Por Amnistía Internacional
Ante el incremento, una vez más, del número de llegadas de personas migrantes y refugiadas a las islas Canarias en estos meses de verano y tras una gestión caótica e improvisada desde el verano de 2020, que dejó desamparadas a miles de personas, algunas de ellas en situación de especial vulnerabilidad, Amnistía Internacional exige a las autoridades españolas que garanticen el acceso a protección internacional con todas las garantías a las personas que llegan a sus costas, así como la adecuada atención, garantizando la detección de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La organización pide además que se ponga especial énfasis en buscar soluciones adecuadas y estables para los niños y niñas no acompañados.
“El gobierno debe decidir cómo van a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas que lleguen en estos próximos meses. Dado que es probable que el número de personas que buscan seguridad y huyen de la pobreza aumente en el periodo de verano, instamos a las autoridades a poner fin a cualquier política de contención arbitraria, injusta e innecesaria y a tomar medidas para anticiparse y preparar unas condiciones de acogida dignas y el acceso a procedimientos de protección internacional“, declara Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.
“Aunque tanto el gobierno central como el canario llevaron a cabo algunas medidas, como por ejemplo el denominado Plan Canarias adoptado en noviembre de 2020, para dotar a las islas con macrocampamentos para la acogida de emergencia a estas personas, y se están acelerando algunos traslados, lo cierto es que el caos, la falta de previsión y de coordinación entre los distintos ministerios y entre administraciones que vivimos especialmente a partir de julio de 2020 ha impactado en la vida de las miles de personas migrantes que llegaron a Canarias”, añade.
“El gobierno no puede esperar a que la situación de estas personas se deteriore al extremo para decidir tomar medidas, sino que debe impedir que se repitan las espeluznantes escenas que hemos presenciado de personas retenidas en condiciones inadecuadas en las islas, sin acceso a derechos como el de información o asistencia letrada”, señala Virginia Álvarez. “Pedimos al gobierno que facilite el acceso a procedimientos de asilo, e identifique a las personas vulnerables facilitando el traslado a la Península para su asistencia y protección”, añade.
No más “muelles de Arguineguín”
La organización advierte de que no puede producirse otro desastre como el del muelle de Arguineguín, donde el año pasado permanecieron, hacinadas y sin apenas poder mantener las medidas de distancia social en plena crisis pandémica provocada por la COVID-19, más de 2.000 hombres, mujeres y adolescentes. Durante el tiempo que estuvieron allí se vulneró su derecho a no ser privado de libertad de manera arbitraria, ya que se superaron los periodos de detención de 72 horas previstos en la ley; también se les privó del derecho de información y asistencia letrada, y se decretaron órdenes de devolución sin las debidas garantías.
“Llegué justo en el momento de la crisis de Arguineguín, y el muelle estaba desbordado. Había muchísima gente. Fue difícil”, asegura Cheikh, maliense de 33 años que se aloja ahora en el Hostal Atlas, una asociación que ha dado acogida a algunas personas migrantes ante las llegadas masivas del pasado año. “Antes de venir no sabía cómo sería, pero estaba seguro de que cualquier cosa sería mejor que donde yo estaba”, relata.
Para que esto no vuelva a suceder, AI recuerda que es necesario que se preparen los dispositivos de alojamiento adecuados, también para aquellas personas que deban hacer cuarentena. En ese sentido, Amnistía Internacional recuerda con horror la situación en la que se encontraban cientos de personas que hacían cuarentena en la denominada nave del queso en Fuerteventura, donde hombres, mujeres, niños y niñas permanecían hacinados en ese lugar cumpliendo una supuesta cuarentena.
La organización habló con las personas a través de las ventanas y accedió a fotos en las que se veían multitud de literas militares distribuidas en una gran nave diáfana separadas sólo por sábanas, así como imágenes de baños químicos al lado de colchones por los suelos. Las personas allí hacinadas relataron a la organización que el olor de los baños era insoportable y nauseabundo, y la angustia por llevar allí encerrados varios días sin tener información.
Uno de los hombres dijo llevar 18 días en ese lugar y que en todo ese tiempo no había podido cambiarse de ropa. La nave fue clausurada poco después de la denuncia pública de AI. La organización, que llevó a cabo una investigación sobre terreno en abril, recogió testimonios de 70 personas migrantes y refugiadas y ha estado dando seguimiento a la situación de Canarias desde el incremento de llegadas desde el pasado mes de julio de 2020, teme que Canarias pueda convertirse en otro fallo del modelo de acogida como el que se ha producido en otras zonas de importantes llegadas, como Grecia e Italia.
Acceso a protección internacional
Amnistía Internacional tiene serias dudas de que las autoridades estén cumpliendo con su obligación de asegurar el acceso a protección internacional con todas las garantías a las personas que llegan a sus costas, así como que se esté garantizando el derecho de información y asistencia letrada de calidad.
La falta de protocolos claros, de formación especializada y recursos humanos adecuadamente dimensionados ha contribuido a dificultar el acceso a estos derechos de manera individualizada y en un tiempo razonable. La organización ha encontrado casos en los que después de manifestar la voluntad de pedir asilo han tenido que esperar más de 8 meses para tener dicha entrevista.
Entre ellas puede haber personas que finalmente son trasladas a la península, y que por problemas burocráticos no llegan nunca a pedir protección internacional a las autoridades, quedando expuestas a ser expulsadas a sus países de origen de los que huyeron.
Varias de las personas migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron su intención de solicitar protección internacional, pero temían que esta no fuese tramitada adecuadamente si lo hacían en Canarias. Amnistía Internacional también recibió denuncias en relación a “dobles listados”, un sistema de diferente citación según el origen nacional del solicitante. A la organización le preocupa que no se garantice el estudio de las peticiones de manera individualiza, y se siga un criterio de nacionalidad.
Perfiles vulnerables
En su investigación, AI también ha detectado dificultades en la identificación y derivación de solicitantes de asilo con algún tipo de vulnerabilidad, como pueden ser las mujeres posibles víctimas de trata, las personas con discapacidad, o las personas LGBTI.
“Hemos visto como durante el contacto con la policía y en la tramitación del expediente de devolución, las personas migrantes no son informadas sobre sus derechos ni se activa ningún protocolo para detección de vulnerabilidades”, señala Virginia Álvarez.
Por otro lado, la falta de directrices más claras o la propia vaguedad del concepto de “vulnerabilidad” utilizada por el Ministerio de Inclusión pone en riesgo la adecuada identificación de vulnerabilidades de todo tipo. A esto se añadió el colapso en los trámites administrativos, la falta de pruebas de ADN en plazo para poder mostrar la filiación o investigaciones policiales no cerradas, y que además no son adecuadamente explicadas a las personas interesadas, lo que provoca demoras innecesarias de traslados de personas que no deberían estar en los centros de emergencia habilitados en Canarias, sino en recursos más adecuados que existen en la Península, máxime cuando éstos además están disponibles.
Es necesaria una revisión estructural del modelo de acogida en general y de la situación en Canarias en particular. Muchas de las mujeres y niñas que están llegando a las islas han sido objeto de violencia sexual durante el trayecto, o han huido de sus países por violaciones de derechos humanos tales como el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina.
Bs. un hombre senegalés de 29 años contó en abril de este año que llegó a Canarias en octubre de 2020: “Salí de mi país por el rechazo y la persecución que sufría por mi orientación sexual”. A pesar de los meses transcurridos todavía le costaba recordar la travesía en el mar: “el viaje en el cayuco fue muy duro, fueron 8 días, nos tuvieron que rescatar. Éramos 116 personas, y si hubiéramos estado un día más habríamos muerto. Quiero solicitar asilo, ya lo dije en noviembre, he tenido tres entrevistas pero todavía no me han dado la documentación. He dado ya toda la información, pero solo me dicen que espere. Mis amigos ya pasaron a la Península hace un mes”. B.S. cuenta que a su llegada le alojaron primero en un hotel, pero en febrero le trasladaron al macro campamento de las Canteras. “Allí tuve muchos problemas, no lo quiero contar, sufrí amenazas… luego me pasaron a este nuevo centro, pero estoy mal”, relata”.
Menores no acompañados
Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por la situación de los y las menores no acompañados que llegaron a las islas sin sus progenitores o adultos a su cargo, muchos de los cuales sufren estrés post-traumático como consecuencia de los peligrosos viajes en los que se embarcan. Nuevamente, el caos de la acogida, junto a la falta de personal capacitado para realizar una adecuada identificación con procedimientos ágiles y adecuados, facilitó que menores solos no desvelasen su edad por miedo o falta de información sobre sus derechos, o fueran directamente derivados a alojamientos de emergencia junto a adultos con los que no tenían ninguna relación que quizá habían conocido en el viaje.
A esto hay que añadir la lentitud de los procesos de determinación de la edad o de la documentación de los menores, que deja a éstos en una situación de “limbo administrativo” o directamente de desprotección una vez que alcanzaban la mayoría de edad. Muchos de ellos fueron alojados en centros de emergencia que no cumplen condiciones para una estancia a largo plazo. “Es urgente que se arbitren mecanismos de corresponsabilidad entre las distintas comunidades autónomas, incluyendo también la del gobierno central, para facilitar traslados y garantizar una adecuada atención y solución duradera donde prime el interés superior del menor”, señala Virginia Álvarez.
Como hemos visto ya en otros países, la mala gestión de la migración, o las políticas o prácticas que impiden buscar una solución adecuada potencian las actitudes xenófobas y racistas, en muchos casos contra los menores no acompañados, quieren se convierten en los chivos expiatorios o incluso en el objetivo de discursos de odio de grupos extremistas. “Muchos me preguntan si quiero hachís, me dicen “moro de mierda”, piensan que todos los que venimos de Marruecos robamos…Un día que había vivido muchas situaciones de racismo y discriminación, por la noche no podía dormir y pensé en volver a Marruecos. Pero también sé que aquí hay mucha gente buena”, explica Ahmed, de 17 años, en un centro de menores en Gran Canaria.
Más información
La ruta canaria es una de las más peligrosas del mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en los seis primeros meses de 2021 han muerto en esta ruta más personas que en todo el año pasado, una cifra que desgraciadamente sigue incrementándose ante la falta de rutas legales y seguras. De acuerdo con información proporcionada por la ONG Caminando Fronteras, en 2021 esta ruta habría incrementado su peligrosidad, y más de 1.900 personas habrían fallecido ahogadas en los 57 naufragios acaecidos durante los seis primeros meses del año.
Un total 6,952 personas han llegado a Canarias desde 1 de enero hasta 30 de junio de 2021, lo que supone un incremento de un 156,9% respecto a la misma fecha del 2020. El 53% de las llegadas de este año se han producido en mayo y junio y, según fuentes de Ministerio de Interior, la inmigración a estas islas ha crecido en un 159 % durante la primera quincena de julio, con 7.263 personas que arribaron en 192 pateras.
