El Gobierno de España rechaza los resultados de las elecciones celebradas en Nicaragua por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron. El Ejecutivo reclama unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses.
Al igual que el resto de países de la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional, el Ejecutivo español constata que los comicios de ayer han carecido de las mínimas garantías democráticas exigibles. En estas circunstancias, el Gobierno rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados que puedan derivarse de este proceso.
El Ejecutivo español considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio. Denuncia, asimismo, la ausencia de la oposición, al estar sus líderes en prisión, de observadores internacionales y de prensa independiente, con la persecución de periodistas críticos y el veto a los enviados especiales de medios de comunicación internacionales.
El Gobierno de Nicaragua ha instaurado en el país un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, controlados por Ortega. Esto se ha traducido en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos, todos ellos aún en prisión y privados de sus derechos procesales, y la consiguiente negación de su derecho a participar en unos comicios, a todas luces, fraudulentos.
El Gobierno de España exige, además, a las autoridades de Nicaragua que pongan en libertad con carácter inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento. A su vez, requiere al Estado de Nicaragua a que cumpla con los compromisos internacionales contraídos en materia de Derechos Humanos y con sus propios preceptos constitucionales, así como que se permita el regreso al país de los mecanismos internacionales en esta materia.
Asimismo, el Gobierno de España condena el cierre de medios críticos y la expulsión de periodistas nicaragüenses, así como la denegación de entrada al país a corresponsales internacionales, como ocurrió hace escasos días con un equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) en la frontera con Costa Rica.
El Gobierno de España, de la misma forma que el pueblo español, mantiene su firme compromiso con el pueblo de Nicaragua, como ha demostrado la donación de más de 1,7 millones de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, y seguirá trabajando con sus socios de la Unión Europea y aliados internacionales para que los nicaragüenses recuperen sus derechos y libertades y puedan ejercerlos en democracia.
