Gloria e Isabel, dos madres desesperadas han acudido a la redacción de este periódico. Las une la misma preocupación. Tienen un plazo de dos semanas para pagar una multa de 3.001 euros que les fue impuesta a sus dos hijos adolescentes el 30 de diciembre del año pasado cuando Mallorca se encontraba en un nivel de alerta sanitaria 4 por la pandemia.
En la sanción reza explícitamente que la multa se aplica por hallarse en vía pública un grupo superior a seis personas, en este caso siete jóvenes se encontraban reunidos, sin mantener la distancia de seguridad. En el otro expediente sancionador al que tuvo también acceso este periódico, el agente de la Policía Local de Palma agrega que uno de los jóvenes sancionados llevaba mal puesta la mascarilla.
Esta multa se basa en el decreto 11 del 2020 del 10 de julio en el que establece un régimen de medidas sancionatorias para quienes incumplieran las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia.
En esa línea, en los informes sancionadores a Diego, 16 años, hijo de Isabel García y a David, 17 años, primogénito de Gloria Morales, se les recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Consell del Govern del 27 de noviembre del 2020 se aprobaba el endurecimiento de las medidas excepcionales de prevención y contención del Covid-19, por lo que Mallorca pasaría a nivel 4.
Por consiguiente, la multa se califica de grave con un importe sancionador de 3.001 euros y una reducción del 40% del total si se paga antes de 15 días. En esa línea, ambas progenitoras, una de baja médica y pendiente de una cirugía del túnel metacarpiano y la otra esperando que la reincorporen a su empresa, coinciden en que no tienen para pagar los 1.800 euros equivalente a la reducción del 40%.
Además, por lo que han podido preguntar, no saben a dónde acudir para dar a conocer su calamitosa situación. A Gloria le parece una injusticia lo que está sucediendo y le parece estar viviendo una pesadilla. “Vamos a la policía y nos dicen que la única salida es pagar”.
Y esgrime: “Estoy esperando a que me llamen a la cirugía, no tengo como pagar esa multa, me parece exagerada la sanción. Los jóvenes estaban hablando y había alrededor otros grupos. A tres de los siete jóvenes que estaban en el grupo les ha llegado la notificación, dos están a la espera de ser notificados y a los demás no les han dicho nada”.
Esta madre de familia que estuvo ingresada un mes por Covid defiende que los jóvenes estaban hablando. “No estaban haciendo botellón, ni tomando nada. No es porque sea mi hijo, pero el único pecado que ha cometido fue haberse parado a saludar a sus compañeros del equipo de fútbol y a otras chicas conocidas a la que no les ha llegado ninguna multa. No entendemos el criterio”.
En este momento, Gloria, trabajadora de una conocida franquicia no cuenta con el dinero para asumir la deuda, que para ella es “totalmente injusta”. Ella considera que en estos casos deben enviar a los jóvenes a realizar trabajos comunitarios, aunque insiste, fue una falta leve, pues en ningún momento estaban ocasionando desórdenes en la calle ni estaban metidos en ningún problema.
En la misma línea de angustia se encuentra, Isabel García, residente del barrio La Soledad de Palma, que asegura no tener dinero para pagar la multa. “Estoy desesperada y no sé qué hacer”, dice estar en desacuerdo con este exabrupto y recuerda la cantidad de botellones que pasan desapercibidos.
Los dos jóvenes coinciden que en el momento de tomarles los datos, los agentes les informaron que se trataba solo de un acta informativa. “Nunca nos dijeron que nos iban a sancionar con tres mil euros”, una razón para que David se plantee suspender sus estudios de formación mecánica para buscar trabajo y ayudar a su madre a pagar la multa. A Diego tampoco le importaría buscarse un puesto para evitar que su progenitora tenga que desembolsar esa gran cantidad de dinero.
El riesgo de recurrir
La normativa de estos expedientes sancionadores contempla que si el supuesto infractor recurre la multa ya no tiene derecho al descuento del 40%. Es decir, si acuden a algún abogado o gestor experto en este tipo de casos, y el recurso es desestimado deberán abonar el total de la multa, 3.001 euros más los honorarios del profesional que la interpone.
Consultados por este periódico varios gestores, coinciden en que dependiendo del caso, algunas multas que se recurren se ganan y no se paga nada. Pero también se da la coyuntura de que si los afectados lo pierden deben pagar la totalidad de la sanción añadiendo los honorarios por los servicios del profesional que interpone el recurso, por lo que la “cura puede resultar peor que la enfermedad”.
