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A petición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Ceuta, las Illes Balears acogerán a un total de 11 menores no acompañados procedentes de la ciudad autónoma. La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, participó recientemente, con el resto de comunidades autónomas, en una reunión convocada por la ministra Ione Belarra ante la crisis humanitaria que se vive en la ciudad de Ceuta.
El Govern de las Illes Balears con los consejos insulares, que son los que tienen la competencia en protección y tutela de menores, ofreció esta comunidad autónoma para acoger a menores no acompañados procedentes de Ceuta.v
Se ha acordado que 200 menores no acompañados que, hoy por hoy, ya están tutelados por la ciudad de Ceuta puedan ser acogidos por las comunidades autónomas, liberando, así, la presión humanitaria que se vive en la ciudad autónoma.
El reparto de los menores se ha fijado en función de diferentes criterios como el número de población, la tasa de paro, la renta per cápita y el esfuerzo de atención de menores no acompañados en cada comunidad autónoma.
A Balears se ha asignado un total de 11 menores no acompañados, de los cuales seis serán acogidos en centros del Consell de Mallorca, dos por el Consell de Menorca y otros tres directamente por el Govern de les Illes Balears a través de un acuerdo directo con la ciudad de Ceuta, que mantendrá la tutela de estos niños. La llegada de estos menores será en los próximos días.
“Las fuerzas de seguridad y el ejército españoles han infligido violencia contra las personas, entre las que había adolescentes, arrojando incluso a algunas al mar después de que Marruecos abriera sus fronteras”, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización afirma que se está utilizando a solicitantes de asilo y migrantes como peones en un juego político entre Marruecos y España, después de que más de 8.000 personas, entre las que había alrededor de 2.000 menores no acompañados, entraran de forma irregular en Ceuta desde Marruecos antes de ser sometidas a expulsiones colectivas.
“No podemos aceptar que las fuerzas españolas estén apaleando a la gente, adolescentes incluidos. Aunque los funcionarios de fronteras sí proporcionaron asistencia de emergencia, son intolerables los abusos. Las autoridades españolas deben abrir una investigación exhaustiva y garantizar la rendición de cuentas”, ha declarado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior e investigadora de Amnistía Internacional España.
“Los dirigentes europeos se apresuraron a apoyar a España y decir que las fronteras españolas son fronteras de la UE. Por esa regla de tres, los abusos españoles son también abusos de la UE. Pedimos a los dirigentes de la UE que no miren hacia otro lado ante los abusos que se están cometiendo en las fronteras de la Unión”.
Muchas de las personas que entraron en España eran niños y niñas de corta edad. Las autoridades deben garantizar que se protege el interés superior de niños y niñas en todos los casos y que éstos pueden pedir protección internacional.
Hay imágenes de vídeo que muestran a guardias marroquíes que aparentemente permiten pasar a migrantes y solicitantes de asilo por sus controles para entrar en Ceuta.
“Marruecos está jugando con la vida de las personas. No debe utilizar a las personas, entre las que figuran sus propios ciudadanos y ciudadanas, como peones en un juego político”, dijo Virginia Álvarez.
Marruecos cuenta con una larga trayectoria de abusos de los derechos de solicitantes de asilo y migrantes en su frontera. Amnistía Internacional ha documentado en el pasado redadas ilegales, detenciones y el traslado de migrantes y solicitantes de asilo desde campamentos y viviendas cerca de las fronteras españolas al sur de Marruecos sin que mediara el debido proceso.
A tenor de una publicación en Facebook del ministro de Derechos Humanos de Marruecos, parece que este control selectivo de la frontera era una represalia por el tratamiento médico que ha recibido en España un líder del Frente Polisario, y se insinuaba que las autoridades podrían haber utilizado a migrantes y solicitantes de asilo como peones en esta disputa.
Según informes, en los últimos días, las autoridades españolas han expulsado colectivamente a Marruecos a alrededor de 5.000 personas hasta ahora. Las fuerzas armadas españolas desplegadas en la frontera han llevado a cabo devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia, lo que imposibilitaba identificar a las personas vulnerables o asegurarse de que éstas reciben información adecuada y asistencia jurídica, y solicitan asilo.
“La llegada de un gran número de personas no es una excusa para llevar a cabo una expulsión colectiva ilegal. Entre esas 5.000 personas devueltas sumariamente podría haber personas con derecho a recibir asilo o que necesitan protección. Las devoluciones ‘en caliente’ son ilegales y les impide ejercer su derecho a una evaluación justa e individualizada de su solicitud de asilo”, concluyó Virginia Álvarez.
