Todo comenzó por una multa impuesta en la calle a su hijo de 17 años el pasado 30 de diciembre cuando Mallorca estaba en nivel 4 de alerta sanitaria.
La denuncia de Gloria Morales del pasado 18 de agosto en la edición digital de Baleares Sin Fronteras está surtiendo efecto. En los hechos relataba como a David, su hijo de 16 años le había sido abierto un expediente sancionador de la Policía Local de Palma por encontrarse en vía pública el 30 de diciembre del año pasado hablando con seis personas, cinco compañeros y dos chicas adolescentes con las que hablaban a la altura del número 8 de la calle Miramar de Palma sobre las 18:45h.
La notificación matiza que en aquel entonces Mallorca se encontraba en un nivel de alerta sanitaria 4 por la pandemia. Lo más complejo de asimilar para esta madre de familia era el elevado importe de la multa, nada más y nada menos, que ascendía a 3001 euros.
“Imposible de asumir. No estoy trabajando porque estoy esperando turno para una cirugía en la mano. Estoy desesperada y no sé qué hacer. En el ayuntamiento y en la Policía Local de Palma me dicen que debo pagar sí o sí esta injusta sanción”.
Y esgrime: “Estoy esperando a que me llamen a la cirugía, no tengo como pagar esa multa, me parece exagerada la sanción. Los jóvenes estaban hablando y había alrededor otros grupos. Solo a tres de los siete que estaban en el grupo les ha llegado la notificación, a los demás no les han dicho nada”.
En esa línea recopila los hechos narrados por su hijo: “Estaban reunidos despidiendo el año, mi hijo no bebe, ni fuma ni participa en botellones. Estaban hablando y solo eran cinco y las dos chicas que pasaron a saludarlos».
Lo más inaudito de esta situación, según le comentó su hijo David, fue que en el momento de que los agentes les requirieron la documentación les dijeron que era para advertirles de la situación, pero no para multarles.
Cabe reseñar que David es estudiante de mecánica y deportista. El joven David nos comentaba en la entrevista que hijo se estaba planteando abandonar los estudios para buscar un trabajo que le ayude a pagar la multa.
“Nunca nos dijeron que nos iban a sancionar con tres mil euros”, A esto se suma que a su compañero Diego de 17 años también le llegó una multa con idéntico importe a pagar, también está buscando trabajo para ayudar a su progenitora a pagarla. Hasta el cierre de esta edición la notificación había llegado a cuatro compañeros.
El riesgo de recurrir
La normativa de estos expedientes sancionadores contempla que si el supuesto infractor recurre la multa ya no tiene derecho al descuento del 40%. Es decir, si acuden a algún abogado o gestor experto en este tipo de casos, y el recurso es desestimado deberá abonar el total de la multa, 3001 euros más los honorarios del profesional que la interpone.
Consultados por este periódico varios gestores, coinciden en que dependiendo del caso, algunas multas que se recurren se ganan y no se paga nada. Pero también se da la coyuntura de que si los afectados lo pierden deben pagar la totalidad de la sanción añadiendo los honorarios por los servicios del profesional que interpone el recurso, por lo que la “cura puede resultar peor que la enfermedad”.
Una luz de esperanza
Gloria Morales, una de las madres afectadas por las multas impuestas a sus hijos, está dispuesta a arriesgarse. Recurrirá la multa. Ella fue contactada por un activista social que luego la contactó con un bufete de abogados que le prestarán asistencia gratuita.
En el recurso al que este periódico accedió, uno de los letrados señala que hay un error en la graduación en el acta de instrucción dado que de conformidad con el artículo 5 y 6 del Decreto Ley 11 del 2020 del 10 de julio, la presunta infracción cometida era de carácter leve con una sanción de entre 100 y 3001 euros, por lo tanto, conforme a abundante jurisprudencia se debe proceder a la cuantía mínima, es decir de 100 euros.
En el documento, la defensa de Gloria alega también que el Tribunal Constitucional “tumbó” el primer estado de alarma y todas las sanciones impuestas durante el mismo”, añade que en estos momentos existe un proceso de revisión por parte del TC donde se valorará si el segundo estado de alarma del que derivaron estas normativas y decretos por los que se limitaban determinados derechos fundamentales, fueron de conformidad a la Constitución”.
El recurso da por hecho “con toda probabilidad que el segundo estado de alarma quedará anulado y con él todas las sanciones que derivaron de su creación. Por ello y para ser prudentes entendemos que dicho procedimiento debería quedar en suspenso”.
El recurso de los abogados solicita también que se aporten las declaraciones de los cuatro menores que han dado objeto a esta presunta infracción. De la misma manera, los letrados solicitan acordar el día y la hora para el interrogatorio de los agentes de la Policía Local de Palma.
Dentro de los puntos citados por los abogados se solicita el día y la hora para el interrogatorio de las dos chicas ajenas al grupo y que, a juicio de los letrados, “debieron ser identificadas como integrantes de la presunta reunión.
Finalmente ponen de manifiesto en las legaciones que “si se ha procedido a la apertura de siete expedientes por la misma causa en relación a los 7 integrantes de la presunta reunión, de lo contrario se incurriría en un agravio comparativo del que el joven David, sale perjudicado, por ello se solicita los números de expedientes de los 7 procedimientos”.
De aceptarse el recurso, Gloria Morales no tendrá que pagar la multa. De lo contrario, al haberlo interpuesto, ya no se liberaría de los 3001 euros al no tener derecho al 40% de reducción de la sanción económica impuesta a su hijo menor de edad.
