Una década después regresa Baleares Sin Fronteras a la atrayente Isla de Ibiza. Una distribución puntual con motivo del foro que organiza el Consell Insular d’Eivissa previsto para el próximo 7 de diciembre. Uno de los temas a tratar, la extranjería, es literalmente en lo que más enfatizamos en las sucesivas ediciones de este periódico. Y es que si por Mallorca llueve por las pitiusas no escampa. Así de sencillo.
Basta hablar con profesionales especializados en esta área para hacerse a una idea de la cantidad de personas que viven un oasis para obtener contestación a sus solicitudes de arraigos sociales o renovación de permisos de trabajo. Desde luego que esto influye negativamente en el estado de bienestar de quienes cumplen con el plazo de los tres años para acogerse al arraigo social.
En las entrevistas que solemos hacer a los responsables políticos la respuesta es la misma cuando se abordan asuntos de extranjería. El dedo acusador apunta a Madrid y a la falta de recursos materiales y técnicos que no solamente se extrapolan a Baleares sino al resto de España.
Siempre he estado más que convencido que aunque no se tengan competencias políticas para un asunto determinado, jamás los gobernantes locales se pueden desentender de las problemáticas sociales de la ciudadanía. En este caso, la coyuntura de no tener papeles se deriva muchas veces de la propia administración que es la directa responsable de la irregularidad sobrevenida.
Por eso, llama la atención este foro que se está haciendo en las pitiusas, no propiamente una administración que tenga competencias en extranjería, pero sí una administración local y autonómica cuyo deber es velar por el estado de bienestar de sus administrados.
No es la primera vez que se hace un encuentro de estas características en Ibiza. Este periódico yo estuvo en el cubrimiento de unas jornadas dedicadas a esta temática. Hace más de una década se hizo un relanzamiento de la oficina de extranjería en Ibiza, lamentablemente como bien lo exponen líderes del tejido asociativo ya no queda ni la sombra de lo que era, pues su funcionamiento pasa por ser meramente una oficina de registro de documentos.
Cabe recordar que en Baleares la comunidad foránea supera el 25% del total de la población. Cada vez, como lo denuncia la abogada Carolina Quintana, son más las trabas que ponen para un arraigo social. Nada es gratis, por supuesto, pero en plena crisis social hay expedientes que no se revisan a tiempo, o simplemente, los requisitos aumentan y los empleadores deciden contratar a personas que tengan en regla su documentación evaporando la ilusión de gente, que a pulso se ha ganado el derecho a regularizarse.
Este tipo de iniciativas deberían también tener eco entre los responsables políticos de Mallorca, existe una gran cantidad de problemas en torno a la extranjería, tal y como lo denuncian las diferentes asociaciones que componen la Plataforma por la Inmigración.
No estoy de acuerdo con respuestas de algunos altos cargos asegurando que la “inmigración está normalizada”, en esa línea, permítanme replicar que en ningún momento es así. Por el contrario, las trabas burocráticas y la carencia de recursos materiales y la falta de personal hace que vayamos como los cangrejos.
Lamentablemente en la era de la avanzada tecnología y la irrupción de las redes sociales la gestión va a peor. Los funcionarios hacen lo que está al alcance de sus manos, en medio de todo la lectura positiva, también hay que darles el mérito de aguantar un alud de trabajo insoportable ante el crecimiento demográfico de las distintas comunidades extranjeras.