La portavoz de la Plataforma para la Convivencia denuncia la ralentización de los expedientes que pone en riesgo las renovaciones y los arraigos sociales
Hablando con Alda Yurramendi, portavoz de la Plataforma por la Convivencia en Ibiza, se confirma el dicho que “todo tiempo pasado fue mejor”.
Y es que esta uruguaya, nacida en Montevideo, que llegó a las pitiusas a comienzos de los noventa siempre ha sido una referente de los asuntos migratorios, concre tamente, en temas de extranjería y proyectos de integración entre los diferentes colectivos.
Con absoluta certeza expone su preocupación por la forma en que la inmigración ha sido descuidada en esta última década, aludiendo a los complejos trámites burocráticos a los que se enfrentan quienes anhelan regularizarse mediante un arraigo social, o aquellas personas que pretenden renovar sus papeles.
Se muestra contraria a lo que predican algunos responsables políticos con frases como “los inmigrantes son nuevos ciudadanos”.
En ese contexto, asegura que “somos ciudadanos cuando tenemos los derechos garantizados, infortunadamente muchos de esos ciudadanos son de segunda con pocas esperanzas de que las cosas vayan a mejor”.
Específicamente se refiere a varios problemas que afectan a los colectivos foráneos que sortean dificultades burocráticas por no tener una oficina para poder tramitar su documentación.
Con una escueta frase lo resume todo:
“En Ibiza, el área de extranjería se convirtió en una oficina de registro”, asegurando que solo trabajan dos funcionarios que poco saben de estos temas.
Todos los expedientes se van para Palma y las demoras para las resoluciones “son eternas”, de hecho asegura haber sido testigo de gente que no se ha podido regularizar por arraigo social debido a que a los empleadores se les agota la paciencia y pre- fieren contratar gente que no tenga trabas de papeles.
Alda recuerda la época en la que la Plataforma por la Convivencia, que se fundó en el 2003, prota- gonizó un encierro en la Iglesia Santa Cruz:
“Eran tiempos complicados, decenas de inmigrantes estaban desesperados, no estaban regularizados”. Este hecho, sumado a la cantidad de “sin papeles” en el resto de España se saldó con una regularización de 700 mil inmigrantes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La extranjería en Ibiza se tomó muy en serio en el momento en que las estadísticas de flujos migratorios apuntaban a las islas como un destino escogido por la gente procedente de Latinoamérica y África. A partir de ahí, comenzaron a surgir una serie de movimientos reivindicativos liderados por Yurramendi y Víctor Heyn, de origen paraguayo que regresó a su país natal.
La idea era que Ibiza tuviera una oficina de extranjería para que pudiera atender todo ese alud migratorio.
Todas las quejas expuestas por el tejido asociativo que constituía la Plataforma por la Convivencia, y un foro organizado por este periódico tuvieron eco para la activación de un área que atendiera los trámites burocráticos de la población foránea.
Alda Yurramendi recuerda que en 2009 se relanzó la oficina de extranjería en Ibiza, y a la vez elogia el trabajo denodado de la otrora directora del área en Baleares, Carla Merced.
“Ella viajaba a Ibiza y se interesaba por la comunidad, resolvió problemas, tramitó expedientes y sabía de qué iba el tema” para agregar melancólicamente que “como ella nadie se ha interesado, lamentablemente todo se descarriló y la situación de extranjería de Ibiza hoy por hoy es lamentable”.
Otro de los problemas que atribuye Yurramendi es que “nadie quiere trabajar en esas dependencias, los funcionarios escogen otras áreas de la administración y pocos quieren optar por una plaza en Ibiza. Sabemos los problemas para conseguir una vivienda en esta isla, y eso influye bastante para que se nieguen a venir”.
La crisis de la extranjería en Ibiza se extrapola a las demoras para la resolución de los arraigos sociales y la concesión de expedientes de renovaciones de trabajo y reagrupaciones familiares. “Si en Mallorca tarda, imaginemos como está la cosa en Ibiza”, subraya.
Una de las dependencias que asesoraba a los colectivos extranjeros era la OFIM, actualmente convertida en una oficina de sugerencias, pues según Yurramendi, “la única abogada que orientaba a los usuarios ya no está”.
Para más inri, a la problemática de trámites se suma la de la explotación laboral de mujeres que llegan de Latinoamérica.
“Cuidan personas mayores y no las quieren regularizar, mucho menos empadronarlas”, comenta. Esta última tendencia se presenta, añade, entre las mujeres de origen paraguayo.
Además, denuncia que hay inmigrantes a los que se les ha quitado el pasaporte en redadas que se hacen en la calle.
“Algunos -muchos africanos- han sido deportados cuando los emplazan para que vayan a firmar a las dependencias de la Policía Nacional.
No tienen en cuenta el tiempo que llevan en la Isla ni mucho menos su situación familiar”, en definitiva, Alda considera que “estamos en una coyuntura del sálvese quien pueda”, que va en contrasentido de la igualdad y la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables.
