Con estas son varias las editoriales en las que describo la misma situación. Y es que resulta lógico que un medio de comunicación dedicado a una temática especial, en nuestro caso a la inmigración, persista, insista y no desista ante situaciones anómalas que están afectando la vida de muchas personas, cuyo futuro depende de una resolución de un área de la administración pública.
Me refiero concretamente a la oficina de Palma. La preocupación no es para menos cuando me cuentan los profesionales del derecho de extranjería que son muchas las personas que están perdiendo la oportunidad de regularizar su situación administrativa por culpa de la administración, valga la redundancia, que se traduce en una verdad de a puño.
Nada es inventado, tampoco se trata de apuntar al funcionariado que hace lo que está al alcance de sus manos con pocas herramientas y escaso personal. Y es que hay empleadores que literalmente se hartan de los tiempos de espera para que un posible trabajador reciba el beneplácito de las oficinas de extranjería con el fin de que se pueda iniciar legalmente en el mercado laboral activo.
Lo que se vive en las oficinas de extranjería en España es de Cuarto Milenio. Basta con leer las denuncias de los letrados y las quejas de la Defensoría del Pueblo para comprobar que la cosa está llegando a mayores cuando los plazos de respuesta en las solicitudes de los arraigos sociales y otros trámites se retrasan a los seis meses cuando la norma habla de noventa días.
Es grave el perjuicio que se le está causando a la gente que necesita que le aprueben un arraigo social que le permita trabajar en este país legalmente. Si no es así -como en la práctica sucede- no queda más remedio que seguir en la economía sumergida, incluso una coyuntura desfavorable para el peculio del Estado, que por falta de herramientas y recursos humanos deja de recaudar más dinero para las arcas de la seguridad social y hacienda.
En definitiva se trata de un despropósito donde todos salen perdiendo. Cientos de inmigrantes que se quieren regularizar con ofertas de trabajo en mano, pero que ven impotentes como la administración pública falla en plazos, e incluso, en el momento de contestar una resolución se encuentran con otros agravantes añadidos como la caducidad de algunos documentos que tienen que volver a tramitar desde sus países de origen, el pez que se muerde la cola.
Lo más preocupante de esta situación es que no se ve la luz al final del túnel, pues ni el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá encuentra la salida a esta problemática. Obviamente todo gira en torno de la pandemia, y desde luego las oficinas de extranjería no son las únicas dependencias oficiales en donde los colapsos burocráticos no dan tregua a las tediosas esperas y reclamaciones de la ciudadanía.
Sin embargo, el problema de la extranjería en España es bastante delicado, se trata del futuro de familias, cuyas cabezas de hogar en su mayoría, ven privado su derecho a trabajar como marcan los cánones de la ley por negligencia de la propia administración. En este país hay más de medio millón de personas que están a la espera de obtener sus papeles, pero impotentes ven como se esfuman oportunidades de arreglar sus papeles por un problema que se sale de sus propias manos.
Cada vez más el cerco se estrecha para las personas sin papeles, el empresariado, especialmente en el sector de la construcción no quiere arriesgarse a pagar cuantiosas multas, ni a tener que responder ante eventuales accidentes laborales de inmigrantes por los que apuestan como mano de obra, pero que no pueden asegurar por su estatus migratorio irregular. Conozco empresarios dispuestos a regularizar a gente valiosa para trabajar, pero también es comprensible que no pueden esperar eternamente las resoluciones de las oficinas de extranjería, que dicho sea, se pasan cuatro pueblos para conceder o denegar un permiso de trabajo y residencia.
