La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, manifiesta “a falta de un análisis más detallado, su decepción con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en lo que se refiere a las inversiones previstas para Baleares”.
Baleares, señala la presidenta de CAEB, “se sitúa, una vez más, a la cola de las inversiones territorializadas por habitante, solo por delante de Navarra que, al disponer de un régimen foral que le otorga mayor autonomía financiera, coloca a Baleares, en la práctica, como la última comunidad autónoma en inversiones por habitante.”
En ningún caso el factor de insularidad, cifrado en 183 millones de euros, puede sumarse a las inversiones territorializadas para provocar el efecto engañoso de situarnos en la media estatal. El factor de insularidad viene recogido en el REB y compensa, obviamente, el hecho insular. Así pues, podemos concluir que si Baleares no fuera territorio insular estaríamos a la cola en comparación con otras CCAA.
Por otro lado, CAEB denuncia el retraso injustificado de la tramitación del Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019, que contempla medidas fiscales importantísimas para compensar la desventaja competitiva de las empresas de nuestra Comunidad.
“En 2019 nos manifestaron, mediante la aprobación del Proyecto de Ley, que las medidas fiscales contempladas en el REB se reflejarían en el presupuesto de 2020. La convocatoria electoral lo impidió y se nos dijo que se trasladaba al 2021. La pandemia lo impidió y se nos dijo que se trasladaba a 2022. Esperemos que este Proyecto de Ley se tramite con la máxima celeridad ya que nuestras empresas y ciudadanos lo necesitan, y más aún en un entorno de recuperación imprescindible para nuestras Islas”
Carmen Planas explica: “El factor de insularidad es una partida, importante, que se pone a disposición de Baleares para compensar déficits de financiación por el hecho insular y supone aumentar su capacidad de gasto o inversión.” “Desde CAEB consideramos que el REB tiene sentido si son los ciudadanos y las empresas los que ven compensados sus costes como consecuencia de la insularidad y la consiguiente pérdida de competitividad. Sin medidas fiscales no hay REB”, concluye.
