De recomendada lectura el artículo de opinión de la abogada, Carolina Quintana en esta edición. En la página 9, la letrada hace referencia a la angustia que padecen los ciudadanos extranjeros con los requerimientos -muchos de ellos inesperados- de la oficina de extranjería en Baleares. Bien es sabido que el problema no solo se remonta a las Islas, sino al resto de las autonomías por falta de medios materiales y recursos humanos, es algo que lo estamos diciendo desde ya hace más de un año.
Los funcionarios hacen lo que está al alcance de sus manos, no se trata de arremeter en contra de nadie, pero sí del sistema tardío que no reacciona ante la cantidad de resoluciones sin resolver en estas oficinas. Y mientras tanto, decenas de personas irregulares, trabajando en la economía sumergida, sin cotizar a la Seguridad Social en espera de que les contesten si procede o no su regularización por arraigo social.
De la misma manera es sorprendente, especialmente con lo delicado que está el tema de la Ley de Protección de Datos, que a un empleador a través del solicitante le pidan documentación confidencial como declaraciones de renta de los últimos años y movimientos bancarios. A nadie le hace gracia que un potencial futuro empleado conozca al detalle la situación financiera de su empresa.
Por consiguiente, esos empleadores o empleadoras prefieren no complicarse la vida y contratan a una persona que tenga papeles en detrimento de quien lleva tres o más años buscando la opción de regularizar su situación administrativa.
Detalles que se van sumando, y al mismo tiempo constituyen un factor determinante para que el propio Estado sea el principal artífice de la irregularidad sobrevenida.
Debido a la temática de este periódico es obvio que nos interese investigar todos los pormenores del funcionamiento de la oficina de Extranjería de Palma. Llevamos dos meses esperando a que la nueva directora de esta área nos conceda una entrevista.
Diligentes, amables y eficientes son quienes están en la oficina de prensa de la Delegación del Gobierno, pero conscientes somos, lo digo por experiencia propia, esto depende de la voluntad política de aclarar estos temas, igual puedo estar equivocado en alguna de las afirmaciones que hago en esta columna, y en esa línea, el periodismo debe contrastar las fuentes, para que en consecuencia, la opinión pública tenga un concepto claro y fidedigno de lo que se investiga.
No deja de ser paradójico -ya no lo digo solo por la oficina de extranjería en Palma- que hace tiempo, concretamente 18 años, recién salido este periódico a la palestra, las entrevistas con los altos cargos fueran más asequibles, a pesar de que los temas fueran espinosos.
He tenido la oportunidad de conocer la problemática y evolución de la oficina de extranjería de Palma, a tenor de las declaraciones a nuestro medio de los propios responsables en su momento, por citar solo a ex directores Agustín Barceló y Carla Merced, esta última con un notable trabajo durante su gestión.
Los mismos delegados del gobierno de la época respondían a todas nuestras inquietudes, incluyendo a Sofía Herranz, que en su momento fue la responsable de la Casa del Mar en Ibiza.
Resulta gratificante que el próximo 7 de diciembre el Consell de Eivissa esté organizando un foro sobre temática de extranjería y acuerdos bilaterales de jubilaciones. En su momento este periódico organizó una actividad pedagógica similar en el salón de actos de esta administración.
Aunque las administraciones insulares no tengan la competencia en este tema, es innegable que no se le puede voltear la espalda al estado de bienestar de los ciudadanos, que vienen a aportar trabajo a este país y se enfrentan a múltiples problemas a los que la Administración no responde en plazos concretos, al contrario, los obstáculos se hacen cada vez más evidentes y tediosos para quienes optan por regularizar su situación en España.
Editorial 397: Lentitud y requisitos añadidos que complican las regularizaciones
