Por Amnistía Internacional
Ante el agravamiento de las necesidades humanitarias en Afganistán, pedimos a la UE que centre su respuesta en la protección. Nos resulta decepcionante la ausencia de liderazgo en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 31 de agosto, y también que los ministros de Interior sigan centrándose en impedir que la gente llegue a la UE, en lugar de proporcionarle vías para conseguir protección. Si bien la mayoría de las personas refugiadas afganas buscarán seguridad en la región, la UE debe compartir, no eludir, la responsabilidad de ofrecerles protección.
En vísperas del Foro de Reasentamiento, actualmente previsto para principios de octubre, pedimos a los Estados de la UE que amplíen las vías seguras para las personas que necesitan protección mediante, entre otras cosas, un ambicioso programa adicional de reasentamiento para personas refugiadas afganas y el uso flexible de otras vías disponibles hacia la seguridad.
En la actualidad hay en Afganistán 18 millones de personas —casi la mitad de la población del país— que necesitan urgentemente ayuda humanitaria vital. En lo que va de año, más de 630.000 personas se han visto desplazadas internamente debido a la violencia y la sequía, mientras que muchas en peligro inminente de sufrir persecución no han podido salir del país.
Además de incrementar la financiación de la respuesta humanitaria, asegurar vías para la protección de la población de Afganistán debe ser también ahora prioritario para Europa.
En las últimas semanas, la ciudadanía, la sociedad civil y los ayuntamientos europeos han tomado la iniciativa mostrando su solidaridad con las personas refugiadas afganas y su deseo de acoger y dar la bienvenida a quienes lo necesitan. Asimismo, varios países han anunciado o pedido una ambiciosa cifra de plazas de reasentamiento.
Esto contrasta con la engañosa y alarmista retórica de algunos dirigentes europeos en las últimas semanas, que consideramos deplorable y que, además de distraer la atención de las graves necesidades de protección de estas personas, puede crear obstáculos para su integración e inclusión en las sociedades europeas y alimenta el miedo a una inexistente crisis en las fronteras de Europa.
Es un momento crucial para que la UE cumpla sus compromisos de protección de las personas refugiadas y liderazgo humanitario. Amnistía Internacional pide a la UE y a sus Estados miembros que formulen compromisos concretos para una ampliación significativa del programa de reasentamiento de personas refugiadas en el próximo Foro de Reasentamiento.
En vista de la deportación masiva de migrantes de origen haitiano en la fron- tera entre Estados Unidos y México, y de las espeluznantes noticias recibidas sobre el trato inhumano que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispensa a solicitantes de asilo de raza negra, Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado lo siguiente:
“La terrible conducta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la localidad texana de Del Río, donde los agentes han cargado a caballo contra una multitud de solicitantes de asilo haitianos, a quienes han dispersado con violencia y escarnecido, obligándolos a abandonar los lugares donde se habían refugiado, es reprobable y pone de manifiesto un problema más profundo y sis- témico de trato racista contra migrantes de origen haitiano y de raza negra en general, en Estados Unidos y en la frontera meridional”.
Agrega que “a pesar de la inestabilidad sociopolítica que vive Haití —tras el asesinato de su presidente y la proliferación de bandas violentas— y de las catástrofes naturales que ha sufrido —todo ello ocurrido durante los últimos meses—, se cuentan ya por miles las personas haitianas que han sido deportadas en aplicación del título 42. Algunos tribunales federales han bloqueado ya la expulsión de familias en virtud de dicho título, y grupos de derechos humanos, religiosos y de salud pública han pedido el cese inmediato de las expulsiones. Estas expulsiones masivas demuestran que el gobierno no se compromete con la defensa de los derechos y el bienestar de la población solicitante de asilo, a la que devuelve a situaciones de peligro.
Y continúa en su discurso afirmando que “pese a las noticias sobre niños, niñas y familias de Haití que han recibido autorización para entrar en Estados Unidos, la expulsiones masivas continúan. Amnistía Internacional Estados Unidos pide de nuevo al gobierno que permita el acceso de todas las personas solicitantes de asilo que se encuentran en la frontera estadounidense, al margen de su raza, su etnia, su edad o su género. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad moral y legal de acoger a la población haitiana y a todas las personas que huyen de sus hogares en busca de seguridad. La administración Biden puede y debe mejorar su actuación.”
Amnistía Internacional Estados Unidos insta al gobierno de Biden a lo siguiente:
Detener todos los vuelos de depor- tación y las expulsiones en aplicación del título 42, que exponen a la población haitiana y negra solicitante de asilo al peligro en sus países de origen.
Garantizar de inmediato la libertad condicional a las personas solicitantes de asilo haitianas y de raza negra que se encuentran la frontera meridional, y restablecer el acceso al asilo para todas la población solicitante de asilo —no sólo para las familias y los niños o niñas—, de conformidad con el derecho internacional y con independencia de su raza, su etnia o su nacionalidad.
Poner fin a la práctica de la interdicción, que deja a la población solicitante de asilo — haitiana o no— que se desplaza por mar expuesta al peligro, en caso de ser devuelta a sus lugares de procedencia o recluida en centros de detención para inmigrantes.
Abrir una investigación independiente y ágil sobre la conducta racista y demás abusos cometidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contra personas refugiadas y solicitantes de asilo de raza negra en la localidad texana de Del Río.
Poner fin a las reclusiones arbitrarias y colectivas en centros de inmigración, lo que conlleva, entre otras cosas, rescindir progresivamente los contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con cárceles privadas y de condados e incorporar la presunción de libertad a todas las decisiones sobre custodia, de manera que la población solicitante de asilo y migrante pueda vivir en Estados Unidos mientras duren sus procesos de inmigración, con apoyo de patrocinadores y programas comunitarios sin ánimo de lucro, si los necesitan.
