Tras el anuncio por parte de los socios de la coalición del Gobierno central, dentro de su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2023, del compromiso de aprobar una nueva Ley de Vivienda para solucionar la carestía de los alquileres y el problema de acceso efectivo a este derecho, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha asegurado que seguirá “con atención” el proceso de elaboración de la norma y ha reclamado que no se olvide de “las trabas y abusos a los que se enfrentan muchos trabajadores y trabajadoras autónomas, fundamentalmente jóvenes, a quienes se exigen condiciones draconianas e imposibles de cumplir para poder alquilar una vivienda, como nóminas y contratos laborales indefinidos”.
Frente a ello, UATAE reclama que la Ley -que se encuentra en un momento muy incipiente de elaboración, sin que se conozca ningún borrador ni se haya abierto una fase de consulta pública previa- comprometa a las administraciones a habilitar “líneas de avales públicos” para esos casos.
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, ha planteado que esta problemática está impidiendo que muchos jóvenes que viven de su trabajo por cuenta propia “y ya soportan una precariedad estructural muy dura en términos de falta de derechos y protección social”, puedan acceder a una vivienda en alquiler. “No es un problema solo en contratos de alquiler directos con arrendadores particulares o con agencias privadas”, advierte Landaburu, “sino que incluso son condiciones draconianas que imponen organismos públicos y programas de ayuntamientos y comunidades autónomas de intermediación entre oferta y demanda, que deberían precisamente facilitar el alquiler a ambas partes”.
La máxima representante de la Unión de Autónomos considera que “la administración puede y debe dar respuesta, poniendo coto a algunas condiciones claramente abusivas, y en todo caso previendo, para dar tranquilidad y certezas a los pequeños arrendadores, una línea de avales públicos para aquellos trabajadores y trabajadoras autónomas a quienes, por pura lógica, materialmente les resulta imposible acreditar un contrato de trabajo de un empleador”. Para ello, el Estado y las comunidades autónomos podrían establecer un fondo que se gestionase “con todas las garantías pero de manera ágil, con la mínima burocracia”.
UATAE recuerda que el último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE), que se publicó el pasado mes de junio, ya reflejaba el hundimiento de la emancipación de las y los jóvenes de entre 16 y 29 años, con un exiguo 15,8% del colectivo que vive independizado, la cifra más baja de los últimos 22 años. Cuando se publicó el estudio, la sección juvenil de UATAE ya reclamó que esta problemática se abordara como “un asunto de Estado” porque no se trata “de un problema de la juventud, sino de un problema estructural de país” que “está lastrando el futuro”.
