Pedro Sánchez ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno que la prioridad del Ejecutivo es trabajar por “una recuperación económica justa”. Como muestra de la intensidad de esa recuperación, el presidente ha señalado que los niveles de empleo previos a la pandemia del COVID-19 se han alcanzado en tan solo un año y medio, cuando en el caso de la crisis financiera del 2008 la recuperación requirió doce años.
Además, el presidente ha subrayado que “si la pandemia ha afectado a todos, tiene que llegar a todas las capas de la sociedad y a todos los territorios”. La consolidación del Ingreso Mínimo Vital -ha apuntado- es un logro del Gobierno y de la democracia en esa dirección, ya que beneficia a 800.000 ciudadanos, entre ellos más de 350.000 niños y niñas. El objetivo es “frenar y reducir una de las pobrezas más lacerantes que es la pobreza infantil”, ha manifestado.
En su respuesta al diputado Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Sánchez se ha referido también al décimo aniversario del fin de la violencia de la banda terrorista ETA, que ha calificado como una “victoria de la democracia española”. “Es cierto que hubo un presidente socialista entonces, Zapatero, un lehendakari socialista, Patxi López, y un ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero es un éxito de todos”, ha afirmado. España -ha añadido- es un Estado social y democrático y de derecho donde rige el imperio de la ley.
Mejora de la seguridad pública
En relación con la seguridad en los barrios y las ciudades, asunto que ha planteado el diputado Santiago Abascal, del Grupo Parlamentario VOX, el presidente del Gobierno ha resaltado que en el primer trimestre de 2021 la tasa de criminalidad general fue la más baja de la serie histórica, según los datos oficiales. “Y eso es precisamente porque este Gobierno está apostando por la seguridad de los españoles y las españolas, por la seguridad pública”, ha expuesto.
En concreto -ha detallado Sánchez-, en 2021 los hurtos se han reducido en un 38,3%; los robos con fuerza, un 32,8%, y la sustracción de vehículos, un 30,5%, en comparación con el año previo a la pandemia, 2019.
El jefe del Ejecutivo ha sostenido que “esta caída a niveles históricamente bajos de la tasa de criminalidad” tiene mucho que ver con el aumento del número de policías y guardias civiles en diez mil efectivos. De esta forma, en tan solo tres años -ha remarcado- el Gobierno ha recuperado prácticamente los efectivos que se perdieron durante los siete años anteriores.
Este aumento de las plantillas ha venido acompañado de un aumento salarial del 20% para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de un plan de infraestructuras para el período 2019-2024, dotado con 600 millones de euros, para la reforma y la construcción de comisarías y cuarteles, según ha explicado.
Apuesta por la cohesión territorial
Otro de los ejes de la acción del Gobierno es afrontar el reto demográfico y realizar “una apuesta decidida y firme por la descentralización”, según ha asegurado Sánchez en su contestación al diputado Tomás Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto. “Tenemos una mirada no solamente de cohesión social, sino también de cohesión territorial a todos y cada uno de los proyectos políticos que ponemos en marcha. Los fondos europeos, por ejemplo, tienen esa condición, esa perspectiva de cohesión territorial para que esa reindustrialización y, por tanto, la creación de oportunidades sea en todos los territorios y no se concentre solamente en algunos”, ha afirmado.
Como ejemplos de ese compromiso del Gobierno, Sánchez ha citado la ubicación de nuevas sedes de distintas instituciones en ciudades como Soria, León o Ponferrada, así como los Presupuestos Generales del Estado de ese año y los que se encuentran en tramitación para el próximo.
Respecto al proyecto de las cuentas públicas de 2022, se ha referido en concreto a la inversión de 4.200 millones de euros del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico aprobado en la última Conferencia de Presidentes. Además, ha indicado que una disposición adicional final del texto recoge el compromiso del Ejecutivo de establecer las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda para las zonas con una densidad de población muy baja.
En el caso de la provincia de Teruel, el proyecto contempla 73,75 millones de euros en inversiones y 30 millones para proyectos de inversión. Además, en cuanto se culmine el proceso de audiencia pública y se reciban los informes preceptivos, se lanzará el concurso de concesión de capacidad de acceso al Nudo de Andorra que permitirá la instalación de una nueva generación de energía eléctrica renovable que impulse la recuperación económica y social de la zona tras el cierre de la central térmica; será el primer convenio de transición justa en desarrollarse en esa provincia.
