Preocupante lo que está sucediendo en la oficina de extranjería en Palma. La situación es más compleja en Ibiza y Menorca. La letrada especializada en esta área, Carolina Quintana en diálogo con Baleares Sin Fronteras resumió el drama de muchos clientes que ven como sus expedientes no son resueltos, e incluso, pierden la oportunidad de regularizar su situación administrativa en España.
Coincidiendo con lo manifestado por la abogada Beatriz Tobón, Quintana dice que este problema se extiende al resto de oficinas de extranjería en España. “Entiendo que hay carencias de personal y recursos materiales que no se están cubriendo, los funcionarios hacen todo lo que pueden ante el gran volumen de trabajo que tienen”.
Y es que los trámites que deberían resolverse en un plazo que fija la normativa de tres meses se están alargando a los seis meses o más tiempo. “Una cosa es que se retrasen los expedientes veinte días o se tengan que cubrir bajas laborales, y otra muy diferente es que perjudiquen gravemente a los extranjeros que necesitan una respuesta urgente para poder trabajar o renovar su documentación”.
Otro de los escollos que sucede en las oficinas de extranjería de las Islas, que se extrapola al resto de administraciones públicas, es la negativa de los funcionarios a residir en esta comunidad autónoma por lo complejo que es conseguir una vivienda y el alto coste de vida.
El retraso para responder a los expedientes de residencias por circunstancias excepcionales se han visto gravemente afectados, como por ejemplo, los arraigos sociales, familiares y laborales. “Me consta que al día de hoy no hay ningún arraigo laboral resuelto, a esto se
agregan trabas burocráticas que ponen en peligro la regularización administrativa de cientos de extranjeros”.
Al respecto, la abogada argentina Carolina Quintana subrayó que antes en la oficina de extranjería eran más sencillos los documentos que se exigían para acceder a las regularizaciones. “Ahora piden los medios económicos del empleador, pero debemos recordar que hay una gran cantidad de jurisprudencias de los juzgados de lo contencioso administrativo que daban la razón a los ciudadanos extranjeros. Actualmente, se le está pidiendo a los empleadores declarar ante hacienda sumas elevadas de dinero, y si este requisito no se cumple automáticamente se deniega un arraigo social”.
Para la letrada Quintana que desde hace veinte años ejerce la profesión, denegar un permiso de trabajo y residencia por falta de medios económicos del empleador es algo completamente subjetivo.
Expone un ejemplo típico de solicitantes de arraigos a quienes se les oferta un trabajo en la construcción.
El problema surge cuando una empresa dedicada a este sector en el ejercicio anterior no ha declarado lo suficiente debido al desplome de la economía por la pandemia en 2020.
Es normal, agrega, que la recuperación de esas empresas se refleje en la declaración de 2022, con lo cual resulta imposible demostrar medios en 2021. Acto seguido, extranjería deniega la concesión de residencia y trabajo.
La otra cara de la realidad es que las empresas que tienen obras grandes y necesitan personal para incorporarlos a corto plazo, terminan por declinar su oferta de trabajo por la cantidad de trabas burocráticas en extranjería. En la práctica se concluye que la administración que en teoría defiende el trabajo en condiciones legales es la que se convierte en la primera piedra en el zapato para la regularizar a los inmigrantes sin papeles.
Para la abogada Quintana es una realidad claramente discriminatoria. Advierte que cuando una persona tiene sus papeles en regla es contratada y la Seguridad Social no ahonda sobre la situación económica de la empresa. “Lamentablemente muchos extranjeros están perdiendo la oportunidad de ser contratados para hacer parte de la economía formal de este país. Estas falencias de la administración son inadmisibles y repercuten directamente en el bienestar de miles de personas que ven truncado su futuro”.
Otro de los factores que cuestiona la abogada Quintana es el requisito de medios económicos a las empresas exigidos por extranjería. “El sujeto legitimado para pedir estos documentos debe ser la empresa ofertante y no el ciudadano extranjero”.
Agrega que “es inadmisible pedirle a un posible empleado los medios económicos de la empresa que lo quiera contratar, esto es una locura, es imposible. Ninguna persona está dispuesta a aportar datos privados de facturación de su empresa”.
De la misma manera señala que el acceso a la oficina de extranjería es compleja: “hay determinadas solicitudes de residencia como una autorización inicial de trabajo que se debe cumplir de manera presencial. Me consta que hay compañeros que llevan meses buscando una cita y no ha habido forma de encontrarla”.
Asimismo se ven casos de personas que no tienen medios económicos para pagar un abogado, y por lo tanto se encuentran ante la imposibilidad de sacar un turno para entregar su documentación personalmente, estos casos se presentan para arraigos o tarjetas de familiar de comunitario, esos turnos son prácticamente imposibles de conseguir. En conclusión, si la persona no tiene dinero para pagar un profesional tendrá que esperar hasta seis meses por el turno con el agravante de que los documentos exigidos por extranjería se caduquen.
Por ejemplo, los certificados de empadronamiento, antecedentes penales tienen su tiempo de caducidad. “Se han dado casos de certificados de matrimonio que han expirado a los tres meses y ya no sirven en el momento de presentarlos, por lo que se tiene que volver a solicitar otro certificado. Si eres un ciudadano extranjero no es tan simple pedirlo. Hay países que no tienen sus registros civiles digitalizados, y eso es un proceso largo y costoso”, afirma la abogada.
Finalmente, dijo que a pesar de que las competencias de extranjería sean estatales, las comunidades autónomas no se pueden desentender del estado de bienestar de sus residentes extranjeros que vienen a trabajar y a regularizar su situación para aportar al desarrollo de la economía del país.
“Las autonomías se ven directamente afectadas por esta situación. Los ciudadanos utilizan los servicios públicos, y por lo tanto se agradece que las administraciones locales se ocupen del tema, esperemos que el Estado tome nota y se ocupe de las oficinas de extranjería”, dijo la abogada.
Carolina Quintana deja claro la buena disposición del funcionariado de la oficina de Palma, “a los abogados y a quienes trabajan directamente en este tema, nos atienden bien, pero el problema no pasa por ahí. Hay muy pocas personas en esta dependencia y es imposible atender el alto volumen de trabajo que se recibe de todo el archipiélago, no solamente de Palma”
