Por Amnistía Internacional
Estados y empresas farmacéuticas siguen sin cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en la lucha contra la COVID-19, afirma Amnistía Internacional en vísperas del 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar del 13 de septiembre al 8 de octubre de 2021.
El 14 de septiembre, Amnistía organizó un acto que se transmitió en directo y en el que reunió a diversas voces de la sociedad civil y órganos de la ONU para hacer balance de la pandemia.
La principal cuestión a debatir fue cómo los Estados y las empresas farmacéuticas han puesto los beneficios económicos por delante de las vidas de las personas, así como qué pueden hacer ahora gobiernos, organizaciones internacionales y farmacéuticas para vencer a la COVID-19.
Entre los panelistas habrá representantes de alto nivel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUR) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional y anfitriona del acto, ha declarado: “La pandemia ha demostrado una y otra vez cómo los Estados y las empresas farmacéuticas han abandonado sus compromisos y responsabilidades en materia de derechos humanos en la lucha contra la COVID-19. A la devastación causada por el virus se añade la desoladora realidad de que actualmente los márgenes de beneficios y los intereses nacionales se consideran más importantes que nuestro derecho más básico: el derecho a la vida”.
Agrega que “con el embate de la variante delta y el aumento de casos, miles de millones de personas en los países de menores ingresos aún no han accedido a la vacunación, y cada semana hay decenas de miles de muertes por esta cruel enfermedad.
Esto contrasta fuertemente con lo que ocurre en los países más ricos, que están vacunando a sus niños y niñas y planificando amplios despliegues para inocular dosis de refuerzo a su población general”.
Al mismo tiempo se cuestiona: “¿Cuántos hospitales desbordados, cuántos pacientes luchando para respirar y conseguir oxígeno en Nepal, India y partes de África y Latinoamérica hace falta que veamos antes de decir basta?. Debemos dejar de dar más valor a las vidas de unas personas que a las de otras, y asegurarnos de que las vacunas contra la COVID-19 están a disposición de todo el mundo, especialmente de las personas que viven en países de ingresos medios y bajos donde el acceso a ellas ha sido escaso.
“Los Estados ricos tienen la obligación de derechos humanos de redistribuir las dosis sobrantes de inmediato, mientras que las empresas farmacéuticas deben dar prioridad a sus entregas a los países que más las necesitan y compartir su tecnología y sus conocimientos para crear una sólida capacidad de fabricación regional. La Historia condenará a quienes no pongan las vidas por delante de todo. Junto con el resto de panelistas, Amnistía Internacional se ha comprometido a hacer que Estados y empresas rindan cuentas”, concluyó Agnès Callamard.
