para quién y a qué precio.
Si las empresas farmacéuticas comparten sus conocimientos y tecnología, otras compañías podrán fabricar más vacunas y acabaremos antes con el virus sin dejar a nadie atrás.
Este último año se han invertido miles de millones de dólares de las y los contribuyentes para ayudar a empresas como Astrazeneca, Moderna y Pfizer BioNTech a desarrollar y producir vacunas. Una de las claves para acabar el virus.
“Ya lo vimos hace veinte años: muchas empresas pudieron producir versiones genéricas de los medicamentos contra el VIH a precios más accesibles y millones de personas en todo el mundo pudieron, por fin, tener acceso a unos tratamientos que salvaban vidas”, afirman desde Amnistía Internacional.
En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció un mecanismo (llamado C-TAP, Acceso Mancomunado a Tecnología contra COVID-19) para que las empresas pudieran compartir recursos. Y, sin embargo, hasta ahora, ninguna empresa se ha unido a esta iniciativa.
Si las farmacéuticas que están desarrollando vacunas unen sus esfuerzos, las vacunas se podrán producir más rápido en diferentes partes del mundo y la gente podrá acceder a las vacunas más rápido y a un precio más bajo.
En esa línea, Amnistía Internacional realiza una campaña virtual de recogida de firmas y pide a Astrazeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y el resto de farmacéuticas que trabajan en las vacunas COVID-19 que compartan su trabajo y se unan a C-TAP para que nadie se quede sin vacuna.
