El Govern de las Illes Balears presenta la nueva ley autonómica de turismo que supondrá una inversión pública de 55 millones de euros y un cambio sustancial hacia el modelo turístico del futuro: responsable laboral y medioambientalmente.
La presidenta Francina Armengol ha detallado los ejes de esta normativa pionera en el Estado en un acto en Madrid al que han acudido un centenar de personas, entre los que se contaban la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, los líderes estatales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como los principales representantes del sector turístico de las islas.
El nuevo marco legal se ha desarrollado con el objetivo de que las Islas Baleares puedan seguir liderando el turismo gracias a toda una serie de transformaciones que lleven al destino a ser plenamente sostenible y circular.
La norma, tal y como ha destacado Armengol, permitirá que las Islas lideren este proceso en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental. Para ello, el nuevo marco legal recoge toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible, una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, un uso más eficiente de los recursos, así como un nuevo impulso a la colaboración público – privada, tal y como marca la gestión de los fondos europeos. Todo ello para lograr que las Islas Baleares se conviertan en un destino pensado no solo para los turistas, sino también para residentes y trabajadores del sector.
Armengol ha defendido esta “estrategia ambiciosa” para “convertir al sector turístico en motor de impactos positivos en toda la sociedad”, que permitirá a las islas ser “más sostenibles en lo social y en lo ecológico”. La presidenta ha explicado que la colaboración con el sector, primer interesado en continuar a la vanguardia mundial en la innovación turística, permitirá avanzar en “una transformación que lleva tiempo en marcha” y que supondrá “no volver al 2019, sino llegar a un punto mejor en todos los aspectos: en calidad del empleo, en salarios, en oportunidades para los emprendedores, en negocio, en sostenibilidad ambiental y social, en competitividad, en igualdad y derechos”.
Esta ley considera, según la presidenta, al turismo “como una herramienta que ha de impactar de manera positiva en toda la sociedad”, un planteamiento que generará soluciones “capaces de mejorar a la vez la experiencia del turista, la calidad de vida de los residentes y las condiciones laborales de los trabajadores” y que permitirá que “el turismo que nos convirtió en referencia mundial de negocio y en paraíso soñado para el ocio, nos lleve ahora a liderar la regeneración ambiental y el progreso social”.
En este sentido, la norma contempla aumentar la protección a las camareras de piso, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. De esta forma, desde el año 2023, los hoteles de las islas deberán instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de piso. Cabe recordar que el 35% de los accidentes laborales que sufre este colectivo están relacionados con los sobreesfuerzos.
Al mismo tiempo, la norma apuesta por una economía circular en el sector, por lo que se exigirá a todas las empresas contar con un plan de circularidad, lo que convertirá a las Islas Baleares en un destino pionero a la hora de normativizar esta cuestión, y adecuar al mismo tiempo, la normativa turística a los objetivos de dos leyes autonómicas, la de Cambio Climático y la de Residuos.
En esta línea, la circularidad abarcará aspectos como la alimentación, el uso y cuidado del agua, los residuos o las energías limpias. Entre las directrices que establecerá en torno a estas cuestiones, en el ámbito de la alimentación se prohibirá la utilización de especies clasificadas dentro de categorías amenazadas y se establecerá como obligatoria la trazabilidad del pescado y del marisco de origen balear.
En cuanto a la energía, se obligará a los establecimientos turísticos a cambiar las calderas fuel oil por otras de gas natural o eléctricas, emitiendo anualmente 57.600 kilos de CO2 menos por establecimiento.
Dentro del ámbito del agua, la norma establece la obligatoriedad de instalar sistemas de doble pulsador en las cisternas de los WC en los hoteles, así como la instalación de dispositivos de ahorro de agua en grifos de lavabos, bañeras y duchas. También se potenciará el aprovechamiento de las aguas pluviales, lo que será un factor a tener en cuenta en la mejora de la clasificación del establecimiento, y los alojamientos turísticos deberán medir el consumo de agua.
Por último, en cuestión de residuos, la norma prohibirá el uso de los amenities (comodidades sanitarias de baño) de un solo uso. Al mismo tiempo, los hoteles deberán sustituir el uso de papel por códigos QR y también estarán obligados a medir el consumo de residuos. Además, los establecimientos deberán controlar las temperaturas de los edificios de manera integral, también en las zonas reservadas al personal, especialmente en las cocinas.
La norma también recoge otras medidas como una modificación completa en los baremos que servirán para establecer la clasificación hotelera, entre los que se incluyen incrementos de la puntuación a medidas de circularidad, como el uso de energías renovables o sistemas de optimización de consumo.
