En el acto que se realizó en el salón de plenos de esta institución insular también hubo ponencias referentes a las deficiencias de los trámites de extranjería que se realizan en Ibiza y a los convenios bilaterales de jubilaciones de España con Latinoamérica.
Javier Torres, conseller de Participación Ciudadana abrió el foro recordando que el 25% del total de la población en Ibiza es de origen extranjero, y al final, advirtió que el deber de las administraciones públicas es atender las necesidades de estos colectivos apuntando a la falta de recursos de la oficina de extranjería que afecta a las pitiusas y a Formentera.
“Hemos tenido conversaciones con algunas asociaciones y la intención es aportar nuestro grano de arena ayudando a estos vecinos de nuestra isla con el fin de que tengan una guía para que puedan realizar los trámites que son habituales en la extranjería, o en los convenios de pensiones de España con otros países”, explicó el también segundo vicepresidente del Consell de Ibiza.
El primer ponente en intervenir fue Manuel Hernández, comisario de la Policía Nacional, incidiendo en las diferentes unidades de Ibiza que trabajan en el área de extranjería. “El gran reto que tenemos ahora mismo es mantener los niveles de bienestar y convivencia que hemos disfrutado desde que se aprobó la Constitución”.
En su ponencia sobre el tratamiento de la extranjería en una comisaría de policía aludió a “ajustarnos a las normas legales, pero, desde luego, sin robotizarnos, ni aplicar de manera mecánica todo lo que venga”, para añadir que el policía siempre debe sentirse identificado con la parte humana que busca la institución, y no dejarse llevar por cualquier otro estereotipo.
En su alocución puntualizó que la policía debe conjugar la seguridad ciudadana con la protección de las personas demostrando equilibrio, serenidad y un alto grado de preparación en el momento de detener a una persona que está causando un problema o infringiendo la ley.
“La policía es de toda la ciudadanía, no debe existir ningún tipo de discriminación o favoritismo”, comentó, anteponiendo la labor de los policías como agentes de cohesión social, que siempre deben ser vistos como mediadores dando ejemplo a las nuevas generaciones.
Respecto a la extranjería, manifestó que la Policía Nacional tiene competencias limitadas al corresponderle los asuntos decisivos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todas maneras, en su exposición se refirió a varias de las funciones de la Brigada de Extranjería, entre ellas, la unidad que lucha contra las redes de inmigración y las falsedades documentales (UCRIF).
Asimismo, exaltó la labor del interlocutor social en la trata de seres humanos y los delitos de odio. Respecto a los trámites burocráticos, el alto mando policial explicó los diferentes trámites que se atienden, tales como la obtención de los NIE y las TIE, certificados de registros, cartas de invitación, autorizaciones de retorno y solicitudes de asilo.
Correo para que los usuarios se dirijan: ibiza.participacion@policia.es
Regularizaciones y renovaciones
Libia Rocío Poveda, licenciada en derecho habló sobre la residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en España, tales como el arraigo social, laboral y el familiar en los que se deben cumplir algunos requisitos que permitan la regularización administrativa de extranjeros.
En el caso de los arraigos sociales y laborales, afirmó que son muchas las personas que están a la espera de tener la residencia legal tras permanecer tres años ininterrumpidos en España. Sin embargo, ahondó en los requisitos que se deben tener para poder regularizar su situación administrativa, tales como acreditar vínculos familiares, medios económicos a través de una oferta laboral e informe de arraigo social, entre otros requisitos. Poveda incidió en los “atascos” de expedientes, no solo en la Casa del Mar en Ibiza, sino en el resto de oficinas de extranjería de toda España.
Inclusión
De la misma manera, Alejandra Gámez, integrante de la plataforma “Colombianos por la Paz” matizó en los problemas de las oficinas de extranjería en España. “Cuando vamos a realizar un trámite ante la administración tratamos de equivocarnos lo menos posible, necesitamos ir seguros de acuerdo a la información que recabamos de las entidades oficiales”, sin embargo, en esa línea advirtió que la propia administración es la que impide que muchos inmigrantes se regularicen en España, por consiguiente, “será inviable que se construyan caminos hacia una economía sostenible y con una capacidad de crecimiento”.
Dentro de este contexto, la ingeniera comercial, oriunda de Pereira, denunció que conoce varios casos de personas que no pueden renovar sus documentos u optar a un arraigo social o laboral. “Detrás de estas gestiones hay sueños de familias enteras, es un problema social que debe resolver la administración dotando de más recursos y personal a la oficina de extranjería de Ibiza, tal y como lo ha reconocido el ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá durante una visita a Palma”.
Es necesario, añadió Gámez, que la Delegación del Gobierno en Baleares tome cartas en el asunto, y en ese contexto aprovechó su intervención haciendo un llamado para que en Madrid sean conscientes de estas dificultades. Finalmente, hizo referencia a las asociaciones de diferentes colectivos extranjeros de Ibiza para aunar esfuerzos con el fin de hacer un frente que recoja la reivindicación de una oficina de extranjería que funcione bien en en dicha isla.
Convenios de pensiones de España y Latinoamérica
Por su parte, Patricia Oteiza, directora de PCB impartió una charla pedagógica sobre los convenios bilaterales de jubilación entre España con los países europeos y latinoamericanos. Expuso su propio ejemplo. “Nací en Argentina, coticé diez años allí y me quedan 20 años para la edad de jubilarme, sin embargo, ese tiempo lo puedo completar con lo que trabaje en España, obviamente, sumando los años aportados en mi país”.
Prosiguió: “Argentina pagará los diez años aportados allí y España hará lo propio con los años cotizados aquí”, además, explicó los procedimientos a seguir en algunos países de Latinoamérica, e hizo un paralelo comparativo entre las edades de jubilación y los requisitos que se exigen para conseguirla.
En su exposición enfatizó en que los convenios de jubilación con Latinoamérica tardan por puede ampliar a los 18 meses. Los países que más demoran en responder son Colombia y Ecuador.
La gestora, Oteiza también se refirió a los convenios de Bolivia con España. “Lo ideal es tener una cuenta corriente en ese país. El problema es que no se tiene un buen convenio de bancos. Se debe averiguar cuánto es el gasto de la transferencia bancaria porque sale muy caro y al jubilado boliviano residente en España no le compensa, tal vez le convenga dejar el dinero en Bolivia”.
Con Perú, según Patricia, “la ONP funciona muy bien, contestan rápido y realmente estamos muy contentos con la eficacia del sistema”, y advirtió que todos los papeles que se presentan en la Seguridad Social de España deben ser a través de una cita previa.
“Cada país tiene un proceso diferente, por ejemplo, Argentina, pide los documentos originales, varios formularios y exige un apoderado allí”, para agregar que en el caso de Ecuador se solicitan certificados en el caso de que los tiempos de cotizaciones desaparezcan de la vida laboral del solicitante.
Concretamente, es la propia oficina de Seguridad Social de España y sus homólogas de los países de origen del interesado las que se encargan de dar el visto bueno definitivo para la obtención de la jubilación del ciudadano que se beneficia de estos acuerdos bilaterales de pensiones.
PCB (Palma), citas previas o videoconferencia: 628 47 89 14
