La Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo de la Conselleria de Movilidad y Vivienda en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil han puesto en marcha unos dispositivos de control de las embarcaciones que pueden estar llevando a cabo la actividad de alquiler náutico sin cumplir con los requisitos legales para poder hacerlo o bien incumpliendo otras normativas de aplicación.
Por primera vez, se ha llevado a cabo una operación conjunta entre diferentes organismos públicos con competencias en el control y vigilancia del dominio marítimo terrestre para intensificar la lucha contra los chárteres náuticos ilegales.
El inicio de esta campaña de operaciones empezó la semana del 4 de agosto en Sant Antoni de Portmany y ha continuado en Port d’Andratx, Port de Sóller y Port de Palma. En los próximos días va seguir en otros puertos.
El objetivo de este ejercicio coordinado es controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de transporte de viajeros, así como como el fondeo en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello. También se han realizado controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones.
Durante el transcurso de esta campaña se ha procedido a realizar el seguimiento y control de embarcaciones de diferentes tipos. El dispositivo ha contado con la participación de inspectores de la Capitanía Marítima; de la Guardia Civil, con una patrulla del Grupo Especial de Actividades subacuáticas (GEAS), una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal y fronteras), y una patrulla en tierra; un técnico de la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Govern de las Illes Balears, representantes de Costas, agentes de medi ambient del Govern y un equipo del personal de Ports IB.
Ante los buenos resultados de los dispositivos realizados, el Govern continuará con estos controles en diferentes islas con el objetivo de intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal, el uso indebido de la costa, el fondeo sobre posidonia y los vertidos incontrolados en toda la comunidad.
Esta iniciativa mancomunada responde a la detección, por parte de las diferentes administraciones competentes, de un incremento en las operaciones de chárter náutico ilegales. Este tipo de empresas hacen un uso indebido de la costa y utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas, para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza.
Esta actuación refuerza las líneas de control del sector del chárter náutico que la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Govern de les Illes Balears inició en el año 2019. Estos mecanismos de inspección son, por un lado, la realización de inspecciones “in situ” a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación presentada a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.
Con relación a las inspecciones “in situ”, las visitas de inspección consisten en la comprobación de la disponibilidad de la declaración responsable y la inscripción en el registro de empresas de chárter náutico, la posesión del certificado de navegabilidad en vigor, así como el despacho de Capitanía Marítima, la titulación náutica o los certificados
Durante estos controles también se ha comprobado la disposición de las embarcaciones de una zona de desembarque autorizado por la Demarcación de Costas.
Cabe recordar que en el transcurso de la última legislatura se llevaron a cabo diferentes actuaciones con relación al sector, como por ejemplo la aprobación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo. A raíz de la aprobación de este decreto, se confecciona y publica en la página web de la Dirección General de Transporte Marítimo y aéreo un listado de embarcaciones autorizadas.
Por otro lado, en la Dirección General se creó una unidad dedicada en exclusiva a esta materia, formada por un técnico marítimo, dos técnicos jurídicos y un auxiliar administrativo. Desde su creación, el número de expedientes sancionadores incoados por la Dirección General en materias de su competencia han aumentado exponencialmente, y a mitad de este año ya se ha superado el número de expedientes totales que se abrieron el año pasado.
En los próximos días se dará a conocer el balance de propuesta de sanción interpuestas en las diferentes operaciones.
