Por Amnistía Internacional
Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, ha afirmado Amnistía Internacional.
En su nuevo informe ‘Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19’, la organización ha evaluado a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. El informe presenta una imagen muy sombría de un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.
“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes. En vez de ello, para su ver- güenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Están sumiendo a algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna.”, afirma.
Añade que “con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares estadounidenses a finales de 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas.”
Incumplen responsabilidades
Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles, y la transparencia de cada empresa. La organización concluyó que —en distinto grado— los seis desarrolladores de las vacunas habían incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
De los 5.760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas —el Mecanismo COVAX— y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.
Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se han negado a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología.
También se han opuesto a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.
Conclusiones
Hasta ahora, Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas habrán obtenido ingresos por valor de más de 86.000 millones de dólares a finales de 2022.
Moderna aún no ha entregado una sola dosis de vacuna a los países de bajos ingresos, ha facilitado sólo el 12% de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el COVAX hasta 2022. Gracias a los precios superiores que aplica, esta empresa habrá obtenido ingresos por valor de más de 47.000 millones de dólares a finales de 2022.
Johnson & Johnson ha desarrollo la única vacuna monodosis del mundo y la vende a precio de costo, pero no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el COVAX y la Unión Africana hasta 2022. Además, se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más.
AstraZeneca ha entregado la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos, vende a precio de costo y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir abiertamente sus conocimientos y su tecnología con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.
Novavax está pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, pero tiene actualmente previsto dedicar casi dos tercios de su producción a abastecer al COVAX. Sin embargo, al igual que las demás, se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.
Pese a que la mayoría reciben importes multimillonarios de fondos públicos y pedidos anticipados, los fabricantes de las vacunas han monopolizado la propiedad intelectual, impedido la transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación global de estas vacunas. Su pasividad constante ha perjudicado los derechos humanos de los miles de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra la COVID-19 que puede salvarles la vida.
Cuenta atrás de 100 días
“Quedan menos de 100 días para que termine el año. Pedimos a los Estados y las empresas farmacéuticas que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos. Nadie debe pasar otro año sufriendo y viviendo con miedo”, ha señalado Agnès Callamard.
Coincidiendo con la publicación de este informe, Amnistía Internacional va a lanza una campaña global —con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos— para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas. La campaña “Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!” exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.
Instamos a los Estados a que redistribuyan con urgencia los cientos de millones de dosis sobrantes que no se están utilizando, y a los desarrolladores de las vacunas que garanticen que al menos el 50% de las dosis producidas se destinan a estos países.
Si los Estados y las empresas farmacéuticas siguen en su trayectoria actual, no se vislumbrará el final de la COVID-19.
“Provistas de importes multimillonarios procedentes de los impuestos de la ciudadanía y el conocimiento técnico generado en centros de investigación, las empresas farmacéuticas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de vacunas que salvan vidas. Ahora, deben actuar de forma inmediata para proporcionar a miles de millones de personas más la posibilidad de vacunarse. Para lograr una distribución rápida y equitativa, los desarrolladores de las vacunas deben dar prioridad a las entregas destinadas a los países que más las necesitan y suspender los derechos de propiedad intelectual que tienen, compartir sus conocimientos y su tecnología y formar a fabricantes cualificados para incrementar la producción de vacunas contra la COVID-19”, ha añadido Agnès Callamard.
Ante los compromisos que el presidente Biden va a anunciar para combatir la epidemia provocada por el coronavirus —incluida la vacunación completa del 70% de la población mundial para septiembre del próximo año— en una cumbre que se celebró el pasado 22 de septiembre, Agnès Callamard declaró:
“Las vacunas contra la COVID-19 deben estar disponibles y ser accesibles para todas las personas de forma inmediata. Corresponde a los gobiernos y las empresas farmacéuticas conseguir que efectivamente sea así. Necesitamos líderes como el presidente Biden, que pongan miles de millones de dosis sobre la mesa y cumplan sus compromisos; de lo contrario, se trata de otro gesto vacío y se siguen perdiendo vidas”.
Amnistía Internacional pide también a los gobiernos que garanticen a toda la población la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros médicos y los medicamentos.
Las autoridades deben adoptar leyes y políticas para garantizar que las empresas farmacéuticas se ajustan a las normas de derechos humanos.
Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta de cinco de ellas (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson). Las empresas reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Información complementaria
En el informe de Amnistía Internacional no se ha evaluado de forma detallada a las empresas chinas y rusas que producen miles de millones de dosis porque éstas facilitan menos información corporativa. Esta falta de transparencia impide realizar una evaluación completa. No obstante, estas empresas, al igual que todas las demás, también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Y, como las demás, tampoco han distribuido sus vacunas de forma equitativa (han reservado la mayoría de sus dosis para uso nacional) ni se han sumado a las iniciativas mancomunadas de intercambio de conocimientos y tecnología.
Los datos sobre la distribución de las vacunas, los planes de producción y las previsiones de ingresos de cada empresa se obtuvieron de Airfinity, una empresa de ciencia de datos. Los datos sobre los índices de vacunación de los distintos países se obtuvieron del sitio web Our World in Data.
Con los datos de estas fuentes, Amnistía ha calculado que 1.200 millones de personas más que viven en países de ingresos bajos y medianos bajos necesitarían vacu- narse antes de que termine el año para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de estos países. Para ello se requieren más de 2.000 millones de vacunas. Si tan sólo el 50% de la producción mundial prevista hasta final de año se distribuyera a los países de ingresos bajos y medianos bajos, se dispondría de 2,6 mil millones de vacuna.
