Por Amnistía Internacional
El gigante farmacéutico Pfizer está haciendo declaraciones engañosas sobre
su compromiso con la equidad en la distribución de vacunas contra la COVID-19 que salvan vidas, pues sigue suministrando la mayor parte a las naciones más ricas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, la organización concluye que Pfizer, que ha afirmado hace poco que prevé ganar 36.000 millones de dólares estadounidenses por la venta de vacunas solamente este año, ha distorsionado la realidad en beneficio de su imagen corporativa.
A pesar de que la empresa dice que da prioridad a la distribución equitativa de su vacuna y que se compromete a compartir sus herramientas y conocimientos científicos, la verdad es muy diferente.
“Seguimos en medio de una crisis global sanitaria y de derechos humanos sin precedentes y es esencial que todos los países del mundo tengan acceso a vacunas lo antes posible.
Pfizer dice que está comprometida con suministrar dosis a países de ingresos bajos y medianos, pero lo cierto es que las cifras no confirman esto. El hecho es que esta empresa sigue poniendo en primer lugar los beneficios”, dijo Patrick Wilcken, director de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
Los ejecutivos de Pfizer han afirmado reiteradamente que, antes de que termine el año, la multinacional con sede en Estados Unidos habrá suministrado como mínimo 1.000 millones de dosis a “naciones de ingresos bajos y medianos”.
Pero esta redacción es engañosa. El Banco Mundial clasifica las economías, con fines analíticos, en cuatro grupos en función de que sus ingresos sean bajos, medianos bajos, medianos altos o altos. Sin embargo, en estas declaraciones, Pfizer ha fusionado los países de ingresos bajos, medianos bajos y medianos altos —más del 84% de la población global— en un solo grupo al que se refiere como “de ingresos bajos y medianos”.
Dentro de esta categoría tan amplia, el grueso de las dosis de la vacuna de Pfizer ha ido a parar de hecho a países de ingresos “medianos altos” como Malasia, México y Tailandia.
Pfizer afirmó que había enviado un total de 2.000 millones de dosis antes de fina- lizar septiembre.
En una carta dirigida a Amnistía Internacional de noviembre, la empresa reco- noció que, de estas dosis, sólo 154 millones —menos del 8% de su total— había llegado a 42 países de ingresos bajos y medianos bajos, y que había distribuido menos del 10% de esos 154 millones (es decir, 15,4 millones) a países de ingresos bajos.
“Por mucho que estas empresas puedan querer maquillar los datos, las cifras son cristalinas: siguen suministrando la mayoría de sus dosis a las partes más ricas del mundo”, dijo Patrick Wilcken.
La afirmación de Pfizer de que se ha “comprometido a com- partir nuestras herramientas y conocimientos científicos” contrasta vivamente con el hecho de que la compañía no se ha incorporado al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para compartir datos y conocimientos, ni participa en el centro de transferencia de tecnología de la OMS para las vacunas de ARNm de Sudáfrica, lo que está retrasando enormemente el desarrollo de sedes de producción en el continente africano.
Según la OMS, sólo el 4,4% de la población de África está vacunado con la pauta completa y sus habitantes necesitan de forma acuciante acceder a vacunas que salvan vidas.
Pfizer también ha presionado activamente en contra de la exención de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio que eliminaría temporalmente los derechos de propiedad intelectual y permitiría así la ampliación de la capacidad mundial de fabricación de vacunas contra la COVID-19.
Además, pese a las afirmaciones de Pfizer en el sentido de que los costos de desarrollo y fabricación relativos a la vacuna contra la COVID-19 son autofinanciados en su totalidad, la empresa se ha beneficiado de pedidos previos de algunos de los países más ricos del mundo, así como del gran apoyo guber- namental recibido por su socia alemana BioNTech.
Pfizer no es la única empresa con deficiencias de este tipo. Los demás fabricantes europeos y estadounidenses de la vacuna contra la COVID-19 —BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca— han actuado de forma similar bloqueando el intercambio de tecnología y presionando en contra de la propuesta de exención de los ADPIC.
Según datos facilitados por Airfinity, empresa de análisis e información sobre ciencia, Moderna y Johnson & Johnson también tienen un historial especialmente deficiente en cuanto a la distribución equitativa de la vacuna.
Aproximadamente el 96% de las vacunas de Moderna siguen yendo a países de ingresos medianos altos y altos.
En los últimos 50 días, sólo 100.000 dosis de los 52 millones entregados fueron a países de ingresos bajos. El desglose de los envíos de Johnson & Johnson es también deficiente. Según Airfinity, Johnson & Johnson envió sólo el 11% de sus vacunas a países de ingresos bajos y un 5% a países de ingresos medianos bajos; el restante 84% fue a países de ingresos medianos altos y altos.
“Cuando quedan 50 días para que termine el año, no es demasiado tarde para que estos gigantes farmacéuticos se rediman, hagan lo correcto y cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Para ello, tienen que mejorar la distribución equitativa y garantizar que la mitad de las dosis que producen antes de que termine 2021 va a estos países”, dijo Patrick Wilcken.
“Si actúan ahora, podrían ayudar a vacunar a 1.200 millones de personas más de países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año… y salvar al menos 2 millones* de vidas”.
Amnistía Internacional apoya el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que finalice 2021 con su campaña Cuenta atrás de 100 días. La campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya! pide a los Estados y a las empresas farmacéuticas que tomen medidas urgentes para alcanzar ese objetivo vital.
Según Amnistía Internacional, esto se puede alcanzar si las empresas farmacéuticas envían el 50% de las vacunas que produzcan entre el 21 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 a países de ingresos bajos y medianos bajos; los Estados redistribuyen los cientos de millones de vacunas sobrantes que actualmente tienen alma- cenados; y si los Estados y las empresas farmacéuticas aumentan urgentemente el suministro global de vacunas contra la COVID-19 compartiendo conocimientos y tecnología.
Amnistía convocará manifestaciones frente a las oficinas de empresas farmacéuticas de todo el mundo, incluida Pfizer, durante el mes de noviembre, para pedirles que dejen de bloquear el acceso a las vacunas y empiecen a compartir y salvar vidas.
