El Govern de les Illes Balears aborda con los grupos parlamentarios, desde finales de año y esta semana, así como con los agentes sociales y económicos, las propuestas de las Illes Balears sobre el cálculo de la población ajustada, uno de los elementos del sistema de financiación autonómica, las cuales serán remitidas al Ministerio de Hacienda y Función Pública antes de final de enero en esta primera fase de debate sobre este concepto del modelo de financiación.
La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, junto con el director general de Financiación, Francisco Oliver, mantiene contactos con los grupos parlamentarios, iniciados a finales de año y que continúan esta semana, para recibir sus aportaciones y trabajar conjuntamente el posicionamiento de las Illes Balears en la respuesta al informe sobre la población ajustada presentado por el Ministerio de Hacienda el mes de diciembre, abierto a recibir las propuestas de las comunidades autónomas.
El Govern, tal como anunció la presidenta ante el pleno del Parlament, tiene el compromiso de recoger las aportaciones de los grupos políticos, así como de los agentes sociales y económicos, para elaborar el documento de respuesta al informe del Ministerio sobre la propuesta de cálculo de la población ajustada, el cual está ahora pendiente de las observaciones y propuestas que las comunidades autónomas tienen que remitir antes de finales de enero.
Durante esta semana y la próxima continuarán los contactos con los grupos parlamentarios, iniciados antes de las fiestas, y con agentes sociales y económicos de las Illes Balears, para abordar este documento y las propuestas que serán defendidas por el Govern ante el Ministerio de Hacienda.
La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, explica que el Govern quiere trabajar conjuntamente el documento de respuesta al Ministerio, “con las necesidades de las Illes Balears, en defensa de los intereses de la comunidad y de su ciudadanía”. En este proceso, reitera que el informe del Ministerio sobre la población ajustada es “un primer paso” para abordar el proceso de negociación y un debate más global sobre el futuro sistema de financiación, dado que esta propuesta no aborda la globalidad del modelo.
En cuanto a los criterios relativos a la población, objeto de esta primera fase de debate, el Govern trabaja para avanzar en varios aspectos. En primer lugar, valora el hecho de contar con un primer documento del ministerio sobre la población ajustada, como punto de partida de cara a abordar otros elementos del sistema, y la inclusión a esta propuesta de una nueva variable correctora para compensar los costes fijos para las comunidades autónomas con una población inferior a los dos millones de habitantes, como las Illes Balears.
Entre las variables correctoras, la propuesta del Ministerio mantiene la variable asociada a la insularidad, si bien el Govern defiende que se debe profundizar en este y otros aspectos. Así, defiende que se avance en la valoración de los sobrecostes de los servicios públicos derivados de la insularidad, para que esta variable tenga mayor peso, y otros, como la incorporación del peso de la población flotante (turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias).
Asimismo, como ha recordado la consellera, las Illes Balears defienden que se incorporen otras cuestiones, como los costes asociados a la congestión que se puede producir en determinadas zonas por el incremento de población y también la derivada de la población flotante, puesto que la propuesta no tiene en cuenta las necesidades de inversión generadas por el aumento de población; y también la diferencia de precios entre comunidades para la provisión de servicios.
La consellera Sánchez ha recordado que el criterio de población ajustada es uno de los elementos del modelo de financiación, el cual tiene en cuenta la población empadronada y otras circunstancias geográficas, sociales o territoriales, a través de diversas variables poblacionales y otras variables correctoras. Con la población ajustada se pretende aproximar un cálculo de las necesidades de gasto de las competencias que prestan las comunidades autónomas.
Sin embargo, ha reiterado que también se tendrán que abordar próximamente otros cuestiones relevantes para el futuro modelo de financiación, y que las Illes Balears defienden que se debe avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades y que supere el debate de las necesidades de gasto, que fomente una mayor transparencia del modelo y permita a las comunidades asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria sin renunciar a la solidaridad entre territorios.
En este próximo debate más global sobre la financiación, ha recordado que el Govern también defenderá un modelo que incorpore el principio de ordinalidad, para que la comunidad pueda recibir un nivel de recursos del orden del mismo que aporta; y otros aspectos, como la equidad vertical entre el Estado y las comunidades, para plantear una mayor aportación de recursos en las comunidades, y una condonación o compensación de la deuda pública generada por la infrafinanciación, proveniente principalmente del modelo anterior aprobado en 2002.
